jueves, 1 de diciembre de 2016

Modelo de escrito de incidente de nulidad de actuaciones

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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Expediente: 1234/2015
Victoria Vélez Vera vs. Pedro Pérez Pereira
Juicio de rescisión de contrato de compra-venta
Se promueve incidente de nulidad de actuaciones


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CIUDADANO JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA:

Miguel Ángel Gutiérrez, con el carácter de abogado patrono de la parte actora, personalidad debidamente acreditada dentro del expediente indicado al rubro, comparece respetuosamente en los siguientes términos:

Con fundamento en los artículos 65, 74, 413 y 414 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Puebla, en tiempo y forma legal, vengo a promover incidente de nulidad de actuaciones de todo lo actuado a partir del auto de fecha 8 de marzo del año en curso, dado que se llevó a cabo en forma ilegal, por lo que deberá declararse nulo y, como consecuencia, también nulas las actuaciones posteriores, de las que el suscrito abogado patrono de la parte actora se hizo sabedor con fecha 24 de noviembre del año en curso al consultar el expediente señalado, derivado de la falta de notificaciones.

Fundo las siguientes consideraciones de hechos, así como las pruebas que anexo al presente escrito.


HECHOS

I. Con fecha 22 de febrero del año en curso, presente ante esta Oficialía, tal como consta en el sello la misma fecha, se solicitó señalar día y hora para la audiencia incidental y su desahogo.

II. Recayó a lo anterior el auto de fecha 23 de febrero del presente año que señaló las 11 horas del 14 de abril 2016 para que tuviera lugar la audiencia correspondiente, con el único efecto de que el perito tercero en discordia exhibiera su dictamen.

III. Mediante acuerdo del 8 de marzo 2016, siguiendo a su segundo párrafo y conforme a lo dispuesto por el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Puebla, se requirió a las partes para que en el término de tres días exhibieran la parte proporcional de honorarios, ordenando (sic) «notifíquese domiciliariamente a las partes y por lista al perito tercero en discordia».

IV. Es el caso que en el expediente y posterior auto de fecha 8 de marzo 2016 únicamente constan los sellos de devolución al reverso del acuerdo, ambos con fecha 11 de marzo del año en curso; sin embargo, no consta sello ni razón por parte del diligenciario adscrito donde conste que se haya tenido por notificadas a las partes de dicho acuerdo, situación de la que el suscrito abogado patrono de la parte actora se enteró con fecha 24 de noviembre 2016 al consultar el expediente en cita por falta de notificaciones.

V. A partir del 8 de marzo 2016 se llevaron a cabo diversas actuaciones, todas las cuales son legalmente nulas por no haberse llevado a cabo la indispensable notificación.


AGRAVIOS

 I. La notificación del acuerdo del 8 de marzo 2016 debería haberse dirigido al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, es decir, el ubicado en avenida 43 poniente 914 de esta ciudad, lo cual no ocurrió.

II. Al no haberse hecho apropiadamente la notificación que nos ocupa, deberá declararse nula por contravenir lo dispuesto por los artículos 65 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Puebla.

III. Además de no haberse hecho la referida notificación conforme a la ley, ni de acuerdo con lo ordenado por este juzgado, se deja en la indefensión jurídica a la parte actora, ya que no se le da oportunidad de cumplir con la determinación que se le notificaba.

Por causa de los agravios enumerados se interpone en tiempo y forma este incidente, a fin de que la actuación en comento se anule y se lleve a cabo otra vez en la forma que manda la ley.


PRUEBAS

I. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito recibido en la Oficialía de partes del juzgado tercero de lo civil con fecha 22 de febrero del año en curso. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente ocurso, pues demuestra que con dicho escrito se solicitó señalar día y hora para la audiencia incidental y su desahogo.

II. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en el auto de fecha 8 de marzo 2016 que ordena notificar a las partes domiciliariamente y por lista al perito tercero en discordia. § Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente escrito, pues acredita la falta de notificación a la parte actora.

III. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, que consiste en lo actuado dentro del expediente número 1234/2015 y sus incidencias, radicado en el Juzgado Tercero especializado en materia civil del distrito judicial de Puebla y las que se realicen con posterioridad en este incidente de nulidad de actuaciones, probanzas que se relacionan con todos y cada uno de los puntos de hechos de la presente incidencia y con la cual se acredita la falta de notificaciones a la parte actora.

