viernes, 1 de mayo de 2020

Carta de Renuncia - Modelo de Escrito

Miguel Angel Gutiérrez 
magjuridico@gmail.com

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Tlaxcala, Tlax. 27 de enero 2020

Servicios con Table de México, SA de CV
PRESENTE

Por medio de la presente la que suscribe, c. Zoyla Baca de Corral, manifiesta que con esta fecha 27 de enero 2020 da por terminada en forma voluntaria, unilateral y por así convenir a mis intereses, la relación de trabajo que me unía con esta empresa desde el día 13 de octubre 2017, en términos del artículo 53-I* y relativos aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

La suscrita hace constar además que durante el tiempo en que prestó servicios a esta empresa le fueron pagadas oportunamente todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales a las que tuvo derecho, por lo que no se reserva acción alguna que ejercitar en contra de ella, en ningún tiempo ni lugar, y a la cual reconoce como único patrón, toda vez que no se me adeuda cantidad alguna por ningún concepto, como vacaciones, primas vacacionales, descansos obligatorios, utilidades, salarios extraordinarios u ordinarios ni ningún otro, luego de haber recibido el finiquito que proceda en Derecho.

Atentamente,
Zoyla Baca de Corral

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Imagen:  Rigel Herrera

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*  (El mutuo consentimiento de las partes)

lunes, 20 de enero de 2020

Modelo de escrito de Objeción de Pruebas en materia Civil


Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com
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Expediente No. 123/2020-IC
Juicio: Ordinario Reivindicatorio
Pedro Pérez Pereyra y otro vs. Margarita Flores del Campo y otros
Asunto: Se objetan pruebas de la parte actora

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CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS,
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO
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MARGARITA FLORES DEL CAMPO y MAGNOLIA FLORES DEL CAMPO, promoviendo en los autos que integran el expediente indicado al rubro, ante usted, con el debido respeto, comparecemos a exponer lo siguiente:

Que, por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma legal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 132, 133, 138 fracción III, 293, 294, 299, 303, y demás relativos del Código Procesal Civil para el Estado, venimos a objetar en cuanto a su valor probatorio formal, fuerza probatoria y alcance legal que se les pretenda dar a las siguientes pruebas ofrecidas por la parte actora e indebidamente admitidas por su Señoría:

1.- Objetamos en cuanto a su valor probatorio formal, fuerza probatoria y alcance legal que se les pretenda dar, a las pruebas de informe de autoridad, en virtud de que los oferentes de dicha prueba no acreditan haber solicitado con anterioridad a su escrito de ofrecimiento de pruebas la documentación a que se refieren en el escrito presentado a este sumario, dado que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Olinalá, Guerrero, y el que denominan Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, que ya no existe, y que ahora se denomina Coordinación Catastral y Registral, están obligados a expedir la documentación a que se refiere; por tanto, dicha prueba no debió haberse admitido por su Señoría, pues contraviene los fines de una sentencia justa y apegada estrictamente a Derecho.

2.- Objetamos en cuanto a su valor probatorio formal, fuerza probatoria y alcance legal que se les pretenda dar, a la prueba de Inspección Judicial, ofrecida por la parte actora, en virtud de que ésta omite nombrar el perito que deberá ilustrar al personal judicial y a las partes en el desahogo de la diligencia, tal y como lo ordena el artículo 317 del Código Procesal Civil para el Estado: Dicha prueba es ilegal toda vez se ofreció con infracción a las disposiciones contenidas en el Código Adjetivo Civil Vigente para el Estado, por lo que debió haber sido desechada al no ajustarse su ofrecimiento a las disposiciones del Código de la Materia. Cabe referir además al contenido de los artículos 3° y 6° del Código Procesal Civil para el Estado, ya que al parecer su Señoría asumió el papel de parte oferente al admitir dicha prueba.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales enunciadas, A USTED CIUDADANO JUEZ, muy respetuosamente pedimos que se sirva:

PRIMERO.- Tenernos por presentadas legalmente con este escrito objetando las pruebas que indicamos en el cuerpo del mismo.

SEGUNDO.- Dada la objeción de las pruebas que referimos en esta fecha, proceder conforme a derecho.

PROTESTAMOS NUESTROS RESPETOS

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veinte de enero del año dos mil veinte.

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Margarita Flores del Campo (firma)

Magnolia Flores del Campo (firma)


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jueves, 1 de agosto de 2019

La importancia práctica del cierre en una averiguación previa


Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com


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Un sorprendente —y frecuente— problema en la praxis del derecho penal actualmente en México es el (no) cierre de la averiguación previa sin ejercicio de la acción penal.

A pesar de que las diversas entidades federativas del país terminaron de implementar en 2016 el sistema de juicios orales —o eso es lo que se dice—, consecuente a la reforma garantista de 2008, es cierto que tanto en las agencias del Ministerio Público como en los juzgados queda todavía un enorme número de controversias por resolver a través del sistema anterior, llamado «tradicional» en la jerga legal corriente.

La persistencia del sistema tradicional implica, por supuesto, la de los vicios que generaron la profunda crisis judicial que hizo necesarias las reformas del sistema penal, el rezago de justicia, la corrupción en el Ministerio Público y en el sistema judicial en lo general.

Por lo anterior es de suma importancia que el abogado defensor se asegure de que cuando una averiguación previa no haya sido concluida, o exista imposibilidad material para hacerlo, ésta se cierre y se archive definitivamente conforme a las reglas incluidas en las propias leyes, e.g. el Código Penal o la Constitución, pues la averiguación puede ser re-abierta sorpresivamente, a menudo ilegalmente y con consecuencias funestas. Es importante señalar que estas reaperturas, si bien pueden estar justificadas por la propia ley en caso de existir elementos, también suelen darse por la ineptitud del Ministerio Público, por actos de corrupción del mismo o de otras autoridades judiciales, a menudo promovidos por particulares.

