martes, 16 de agosto de 2016

Modalidades de Control Constitucional

Miguel Angel Gutiérrez

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El principio de supremacía constitucional mexicana, contenido básicamente en el artículo 133, y notoriamente apuntalado en los artículos 15 y 41 de dicho ordenamiento, se aplica en la práctica, más que en la implementación de las leyes reglamentarias, en el control de todos los actos de autoridad. El control de estos actos de autoridad se realiza, a su vez, para que ninguno de esos actos y/o alguna ley secundaria contradigan los preceptos de la Ley Suprema, base del Estado de Derecho.

En conjunción con lo anterior se encuentra el principio de rigidez constitucional, que prohíbe que la misma Ley Suprema sea reformada libremente (135), ya que se requiere que las reformas sean aprobadas por ¾ del Congreso de la Unión y más de la mitad de las legislaturas estatales.

El control (o defensa) de la Constitución está representado por los procedimientos previstos en dicha ley para anular los actos de autoridad contrarios a ésta, y se lleva a cabo mediante juicios o  procedimientos exclusivamente contra los actos de autoridad, ya que los actos de los particulares están regidos por diversas leyes como las civiles, penales, laborales, &c. Su finalidad última es preservar las libertades conquistadas tanto en la parte orgánica como en la dogmática de la Constitución y evitar que las autoridades se tomen atribuciones que no le corresponden, ya que éstas sólo pueden hacer aquello que les autorice la ley. Estos modos de defensa constitucional permiten equilibrar las condiciones del ciudadano común con las de las autoridades; éstas actúan con la fuerza pública, pero también están sometidas a un aparato gubernativo, por lo que su actuación puede ser revocable.

El control constitucional puede observar diversas modalidades, atendiendo al órgano que lleva adelante esa tarea; jurisdiccional (que admite una división derivada de la vía en que se inicia), político, mixto, neutro y popular. En México se dan las tres primeras, además de que existen otras que no caben en esa clasificación.

En la defensa jurisdiccional los tribunales del Estado dirimen una controversia señalando el derecho entre las partes litigantes. Puede iniciarse por vía activa o por vía de excepción. La persona afectada en su esfera jurídica demanda la nulidad del acto de autoridad respectivo, y se sustancia un juicio ante el órgano de control constitucional respectivo; la sentencia tiene un efecto relativo, pues favorece o perjudica únicamente a quien se inconformó con el acto presuntamente inconstitucional. El ejemplo típico es el juicio de amparo, que es resuelto por un tribunal federal (véanse los artículos 103 y 107 constitucionales).

 La vía activa es el ejercicio del derecho subjetivo de acción que tiende a la declaración de inconstitucionalidad de un acto de la autoridad ante un órgano judicial, que no está sujeto a ninguna instancia anterior o posterior. Los ejemplos más comunes son el propio juicio de amparo y la justicia electoral (41, 60, 99 constitucionales), que demandan la nulidad de un acto de autoridad.

La vía de excepción se da cuando la defensa constitucional es emprendida por cualquier órgano judicial de gobierno que actúa previa interpretación de la excepción de inconstitucionalidad de la ley que se aplica en un juicio especial. Al contestar, el demandado la opone como excepción, para que el juez decida si hubo o no violación constitucional. Se considera un derecho difuso e impera en los Estados Unidos, donde los jueces pueden oponerse a la aplicación de una ley anticonstitucional. Aunque parece que sucede algo parecido en México (133 constitucional, 2ª parte), en realidad no se encuentra claramente reglamentado y la jurisprudencia tiende a favorecer la implementación del juicio de amparo; los jueces deben juzgar según sus leyes y sólo los jueces federales pueden estudiar la constitucionalidad de las leyes, aunque todos los jueces estén obligados a obedecer ulteriormente los mandatos de la Ley Suprema.

La defensa por órgano político se lleva a cabo a través de un órgano creado ex profeso, que puede ser también un grupo de servidores públicos; las controversias no se ventilan en juicio, sino en un procedimiento especial distinto de la contienda, y las sentencias que se dictan tienen efectos absolutos o erga omnes. El ejemplo típico es la acción de inconstitucionalidad (ver artículo 105, f II constitucional).

La defensa mixta se da cuando hay una mezcla de los dos sistemas anteriores, como cuando un tribunal ventila un proceso iniciado por un órgano de gobierno, uno de los poderes de la nación o una entidad, y se dicta una sentencia con efectos absolutos.

Entre los medios preventivos de control constitucional se contempla la responsabilidad oficial y política, las recomendaciones de Derechos Humanos, la justicia electoral, la defensa de derechos políticos, la conformación de los propios órganos de gobierno, el juicio político, el desafuero, responsabilidad administrativa, &c (véanse los artículos 76, 102, 108-114 constitucionales).