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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted ciudadano Juez Tercero especializado en materia civil del distrito judicial de Puebla, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tener por interpuesto en tiempo y forma legales este incidente de nulidad de actuaciones en contra de la actuación de fecha 8 de marzo 2016 dictada en el expediente 1234/2015 en el que se actúa.

SEGUNDO. Ordenar que se suspenda el procedimiento hasta en tanto se resuelva el citado incidente, el cual es de previo y especial pronunciamiento conforme al artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Puebla.

TERCERO. Tener por formulados los agravios y por ofrecidas las pruebas indicadas en el cuerpo de este escrito.

CUARTO. Previos los trámites de ley, dictar resolución en la que se declare que tanto este incidente de nulidad de notificaciones es fundado, como que es nula la citada actuación del 8 de marzo 2016 y, en consecuencia, nulas las demás actuaciones a partir de esta fecha.

Protesto mis respetos

Puebla, Puebla, a 25 noviembre 2016
(firma)
Lic. Miguel Angel Gutiérrez

Abogado patrono 

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«Air-de-Capri», por Gerda Wegener (cª 1885-1940)

domingo, 20 de noviembre de 2016

La Música y la Ley


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Esta sección contiene episodios previamente transmitidos del programa «La Música y la Ley» en la estación IUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de febrero 2015.
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martes, 16 de agosto de 2016

Modalidades de Control Constitucional

Miguel Angel Gutiérrez

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El principio de supremacía constitucional mexicana, contenido básicamente en el artículo 133, y notoriamente apuntalado en los artículos 15 y 41 de dicho ordenamiento, se aplica en la práctica, más que en la implementación de las leyes reglamentarias, en el control de todos los actos de autoridad. El control de estos actos de autoridad se realiza, a su vez, para que ninguno de esos actos y/o alguna ley secundaria contradigan los preceptos de la Ley Suprema, base del Estado de Derecho.

En conjunción con lo anterior se encuentra el principio de rigidez constitucional, que prohíbe que la misma Ley Suprema sea reformada libremente (135), ya que se requiere que las reformas sean aprobadas por ¾ del Congreso de la Unión y más de la mitad de las legislaturas estatales.

El control (o defensa) de la Constitución está representado por los procedimientos previstos en dicha ley para anular los actos de autoridad contrarios a ésta, y se lleva a cabo mediante juicios o  procedimientos exclusivamente contra los actos de autoridad, ya que los actos de los particulares están regidos por diversas leyes como las civiles, penales, laborales, &c. Su finalidad última es preservar las libertades conquistadas tanto en la parte orgánica como en la dogmática de la Constitución y evitar que las autoridades se tomen atribuciones que no le corresponden, ya que éstas sólo pueden hacer aquello que les autorice la ley. Estos modos de defensa constitucional permiten equilibrar las condiciones del ciudadano común con las de las autoridades; éstas actúan con la fuerza pública, pero también están sometidas a un aparato gubernativo, por lo que su actuación puede ser revocable.

El control constitucional puede observar diversas modalidades, atendiendo al órgano que lleva adelante esa tarea; jurisdiccional (que admite una división derivada de la vía en que se inicia), político, mixto, neutro y popular. En México se dan las tres primeras, además de que existen otras que no caben en esa clasificación.

En la defensa jurisdiccional los tribunales del Estado dirimen una controversia señalando el derecho entre las partes litigantes. Puede iniciarse por vía activa o por vía de excepción. La persona afectada en su esfera jurídica demanda la nulidad del acto de autoridad respectivo, y se sustancia un juicio ante el órgano de control constitucional respectivo; la sentencia tiene un efecto relativo, pues favorece o perjudica únicamente a quien se inconformó con el acto presuntamente inconstitucional. El ejemplo típico es el juicio de amparo, que es resuelto por un tribunal federal (véanse los artículos 103 y 107 constitucionales).

 La vía activa es el ejercicio del derecho subjetivo de acción que tiende a la declaración de inconstitucionalidad de un acto de la autoridad ante un órgano judicial, que no está sujeto a ninguna instancia anterior o posterior. Los ejemplos más comunes son el propio juicio de amparo y la justicia electoral (41, 60, 99 constitucionales), que demandan la nulidad de un acto de autoridad.