En cuanto a ejemplos sacados de la práctica, puedo citar de primera mano el caso de un hombre de edad mediana que fue aprehendido e internado en el reclusorio por haber realizado actos de acoso estudiantil a un compañero de la secundaria décadas atrás; cuando la aprehensión se llevó a cabo el denunciante ya vivía en otro estado de la República y había manifestado expresamente a las autoridades que no tenía interés en continuar con algo que, para su vida, al menos, era parte de un pasado olvidado.

También es común que los agentes del Ministerio Público o incluso los jueces penales fabriquen delitos o acepten casos de otras materias, previo soborno, lo que hace que las situaciones sean graves desde un principio.

Ejemplos reales que vienen a colación podrían ser el caso del juez de lo penal de la ciudad de Puebla, Alberto Zenteno Reyes, quien, además de hacerse famoso por extorsionar a los imputados a través de sus secretarios de juzgado, en ocasión del proceso 16/2018/1º Penal aceptó obsequiar una orden de aprehensión por el delito de despojo consecuente a una denuncia que incluía un contrato de arrendamiento, lo que a su vez implica que, o el agente del Ministerio Público que decidió ejercitar la acción penal también estaba comprado, o que éste y el juez eran incapaces de distinguir un asunto civil de uno penal, sin contar con que existía litispendencia en materia civil.

Otro ejemplo es el caso de una señora que, trabajando de conserje, fue acusada falsamente del delito de abuso de confianza porque la patrona quería terminar la relación laboral, intimidándola para no  tener que respetar sus derechos laborales. A pesar de que la agente América Munive Ramírez de la entonces agencia Sur de la ciudad de Puebla participó activamente presionando y amenazando a la denunciada (evidentemente por estar comprada), la averiguación tuvo que cerrarse por imposibilidad material, cumpliendo con todas las formalidades al efecto y solicitando el archivo definitivo, al parecer porque la agente iba a ser cambiada de adscripción. Sin embargo, la agente sucesora, Carmina Barrera Machorro, ordenó ilegalmente la reapertura de la averiguación previa en cuestión, AP 1763/2016/Sur de la ciudad de Puebla, varios meses después, habiendo prescrito todo derecho de la denunciante, y pese a no tener razón ni fundamento legal. Cabe señalar que la patrona fue denunciada por el delito de falsedad en declaraciones y se abrieron procedimientos administrativos en contra de las agentes.

De los ejemplos anteriores, así como de muchos otros que podrían citarse, se desprende que en el renglón de la praxis hay algunos puntos generales importantes a considerar para exigir el cierre de una averiguación, y de los cuales es siempre conveniente dejar constancia escrita en las actuaciones:

PRIMERO.- Debe tenerse absoluta claridad en cuanto a si se configura o no el delito por el que se está acusando a una persona, así como las posibilidades de que este pudiera reclasificarse por el Ministerio Público. Parece tonto, pero el Ministerio Público suele causar muchos problemas por delitos cuyo cuerpo no se integra.

SEGUNDO.- Dado que las leyes prevén la posibilidad de reabrir una averiguación previa en caso de existir méritos, el abogado debe asegurarse de la verdadera existencia de éstos, así como de su validez y legalidad.

TERCERO.- Verificar que el Ministerio Público haya seguido TODAS las líneas de investigación, pues es común que omita líneas posibles, o actúe basado en indicios circunstanciales violando la presunción de inocencia (véase la película «Presunto culpable»), cosa que, además, permite presumir los delitos de cohecho o de tráfico de influencias (221, 222, Código Penal Federal).

También hay que ver el modo de obligar al Ministerio Público a considerar la posibilidad de que el denunciante, o la misma autoridad, esté cometiendo un delito a través de la propia denuncia, por ejemplo a través de la falsedad en declaraciones, delitos cometidos por abogados, abuso de autoridad o uso indebido de atribuciones (215, 231-233, 247-248 bis, CPF).

CUARTO.- Es de suma importancia verificar si el delito por el que se presenta la denuncia ha prescrito (100-115 CPF). Puede suceder que el denunciante soborne al agente del Ministerio Público para que reabra una averiguación a pesar de que haya precluído su derecho.

QUINTO.- Debe revisarse que la actuación de las autoridades se apegue en general a Derecho en todo momento, pero especialmente a los lineamientos constitucionales. De no ser así, puede recurrirse a la queja ante el órgano de vigilancia de la actuación del Ministerio Público, como la Visitaduría u otra oficina de supervisión técnica, o el propio Fiscal General del estado.

Suelen ser de particular importancia los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución, por  servir además para enderezar un juicio de amparo en caso de una eventual actuación deficiente por parte del órgano supervisor del Ministerio Público.

