jueves, 18 de junio de 2009

La Constitución de 1857

Luego de proclamado el Plan de Ayutla, concluida la dictadura de Santa Anna y establecido legalmente como presidente el general triunfador Juan Álvarez, el gabinete integrado por Comonfort, Ocampo, Arriaga, Juárez, Prieto y Degollado, empezó a promulgar un conjunto de leyes que fueron conocidas como de Reforma, entre noviembre de 1855 y febrero de 1857, aunque se promulgaron otras complementarias en 1859-60.

La Constitución de 1857 es la cristalización de las ideas liberales, que entre otras cosas buscaban reinstaurar el sistema federal y establecer lineamientos para una nación afectada por intervenciones extranjeras y luchas constantes por el poder. se basó en la Constitución de 1824, aunque también estuvo inspirada en los principios de la Revolución Francesa para la parte dogmática-filosófica y en la Constitución de los Estados Unidos para la parte orgánica-política.

El Congreso Constituyente, encabezado por Ponciano Arriaga, comenzó a deliberarla en febrero de 1856, y fue promulgada por Ignacio Comonfort el 5 de febrero de 1857.

La primera sección se compone de 29 artículos de un ideario fundamentado en los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los títulos II al VIII se refieren en lo general a la parte política y organizativa de los poderes públicos, con adopción de un régimen federal. Establece que la soberanía reside originalmente en el pueblo y el sufragio popular.

A diferencia de la Constitución de 1824, prescinde de lo referente a la unidad e intolerancia religiosa. Instaura un sistema unicameral, con diputados únicamente. Elimina la vicepresidencia y establece al presidente de la Suprema Corte como el sustituto del Presidente de la República en caso de necesidad.

La Constitución de 1857 considera como deber de las autoridades el respetar y sostener los Derechos del Hombre, pues las instituciones son la base y el objeto de toda organización social. Entre sus aspectos de mayor importancia se encuentra la incorporación de las Garantías Individuales y del Juicio de Amparo, que permite a los particulares hacer valer sus derechos ante los tribunales federales en caso de abuso por parte de las autoridades.

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