El autocontrol constitucional se da por las facultades de las propias autoridades estatales para que en su momento puedan revocar por sí mismas sus propios actos cuando reparen que violaron la Ley Suprema, siempre que esté dentro de sus facultades y que de darse la revocación no se violen los derechos adquiridos por otra persona, a quien deberá respetarse el derecho de audiencia.

El juicio de amparo es el medio de defensa más eficaz de la Constitución, e incluye como principios:
· La competencia de los tribunales federales para conocer del juicio de amparo
· La procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad
· La procedencia del juicio de amparo a favor de los gobernados
· La existencia de un agravio personal y directo
· La definitividad
· La prosecución judicial
· El estricto derecho
· La relatividad de los efectos de las sentencias de amparo

 El juicio de controversia constitucional se encuentra previsto en el 105  f I constitucional. Es de competencia de la SCJN en pleno, parte de la instancia de un ente público, un Poder o un órgano de gobierno, de prosecución judicial. Hay suplencia de la deficiencia en la demanda y la sentencia tiene efectos absolutos.

La acción de inconstitucionalidad se concentra en la protección ante leyes y tratados internacionales (105 f II constitucional). Sólo es competente la SCJN, y el procedimiento no es un juicio. Parte de la iniciativa de un ente público o un grupo de servidores públicos de nivel local o federal. Hay suplencia de la deficiencia en la demanda y la sentencia tiene efectos absolutos.

La justicia electoral es otro medio de control constitucional; lo llevan a cabo la SCJN y el Tribunal Electoral, cada uno en la esfera de su competencia en materia político-electoral, y se desarrolla mediante juicios, recursos y procedimientos. Puede implicar acción de inconstitucionalidad, averiguación de cualquier hecho violatorio del voto popular (97 constitucional), recursos de apelación, juicio de inconformidad, juicio para la protección de derechos político-electorales y/o revisión constitucional en materia electoral, todos los cuales son medios de impugnación contra actos de autoridad.

Además de lo anterior existen también como medios de control los siguientes:
· Intervención del Senado (76, f V constitucional)
· Vigilancia de las empresas estatales (93 constitucional)
· Investigación sobre violación de garantías individuales por parte de los jueces federales (97 constitucional)
· Defensa del voto popular por la SCJN
· Defensa de los derechos humanos (102-A constitucional)
· Protesta constitucional de servidores públicos (128 constitucional)

 
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REFERENCIAS

· Castillo del Valle, Alberto del.  Primer Curso de Amparo. EDAL ediciones. México.
· Imagen: Yuri Klapuoh

domingo, 5 de junio de 2016

Compré un auto robado: ¿Qué hacer en caso de un reclamo de la autoridad?



Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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La compra de un auto robado, accidental o no, es un asunto delicado a causa de sus implicaciones jurídicas, y, desgraciadamente, muy común.

Al ser un delito patrimonial, el robo de vehículo se persigue por querella, aspecto muy importante a tomar en cuenta para la defensa, como veremos más adelante.

Las leyes penales en general castigan severamente el robo y delitos relacionados con éste, por estar considerados graves; tomemos, por ejemplo, los artículos 367 al 381bis del Código Penal Federal mexicano (CPF), haciendo énfasis en el 376 bis y relativos, que tratan específicamente sobre el robo de vehículos.

La tenencia o el tráfico (comercialización, enajenación, traslado, &c) son a menudo ilícitos colaterales al robo, si bien es común que los códigos penales enfaticen el requisito de que esto se haga «a sabiendas» (377 del CPF, o 376 - III del Código de Defensa Social del estado de Puebla, por ejemplo), lo cual puede ser difícil de probar; y si no se prueba que es de ese modo, claro, no se configura el tipo penal. 

Cabe destacar que en tiempos recientes los códigos tienden a hacer desaparecer expresamente la figura de la «compra de buena fe» de vehículos robados. Hay un ejemplo interesante en el Código Penal del estado de México (CPEM): en su artículo 292 considera como robo de vehículo equiparado la enajenación o tráfico de vehículos robados, en su totalidad o en partes. En la versión vigente en 2010 del CPEM el artículo 293, que establece los casos en que no será punible el delito de robo, decía en su fracción IV —actualmente derogada— que «Si se prueba la buena fe de su tenencia o propiedad del vehículo del que se trate. La buena fe se demostrará cuando en la documentación probatoria de propiedad se establezca la fecha de adquisición y el precio de su transmisión, el nombre, el domicilio y número de identificación del vendedor con los datos de su credencial de elector o pasaporte». Actualmente el artículo 292, reformado, establece que «Quienes compren o vendan un vehículo automotor, deberán obtener la constancia o certificación electrónica de que el vehículo no aparece en la base de datos de autos robados del Registro Público Vehicular al momento de la compra-venta». Por su parte, el Código penal de Puebla sanciona en su artículo 375 el no cerciorarse de la legítima procedencia de un vehículo y en su artículo 376 – III establece que se equipara al robo «La enajenación o adquisición de cosas muebles sin que el enajenante o el adquirente se cercioren previamente de su legítima procedencia».