En el caso de una averiguación reabierta ilegalmente o no cerrada legalmente es de suma importancia invocar el 23 constitucional, que impide castigar o investigar sin el debido fundamento dos veces el mismo delito (regla de Non bis in ídem) así como la absolución de la instancia (mantener abierto indefinidamente un proceso).
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Cabe insistir, finalmente, en que todo operador jurídico y/o representante de intereses legales ha de moverse en un sistema caótico, en el que a cada paso se hace evidente aquello que ha tratado de originar reformas y contra-reformas, las deficiencias de infraestructura, operativas, los abismos legales, &c. Pero la crisis también representa una oportunidad… •


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SUGERENCIAS

· ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, coordinadora. REFORMA PENAL 2008-2016. El Sistema Penal Acusatorio en México
http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf

· Reforma penal en México ¿Mayor seguridad o mayor violencia? Revista de Derecho (Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga, Facultad de Derecho). Print version ISSN 1510-3714On-line version ISSN 2393-6193. Rev. Derecho no.16 Montevideo Dec. 2017.
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932017000200137

· LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO: ¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL? Óscar VÁZQUEZ MARÍN.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8732/10767

· https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_constitucional_en_materia_penal_(M%C3%A9xico,_2008)

· Presunto Culpable
https://es.wikipedia.org/wiki/Presunto_culpable_(pel%C3%ADcula)#Sinopsis

· Presunto Culpable película completa
https://www.youtube.com/watch?v=6qrho8NBFB4

· PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. 187149. 1a./J. 21/2002. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, Pág. 314. Amparo directo 4398/87.

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El autor agradece a los abogados Dinora Ramírez y Uriel Zavala Mondragón, profesores de la Facultad de Derecho UNAM, por su participación en la elaboración de este artículo.


Imagen:

Jean-Léon Gérôme. «Praxíteles desnuda a Friné ante el Areópago». 1861.




jueves, 13 de julio de 2017

Incidente de Ejecución de Sentencia

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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Proceso 00/2015 – 7º Penal
Carpeta de Ejecución 123/2017/JS
Sentenciada: Mª Fernanda López López
Agraviada: María Pérez Pérez
Delitos: daño en propiedad ajena y 
lesiones a título de culpa agravados 
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CIUDADANO JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA:

MARÍA PÉREZ PÉREZ, promoviendo en autos del expediente, al rubro indicado en mi carácter de agraviada, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente solicito se dé trámite al INCIDENTE DEL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO relativo al proceso indicado al rubro, y que se me tengan por anunciados los medios de prueba que se desprenden del mismo, reservándome el derecho de anunciar nuevos medios de prueba que serán incorporados, en caso necesario, para el día y hora que usted señale para el desahogo de la audiencia incidental. Para tal efecto establezco las siguientes consideraciones: 

HECHOS

1. Con fecha 08 de junio 2017 el Juez de ejecución de sanciones penales Joaquín Loera Guzmán ordenó el pago de la reparación del daño en favor de la suscrita a través de un proveído, en sus puntos VI y VII, toda vez que ha causado ejecutoria la sentencia dictada a la procesada Mª Fernanda López López.

2. En el proveído anteriormente mencionado se ordena el pago a mi favor por la cantidad de $13’290ºº (trece mil doscientos noventa pesos) por concepto de daño moral.

3. En el mismo proveído quedó incuantificado el daño material, dejando abierto el Juez de ejecución el inicio de su trámite en términos de ley. En función del pedimento realizado por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado 7º de lo penal en el momento procesal oportuno, es decir, en la presentación de sus conclusiones, según consta en autos, se reclama por este concepto la cantidad de 3’000 (tres mil) salarios mínimos vigentes al momento de la comisión del delito en agravio de la suscrita.

PRUEBAS

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA conformada por los documentos que obran en el expediente principal del proceso 00/2015 del Juzgado 7º de lo Penal, en lo que favorezcan los intereses de la suscrita, toda vez que se incluyen en aquél las constancias médicas y hospitalarias, así como el dictamen de la médico Laura Larios Larrea, quien dio fe de que las lesiones que me infligieron tardaron varios meses en sanar y pusieron en peligro mi vida.

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA consistente en los recibos de compra de los aparatos ortopédicos que requerí durante mi rehabilitación, para acreditar la parte correspondiente del daño material.

3. LA TESTIMONIAL a cargo del médico cirujano Rafael Quintero Caro, para reconocer el recibo que me expidió por el pago de sus servicios a consecuencia de las lesiones que me fueron infligidas, para acreditar la parte correspondiente del daño material.

DERECHO

Son aplicables, en cuanto al fondo del asunto, los artículos 8, 13, 14, 16 y 20 constitucionales; los artículos 83, 85, 85bis, 87, 88, 91, 305, 306, 307, 308, 309 y relativos aplicables del Código Penal para el estado de Puebla; los artículos 518, 518-bis, 539 y relativos del Código de Procedimientos Penales para el estado de Puebla, así como los artículos 1, 2, 6-I, 18 y relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado.
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Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales enunciadas, A USTED, CIUDADANO JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, muy respetuosamente pido que se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentada legalmente con este escrito solicitando que por vía incidental se dé inicio al trámite del pago de reparación del daño a que tengo derecho.

SEGUNDO. Se me tengan por recibidas las pruebas ofrecidas.

TERCERO. Ordenar se corran los traslados y se realicen todas las notificaciones respectivas.

CUARTO. Se sirva señalar lugar,  día y hora  para la correspondiente audiencia.

PROTESTO MIS RESPETOS
H. Puebla, a 13 de julio 2017



María Pérez Pérez

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domingo, 5 de febrero de 2017

LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN DOS PATADAS

Miguel Angel Gutiérrez
© 2014. INDAUTOR 03-2014-063011251000-01
magjuridico@gmail.com

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Desde el punto de vista jurídico, el gran triunfo de la revolución mexicana es la promulgación de la Constitución de 1917, una de las leyes más avanzadas del mundo y pionera en muy diversos aspectos, entre los que destacan la consagración del derecho social, la asertividad de las garantías individuales, la libertad individual e independencia monetaria como bases de la libertad colectiva y la economía nacional, &c; su rasgo más importante es, ciertamente, que cristaliza varias de las ideas de los Padres de la Patria.