La vía de excepción se da cuando la defensa constitucional es emprendida por cualquier órgano judicial de gobierno que actúa previa interpretación de la excepción de inconstitucionalidad de la ley que se aplica en un juicio especial. Al contestar, el demandado la opone como excepción, para que el juez decida si hubo o no violación constitucional. Se considera un derecho difuso e impera en los Estados Unidos, donde los jueces pueden oponerse a la aplicación de una ley anticonstitucional. Aunque parece que sucede algo parecido en México (133 constitucional, 2ª parte), en realidad no se encuentra claramente reglamentado y la jurisprudencia tiende a favorecer la implementación del juicio de amparo; los jueces deben juzgar según sus leyes y sólo los jueces federales pueden estudiar la constitucionalidad de las leyes, aunque todos los jueces estén obligados a obedecer ulteriormente los mandatos de la Ley Suprema.

La defensa por órgano político se lleva a cabo a través de un órgano creado ex profeso, que puede ser también un grupo de servidores públicos; las controversias no se ventilan en juicio, sino en un procedimiento especial distinto de la contienda, y las sentencias que se dictan tienen efectos absolutos o erga omnes. El ejemplo típico es la acción de inconstitucionalidad (ver artículo 105, f II constitucional).

La defensa mixta se da cuando hay una mezcla de los dos sistemas anteriores, como cuando un tribunal ventila un proceso iniciado por un órgano de gobierno, uno de los poderes de la nación o una entidad, y se dicta una sentencia con efectos absolutos.

Entre los medios preventivos de control constitucional se contempla la responsabilidad oficial y política, las recomendaciones de Derechos Humanos, la justicia electoral, la defensa de derechos políticos, la conformación de los propios órganos de gobierno, el juicio político, el desafuero, responsabilidad administrativa, &c (véanse los artículos 76, 102, 108-114 constitucionales).

El autocontrol constitucional se da por las facultades de las propias autoridades estatales para que en su momento puedan revocar por sí mismas sus propios actos cuando reparen que violaron la Ley Suprema, siempre que esté dentro de sus facultades y que de darse la revocación no se violen los derechos adquiridos por otra persona, a quien deberá respetarse el derecho de audiencia.

El juicio de amparo es el medio de defensa más eficaz de la Constitución, e incluye como principios:
· La competencia de los tribunales federales para conocer del juicio de amparo
· La procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad
· La procedencia del juicio de amparo a favor de los gobernados
· La existencia de un agravio personal y directo
· La definitividad
· La prosecución judicial
· El estricto derecho
· La relatividad de los efectos de las sentencias de amparo

 El juicio de controversia constitucional se encuentra previsto en el 105  f I constitucional. Es de competencia de la SCJN en pleno, parte de la instancia de un ente público, un Poder o un órgano de gobierno, de prosecución judicial. Hay suplencia de la deficiencia en la demanda y la sentencia tiene efectos absolutos.

La acción de inconstitucionalidad se concentra en la protección ante leyes y tratados internacionales (105 f II constitucional). Sólo es competente la SCJN, y el procedimiento no es un juicio. Parte de la iniciativa de un ente público o un grupo de servidores públicos de nivel local o federal. Hay suplencia de la deficiencia en la demanda y la sentencia tiene efectos absolutos.

La justicia electoral es otro medio de control constitucional; lo llevan a cabo la SCJN y el Tribunal Electoral, cada uno en la esfera de su competencia en materia político-electoral, y se desarrolla mediante juicios, recursos y procedimientos. Puede implicar acción de inconstitucionalidad, averiguación de cualquier hecho violatorio del voto popular (97 constitucional), recursos de apelación, juicio de inconformidad, juicio para la protección de derechos político-electorales y/o revisión constitucional en materia electoral, todos los cuales son medios de impugnación contra actos de autoridad.

Además de lo anterior existen también como medios de control los siguientes:
· Intervención del Senado (76, f V constitucional)
· Vigilancia de las empresas estatales (93 constitucional)
· Investigación sobre violación de garantías individuales por parte de los jueces federales (97 constitucional)
· Defensa del voto popular por la SCJN
· Defensa de los derechos humanos (102-A constitucional)
· Protesta constitucional de servidores públicos (128 constitucional)

 
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REFERENCIAS

· Castillo del Valle, Alberto del.  Primer Curso de Amparo. EDAL ediciones. México.
· Imagen: Yuri Klapuoh