De lo anterior se desprende fácilmente por qué la compra de un vehículo robado, aunque se haya hecho de buena fe, puede ser un problema.

Amén de la cuestión probatoria y con el fin de establecer una estrategia de defensa, hay algunos puntos interesantes a considerar;

1. ¿Cómo supo el inculpado que el auto es robado? Es común que el conductor se entere al ser detenido por la policía, o en un retén —que por cierto casi siempre son ilegales, aunque tengan un oficio de comisión. En este caso hay que evitar bajarse del vehículo y reportar el incidente al número de emergencias antes de que otra cosa suceda. Si no hay flagrancia (porque se compró el vehículo hace más de 3 días), ni orden de aprehensión o de búsqueda debidamente requisitada, la detención es ilegal; en el caso de México violaría los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que facilitaría un juicio de amparo.  

2. ¿De dónde proviene el reporte de robo? ¿En qué términos?

3. ¿Es posible todavía averiguar en alguna dependencia del gobierno el status del auto (por ejemplo en el REPUVE, la PGR, LOCATEL, 066 o Ministerio Público)? Puede ser interesante acudir a pedir informes como quien quisiera comprar el vehículo en cuestión, pero no es aconsejable llevarlo. También puede ser útil averiguar si dicho vehículo se sigue ofreciendo a la venta, por ejemplo en algún sitio de internet como Mercado Libre o un periódico, y si hay alguna aseguradora involucrada.

4. ¿Quién vendió el auto y de qué manera? ¿Es posible localizar al vendedor y devolverle el vehículo, aún si hubiera que llegar a algún arreglo?

5. ¿Se interpuso denuncia contra la persona que vendió el auto ante el Ministerio Público? ¿Existen otras denuncias contra esta persona?

6. ¿Quién interpuso la denuncia de robo del vehículo comprado, con qué documentos lo comprobó y en qué fecha? Se supone que el comprador del vehículo debe tener la factura original, endosada, con lo que se puede acreditar la propiedad. Puede darse el caso de que la denuncia de robo se interponga después de la compra del vehículo. Puede ser también que el Ministerio Público diga que el vehículo fue robado con violencia y que al dueño le quitaron la factura y que por eso la tenía quien vendió el carro; en este caso habría que consultar la averiguación previa o los documentos que demuestren ese supuesto robo con violencia, porque es raro que alguien lleve consigo la factura original de un vehículo.

7. ¿Existe algún reporte de recuperación de vehículo robado en relación con el que nos ocupa? A veces las agencias gubernamentales tardan en capturar o expedir esos datos.

8. ¿Cuál es exactamente el delito por el que se acusa al comprador? ¿De veras corresponde al tipo penal o no se configura? Si se le acusa, por ejemplo, de encubrimiento, es altamente probable que no se configure, y que haya incluso la posibilidad de promover un juicio de amparo. Hay que dudar de y confirmar todo lo que le digan a uno los agentes del Ministerio Público o de la Policía Ministerial.

9. Es interesante tomar en cuenta que la prescripción de la acción penal se computa atendiendo a la pena aplicable al delito establecido en cada fase del procedimiento, a través de sus calificativas o modificativas en los hechos consignados, en función de la pena correspondiente según el código local (véase el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre 2005, p 2445. 176892. III. 2º P 117 P. Tribunales Colegiados de Circuito. 9ª Época.). Si el inculpado compró el vehículo de 10 años de antigüedad a una viejecita viuda que a su vez lo compró usado y apenas apareció el reporte de robo, es muy probable que el delito haya prescrito. También hay que ver lo que decía el código penal vigente al momento de la compra, ya que puede ser más benévolo y, sobre todo, porque ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de nadie, so pena de violar el orden constitucional, lo que también sería causal de amparo.


Finalmente, es recomendable no usar el vehículo en discordia en tanto se aclaran las cosas, guardarlo bien, no venderlo bajo ninguna circunstancia y, en casos extremos, considerar su destrucción en una forma que resulte jurídicamente inocua.

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Imagen: Gil Elvgren

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Véase también el video en;
https://youtu.be/Pe6j7jIb0Ao

viernes, 3 de junio de 2016

La Música y la Ley


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Esta sección contiene episodios previamente transmitidos del programa «La Música y la Ley» en la estación IUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de febrero 2015.
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