Desde el punto de vista histórico, dicha ley suprema no es un triunfo total, lo que se comprende al ver de cerca el desarrollo de la revolución y sus secuelas.

La revolución mexicana también hace de México un caso único entre los países de Latinoamérica, ya que en ningún otro país del continente se ha producido un fenómeno semejante, ni en lo social ni en lo jurídico.

Es también sorprendente lo poco que se entiende sobre el desarrollo de este movimiento. Reina entre el vulgo la vaga idea de que la revolución fue casi enteramente un movimiento armado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, lo cual es sólo parcialmente cierto.

Siempre he creído que cuando uno entiende de verdad un tema debería ser capaz de explicárselo a un niño. Pero en alguna ocasión compré un libro de una editorial conocida en el que supuestamente se explicaba la revolución mexicana a los niños, lo cual definitivamente no lograba. De ahí, y ante el enorme número de obras que lo desarrollan, surgió la idea de intentar una síntesis.

Aparentemente la revolución mexicana es un fenómeno muy complejo: hay que abordarlo entendiendo que lo es verdaderamente en sus manifestaciones exteriores, si bien en su esencia es simple.

La mala organización jurídico-social que se arrastraba desde siglos antes, así como las secuelas de las guerras de Reforma y las intervenciones, el despojo a los campesinos y la explotación obrera produjeron un estallido social bajo el gobierno inicialmente democrático de Porfirio Díaz, quien se había apartado paulatinamente del mandato de la Constitución de 1857. Díaz, que pese a todo era un patriota, renuncia cuando se da cuenta de que el conflicto va en serio. Francisco I. Madero toma la presidencia, pero el caos persiste porque no mejora la situación del pueblo. Madero es depuesto por un golpe de Estado y entonces empieza la fase terrible de la revolución; la arrebatiña por el poder. Venustiano Carranza se subleva e intenta tomar las riendas para restablecer la legalidad, aunque es rechazado por ello y por la falta de solución al conflicto social original. Los grandes caudillos se combaten unos a otros entre el caos y el bandidaje hasta que uno de ellos, Plutarco Elías Calles, hacia el final de su presidencia, en 1928 decide reunirlos en un solo partido político en el que todos tengan más o menos las mismas oportunidades. Con ello empieza la nueva organización política del país y, en consecuencia, la jurídica.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue promulgada en la ciudad de Querétaro, en plena revolución, manteniéndose en vigor hasta la fecha, por lo que ha sido la más longeva en el país. Se tomó como base la constitución de 1857, pero se añadieron todas las demandas que dieron origen a la revolución, como la importantísima cuestión agraria (artículo 27), la obrera/laboral (artículo 123), la educación obligatoria y gratuita (artículo 3), la eliminación de la reelección presidencial, así como otros novedosos modelos de protección a derechos relacionados con la evolución social, económica e industrial. Es notorio que además las «conquistas sociales» incorporadas por el grupo vencedor no se imponen por conductas de carácter prestacional, sino a través de limitaciones a los particulares.

La mexicana es probablemente la ley fundamental más reformada del mundo; lo ha sido más de 400 veces, sufriendo al menos una modificación mayor al año, antes de cumplir su primer siglo. Su contenido, aparte, se ha engrosado al triple, lo que la convierte en la segunda constitución más extensa del mundo; este contenido, a menudo, es excesivamente detallado, complejo o específico como para estar en una Ley Fundamental. Lo anterior puede indicar que sigue en evolución, que ha estado sujeta a multitud de intereses particulares o políticos y/o que no se elaboró con verdadero rigor racional.

La Constitución de 1917 sirve de base a uno de los sistemas legales más avanzados del mundo, aunque México ha sufrido tradicionalmente de la falta de la aplicación de la ley, la falacia de que basta formularlas leyes para solucionar problemas, así como por el exceso de complejidad legal, lo que ha redundado en fragilidad. Esta Constitución también sirve de base a uno de los sistemas legislativos más aparatosos, onerosos e ineficientes del mundo, así como a una sobre-regulación en casi todas las materias. Aun así, es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, que es probablemente el mayor resultado conseguido por la civilización moderna y sin el que ésta, con sus más altos niveles de bienestar hasta este punto de la historia, sería inconcebible.

Dicho en «dos patadas», como se ofreció en el título de este artículo, una propuesta de esqueleto para comprender lo básico del desarrollo de la revolución mexicana podría ser la siguiente lista:


1. ANTECEDENTES REMOTOS   
· Organización agraria deficiente desde épocas ancestrales.
· Guerras de intervención y de Reforma.

2. ANTECEDENTES INMEDIATOS
· Porfirio Díaz asciende al poder en 1876. Atrae inversión extranjera, pero en condiciones tales que los extranjeros (estadounidenses, ingleses, franceses, españoles y pocos mexicanos) se adueñan de la industria y recursos naturales.
· Políticas macroeconómicas que, aunque favorecieron al país, no beneficiaron al pueblo.
· Ley de deslinde y políticas agrarias inadecuadas.
· Surgen algunas rebeliones aisladas (Yaquis, Río Blanco, Cananea, miembros del ejército).
· Surgen ideólogos (Flores Magón et al.)
· Madero y el anti-reelecionismo:
  - Plan de San Luis, tras el fraude electoral de 1910:
  - Declara elecciones nulas
  - Desconoce al gobierno de Díaz
  - Convoca a la Revolución para el 20 de noviembre
· Madero, Zapata, Orozco
· EU apoyó a Madero porque Díaz favorecía a los ingleses más que a ellos.

3. INICIO   
· Se producen levantamientos varios: principalmente Pascual Orozco y Abraham González.
· Abraham González conecta a Madero con Pancho Villa: éste toma Ciudad Juárez; Porfirio Díaz renuncia y se va del país escoltado por Victoriano Huerta.

4. FRANCISCO I. MADERO
· Madero sube a la presidencia. Ordena deponer las armas, pero mantiene la misma estructura porfirista.
· Es rechazado por los Magonistas y hay sublevaciones (1911).
· Zapata lanza el Plan de Ayala (desconoce a Madero).
· Pascual Orozco se subleva y es combatido por Villa y Huerta.
· Villa es encarcelado por Huerta tras estar a punto de fusilarlo.
· Bernardo Reyes y Félix Díaz se rebelan (Veracruz). Esto desencadenará la invasión estadounidense por obra de Henry Lane Wilson.
· Madero se queda solo.
· Manuel Mondragón libera a Félix Díaz y Bernardo Reyes: esta sublevación culmina con la Decena Trágica.
· Madero encarga su defensa a Huerta, pero éste lo traiciona y asesina.

5. GOLPE DE ESTADO
· Victoriano Huerta se vuelve presidente (1913).
· Se rebelan Villa en el norte y Zapata en el sur. Venustiano Carranza se subleva en Coahuila, y desconoce a Huerta en el Plan de Guadalupe.

6. CONTINÚA LA GUERRA
· Carranza organiza la guerra (1914), aunque nunca simpatiza ni con Villa ni con Zapata.
· Villa se distancia de Carranza, particularmente a partir de la toma de Zacatecas.
· Los estadounidenses apoyaron inicialmente a Huerta, pero éste se pasó con los ingleses. Se acercan entonces a Carranza, e invaden Veracruz y Tampico.
· Huerta huye con mucho dinero a EU y muere de cirrosis alcohólica poco después.
· Los generales carrancistas y obregonistas se enriquecen con «decomisos».
· Se polarizan las fuerzas: Zapata y Villa vs Carranza y Obregón, ya que los primeros estaban por los campesinos y los otros sólo querían reestablecer el orden legal.
· Villa y Zapata se encuentran en el DF.

7. LA CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES
· La Convención de Aguascalientes instigada por Carranza (octubre 1914) reúne a todas las fuerzas. Declara presidente al pro-villista Eulalio Gutiérrez. Villa es nombrado jefe del ejército y Carranza es declarado rebelde.
· Los convencionistas cometieron el error de no acabar con Obregón, y Villa y Zapata de separarse. Obregón se reorganizó. Gutiérrez negó apoyo a Zapata, quien se enemistó con Villa y terminó del lado de Obregón. Villa y Zapata sólo querían justicia social, pero no sabían cómo lograrla políticamente.
· Descontrol y bandidaje por todas partes.
· Carranza huye a Veracruz (1915), luego a Querétaro.
· Obregón derrota a Villa en grandes batallas en Celaya, León, Aguascalientes, Durango y Sonora. Villa se refugia en Chihuahua, sin ser nunca vencido totalmente, y se reorganiza en guerrillas.
· EU reconoce a Carranza, y Villa los ataca. EU lanza la expedición de Pershing, que fracasa totalmente.

8. FINAL DE LA LUCHA ARMADA Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN LEGAL
· Se proclama la Constitución (1917), lo que es un triunfo parcial.
· Zapata reclama a Carranza y lo insulta: éste, al no poder derrotarlo, lo manda asesinar en Chinameca, Morelos.
· Carranza huye por causa de la «huelga» de sus generales y del Plan delahuertista de Aguaprieta que lo desconoce. Es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en 1920.
· Villa continuó con sus guerrillas hasta la muerte de Carranza: en 1920 firma la paz con Adolfo de la Huerta y se retira a su hacienda de Canutillo, en Durango.
· Obregón sube al poder.
· La gente de Calles asesina a Villa. Calles reorganiza políticamente a los caudillos en un solo partido político, PNR, que después se convertirá en el PRI.
· Sobreviene la guerra cristera.
· Lázaro Cárdenas sube al poder y desarrolla una política obrera y agrarista. •

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REFERENCIAS

· Gutiérrez Estupiñán, Miguel Angel. Brevísima aproximación a una historia universal del Derecho. UNAM. 2015.
© 2014. Registro Instituto Nacional del Derecho de Autor 03-2014-063011251000-01.

· Imagen: Petronilo Monroy. "Alegoría de la Constitución de 1857".

sábado, 14 de enero de 2017

La Música y la Ley


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Esta sección contiene episodios previamente transmitidos del programa «La Música y la Ley» en la estación IUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de febrero 2015.
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viernes, 13 de enero de 2017

El Recurso de Revisión en la Sentencia de Amparo (I)

Miguel Ángel Gutiérrez

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La Ley de Amparo mexicana dedica su Capítulo X a reglamentar la sentencia de estos juicios y establece diversos medios de impugnación en su Capítulo XI. En éste, el artículo 80 asienta que contra la sentencia se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; también procede la inconformidad en relación con el cumplimiento de sentencia.
Para abordar desde un punto de vista práctico el recurso de revisión, sin embargo, es importante tener clara la forma en que se estructura la sentencia (artículos 73 al 79, LA), ya que en ello se encuentran la mayoría —y/o los principales— de los elementos necesarios para fundar una buena argumentación.
El recurso de revisión procede tanto en el amparo indirecto como en el directo (81, LA). En el primer caso son competentes los tribunales colegiados de circuito y las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno. Se utiliza:
· Contra resoluciones que concedan o nieguen, modifiquen o revoquen la suspensión definitiva (incluyendo los acuerdos pronunciados en  audiencia incidental);
· Contra resoluciones que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;
· Contra resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional;
· Contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional.
En amparo directo, el recurso de revisión procede contra sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en tratados, u omitan decidir sobre tales cuestiones si se plantearan. La SCJN puede conocer de la revisión.
Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas (87,  LA).
El recurso de revisión se interpone por escrito —impreso o electrónico—, en un plazo de diez días, a través del órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se recurre (86, 88 LA). En dicho escrito se expresarán los agravios causados por la resolución impugnada, presentando una copia para el expediente y una para cada una de las partes.
Una vez interpuesta la revisión, el órgano jurisdiccional distribuye las copias dentro de los tres días siguientes, enviando el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a la SCJN o al tribunal colegiado de circuito, según corresponda: el presidente del órgano jurisdiccional calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará dentro de los tres días siguientes. Notificadas las partes de la admisión, y transcurrido el plazo para adherirse a la revisión, en su caso, se turnará el expediente al ministro o magistrado que corresponda, quien deberá resolver en un máximo de noventa días (89, 91, 92 LA).
El órgano jurisdiccional examinará los agravios expuestos por el quejoso, la autoridad responsable o el tercero interesado, así como las causales de sobreseimiento invocadas, los motivos diversos y la posible existencia de violaciones a las reglas fundamentales del juicio de amparo; si son fundados se revocará la resolución recurrida y se mandará reponer el procedimiento. Sólo se tomará en consideración a las pruebas rendidas ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional (93, LA). •


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Véase también: El Recurso de Revisión en la Sentencia de Amparo (II – Ejemplos de escritos) en este mismo blog.
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Imagen: Claude Theberge

El Recurso de Revisión en la Sentencia de Amparo (II – Ejemplos de escritos)

Miguel Ángel Gutiérrez
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Juicio de Amparo No. 7890/2016
Victoria Vélez Vega vs.
 Actos del  Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Xx


CIUDADANO JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA
DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE XX:
VICTORIA VÉLEZ VEGA, promoviendo con la personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos del Juicio de Garantías número al rubro indicado, ante usted, con el debido respeto, comparezco a exponer lo siguiente:
Que, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 83 fracciones I y III, 85 fracción I, 86, 87, 88, 89, 90, 91, y demás relativos de la Ley de Amparo, y en virtud de estar inconforme con la sentencia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada en el Juicio de Amparo en que promuevo, vengo a presentar, anexo al presente escrito, RECURSO DE REVISIÓN en contra de dicha sentencia, solicitando que previas las anotaciones a que haya lugar y emplazamiento de las partes, se haga llegar el Recurso que en esta fecha presento al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad de Xx, para la substanciación y decisión del medio de impugnación que interpongo, por virtud del cual solicito se revoque la sentencia aludida y se conceda a la peticionaria de Garantías el amparo y protección de la Justicia Federal.
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales enunciadas: A USTED CIUDADANO JUEZ, muy respetuosamente pido que se sirva:
Ú N I C O. - Acordar de conformidad a lo solicitado en el cuerpo de este escrito.
PROTESTO MIS RESPETOS
Xx, a 2 de diciembre de 2016.
Victoria Vélez Vega
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Amparo en Revisión No.
Asunto: Se interpone Recurso de Revisión

CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE XX:
VICTORIA VÉLEZ VEGA, promoviendo en mi carácter de quejosa, personalidad que tengo debidamente acreditada en el Juicio de Garantías que da origen a este medio de impugnación, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales que me correspondan la casa marcada con el número novecientos catorce, de la Avenida cuarenta y tres poniente de esta ciudad, y autorizando para que a mi nombre y representación las reciba el abogado Miguel Ángel Gutiérrez, con cédula profesional 09914434, debidamente inscrita ante el Registro Nacional de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal, y ante este honorable Cuerpo Colegiado, con el debido respeto, comparezco a exponer lo siguiente:
Que, por medio del presente escrito, en tiempo y forma legal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 88, 93, y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de estar inconforme con la sentencia dictada por el ciudadano Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Xx, con fecha dieciséis de noviembre 2016, vengo a interponer RECURSO DE REVISIÓN en contra de dicha sentencia, solicitando que sean emplazadas las partes para efectos de ley.
A continuación motivo y fundo el presente medio de impugnación enumerando los siguientes:

A G R A V I O S
1.- HECHO QUE CONSTITUYE LA VIOLACIÓN.- Lo es la sentencia dictada por el Ciudadano Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Xx, en los autos del Juicio de Garantías número 7890/2016, promovido por la suscrita Victoria Vélez Vega, en contra actos del  Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Xx, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en su punto resolutivos primero y segundo.
2.- DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Los artículos 80, 81, 88, 93, 73 fracción XVIII, 74 fracción IV, 75,  76, 78, 80, de la Ley de Amparo, así como los diversos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos ellos por su inobservancia e inexacta aplicación.
3.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- En el caso a estudio se violan en perjuicio de la suscrita amparista todas y cada una de las disposiciones legales enunciadas, entre otras, lo que se desprende de las siguientes aseveraciones:
    PRIMERO.- En el capítulo «I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO» de la mencionada sentencia, en la página 2, punto 3, se señala verbatim que “Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 110)”, lo cual es materialmente falso, toda vez que yo acudí personalmente al juzgado a esa hora y fecha en compañía de mis abogados porque deseaba presenciar la referida audiencia, habiéndome hecho presente además a ésta unos minutos antes por medio de un escrito en el que volvía a tener nuevamente por ofrecidas todas las pruebas presentadas, del que anexo copia simple; sin embargo, el personal del mismo juzgado me informó que probablemente no se llevara a cabo la audiencia, y que si llegara a hacerse desconocían la hora, por lo que solicitaron que me retirara. Cabe destacar que la audiencia constitucional se había diferido ya en tres ocasiones.  §  El primer agravio consiste, pues, en que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx incumplió formalidades esenciales del debido proceso, imponiéndome además trabas para acudir a una audiencia pública.
    SEGUNDO.- En el capítulo «IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO», páginas 4 y 5 de la sentencia que nos ocupa, dice que “Debe tenerse por cierto el acto reclamado (…) pues (…) lo cierto es que basta revisar las actuaciones que obran [en el] expediente laboral 1234/2012 para advertir que existió la omisión reclamada. A dichas documentales se les concede pleno valor probatorio (…)”. Cabe señalar, empero, que el juzgador no analiza ni considera las pruebas materiales que presenté en el momento procesal oportuno, consistentes en… y que son de importancia fundamental para demostrar materialmente que el Tribunal de Arbitraje al servicio de los trabajadores del estado de Xx incumple su deber de impartir justicia y omite desahogar oportunamente el juicio laboral 1234/2012.  §  El segundo agravio en mi contra consiste en que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx incumplió la Ley de Amparo, que en sus artículos 74-III y 75 lo obligan a examinar todas y cada una de las pruebas que presenté en mi calidad de quejosa, por lo que se produjo una sentencia defectuosa que pretende poner fin a un procedimiento sin cumplir sus formalidades esenciales y, por lo mismo, es contraria al orden constitucional.
    TERCERO.- Del capítulo «IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO», referido en el punto anterior, se desprende también que al no analizar la totalidad de las pruebas el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx me deja en estado de indefensión, de lo que se vale posteriormente para establecer falaz y dolosamente una causa de improcedencia.
    CUARTO.- En el capítulo «V. EXISTENCIA DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA —FUNDADA—», que abarca de las páginas 5 a la 12 de la sentencia que nos ocupa, se alega erróneamente que se actualiza una causal de improcedencia, la del artículo 61-XVII de la Ley de Amparo, al suponer que se suscitó (sic) "un cambio de situación jurídica" cuando el Tribunal de Arbitraje al servicio de los trabajadores del estado de Xx tuvo la ocurrencia de decretar, arbitrariamente, después de recibir la solicitud de informe justificado originada en este juicio de amparo, con evidente ánimo vindicativo y en un clarísimo intento de evadir la Justicia Federal, de decretar la caducidad de la instancia por no haber hecho yo ninguna promoción por escrito en los tres meses anteriores a la presentación de la  actual demanda de amparo. § Sin embargo, como lo expuse anteriormente en los agravios 2 al…, § Lo anterior significa que el mencionado Juzgado Tercero razona erróneamente y se contradice al aceptar, por una parte, la existencia del acto reclamado, y por otra al negarlo disfrazando las evasivas del Tribunal de Arbitraje como «cambio de situación jurídica».  §  Cabe señalar también que, dentro de la aceptación que hace el Juzgado Tercero de Distrito de que el Tribunal de Arbitraje mantuvo detenido injustificadamente el procedimiento, está claramente implícito que éste tuvo oportunidad de decretar la caducidad de la instancia en otras etapas del juicio, cosa que no hizo sino hasta el momento en que se encontró bajo el escrutinio del Juzgado Tercero de Distrito. Vale recordar, además, que en los momentos oportunos del proceso ofrecí como prueba la presuncional, tanto legal como humana, en lo que favoreciera mis intereses como quejosa, misma que tampoco fue considerada por el juzgador, causándome perjuicio. § El quinto agravio consiste, entonces, de varios puntos:
  a) En que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx razona incorrectamente, ya sea por ineptitud o por dolo, en mi perjuicio, sobre una figura jurídica ejercida ilegalmente, pretendiendo, además, aplicar retroactivamente una ley en mi perjuicio, con lo que viola diversas garantías constitucionales, particularmente las que me concede el artículo 14.
  b) En que el juzgador omitió tomar en cuenta las presuncionales ofrecidas por la suscrita quejosa en los momentos procesales oportunos, violando la Ley de Amparo.
  c) En que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx incumple la Ley de Amparo en el artículo 79, particularmente en las fracciones V y VI, perjudicándome personalmente en mi calidad de trabajadora, violando mis derechos humanos y garantías constitucionales.
  d) En que la sentencia declara sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional materialmente real, o bien en una audiencia constitucional apócrifa o realizada irregularmente.
  e) En que el razonamiento legal deficiente por parte del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx redunda en una sentencia ilegal.
  f) En que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Xx solapa en mi perjuicio personal la actividad irresponsable e ilegal de un Tribunal que de por sí cuenta con muy mala fama pública debida al incumplimiento de sus funciones, alterando el orden público y violando garantías constitucionales.
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Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales enunciadas, A USTEDES CIUDADANOS MAGISTRADOS, muy respetuosamente pido que se sirvan:
PRIMERO.- Tenerme por presentada legalmente con este escrito y copias simples que acompaño, interponiendo recurso de revisión dentro del término legal, conforme a la Ley de Amparo.
SEGUNDO.- Revocar la sentencia recurrida por violar las normas fundamentales del procedimiento del juicio de amparo, contravenir normas constitucionales y resultar contraria a derecho.
TERCERO.- Reponer el procedimiento para subsanar las deficiencias de la sentencia y las violaciones a las leyes invocadas, reconociendo la protección que me debe la Justicia Federal.
CUARTO.- Dictar, a la brevedad posible, una nueva sentencia que sí corresponda a derecho.
CON TODO RESPETO AL JUZGADO.
Xx, a 2 de diciembre de 2016
Victoria Vélez Vega

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(Véase también la primera parte de este artículo)
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Imagen: Claude Theberge

jueves, 1 de diciembre de 2016

Modelo de escrito de incidente de nulidad de actuaciones

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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Expediente: 1234/2015
Victoria Vélez Vera vs. Pedro Pérez Pereira
Juicio de rescisión de contrato de compra-venta
Se promueve incidente de nulidad de actuaciones


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CIUDADANO JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA:

Miguel Ángel Gutiérrez, con el carácter de abogado patrono de la parte actora, personalidad debidamente acreditada dentro del expediente indicado al rubro, comparece respetuosamente en los siguientes términos:

Con fundamento en los artículos 65, 74, 413 y 414 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Puebla, en tiempo y forma legal, vengo a promover incidente de nulidad de actuaciones de todo lo actuado a partir del auto de fecha 8 de marzo del año en curso, dado que se llevó a cabo en forma ilegal, por lo que deberá declararse nulo y, como consecuencia, también nulas las actuaciones posteriores, de las que el suscrito abogado patrono de la parte actora se hizo sabedor con fecha 24 de noviembre del año en curso al consultar el expediente señalado, derivado de la falta de notificaciones.

Fundo las siguientes consideraciones de hechos, así como las pruebas que anexo al presente escrito.


HECHOS

I. Con fecha 22 de febrero del año en curso, presente ante esta Oficialía, tal como consta en el sello la misma fecha, se solicitó señalar día y hora para la audiencia incidental y su desahogo.

II. Recayó a lo anterior el auto de fecha 23 de febrero del presente año que señaló las 11 horas del 14 de abril 2016 para que tuviera lugar la audiencia correspondiente, con el único efecto de que el perito tercero en discordia exhibiera su dictamen.

III. Mediante acuerdo del 8 de marzo 2016, siguiendo a su segundo párrafo y conforme a lo dispuesto por el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Puebla, se requirió a las partes para que en el término de tres días exhibieran la parte proporcional de honorarios, ordenando (sic) «notifíquese domiciliariamente a las partes y por lista al perito tercero en discordia».

IV. Es el caso que en el expediente y posterior auto de fecha 8 de marzo 2016 únicamente constan los sellos de devolución al reverso del acuerdo, ambos con fecha 11 de marzo del año en curso; sin embargo, no consta sello ni razón por parte del diligenciario adscrito donde conste que se haya tenido por notificadas a las partes de dicho acuerdo, situación de la que el suscrito abogado patrono de la parte actora se enteró con fecha 24 de noviembre 2016 al consultar el expediente en cita por falta de notificaciones.

V. A partir del 8 de marzo 2016 se llevaron a cabo diversas actuaciones, todas las cuales son legalmente nulas por no haberse llevado a cabo la indispensable notificación.


AGRAVIOS

 I. La notificación del acuerdo del 8 de marzo 2016 debería haberse dirigido al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, es decir, el ubicado en avenida 43 poniente 914 de esta ciudad, lo cual no ocurrió.

II. Al no haberse hecho apropiadamente la notificación que nos ocupa, deberá declararse nula por contravenir lo dispuesto por los artículos 65 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Puebla.

III. Además de no haberse hecho la referida notificación conforme a la ley, ni de acuerdo con lo ordenado por este juzgado, se deja en la indefensión jurídica a la parte actora, ya que no se le da oportunidad de cumplir con la determinación que se le notificaba.

Por causa de los agravios enumerados se interpone en tiempo y forma este incidente, a fin de que la actuación en comento se anule y se lleve a cabo otra vez en la forma que manda la ley.


PRUEBAS

I. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito recibido en la Oficialía de partes del juzgado tercero de lo civil con fecha 22 de febrero del año en curso. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente ocurso, pues demuestra que con dicho escrito se solicitó señalar día y hora para la audiencia incidental y su desahogo.

II. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en el auto de fecha 8 de marzo 2016 que ordena notificar a las partes domiciliariamente y por lista al perito tercero en discordia. § Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente escrito, pues acredita la falta de notificación a la parte actora.

III. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, que consiste en lo actuado dentro del expediente número 1234/2015 y sus incidencias, radicado en el Juzgado Tercero especializado en materia civil del distrito judicial de Puebla y las que se realicen con posterioridad en este incidente de nulidad de actuaciones, probanzas que se relacionan con todos y cada uno de los puntos de hechos de la presente incidencia y con la cual se acredita la falta de notificaciones a la parte actora.

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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted ciudadano Juez Tercero especializado en materia civil del distrito judicial de Puebla, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tener por interpuesto en tiempo y forma legales este incidente de nulidad de actuaciones en contra de la actuación de fecha 8 de marzo 2016 dictada en el expediente 1234/2015 en el que se actúa.

SEGUNDO. Ordenar que se suspenda el procedimiento hasta en tanto se resuelva el citado incidente, el cual es de previo y especial pronunciamiento conforme al artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Puebla.

TERCERO. Tener por formulados los agravios y por ofrecidas las pruebas indicadas en el cuerpo de este escrito.

CUARTO. Previos los trámites de ley, dictar resolución en la que se declare que tanto este incidente de nulidad de notificaciones es fundado, como que es nula la citada actuación del 8 de marzo 2016 y, en consecuencia, nulas las demás actuaciones a partir de esta fecha.

Protesto mis respetos

Puebla, Puebla, a 25 noviembre 2016
(firma)
Lic. Miguel Angel Gutiérrez

Abogado patrono 

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«Air-de-Capri», por Gerda Wegener (cª 1885-1940)