Jurídico M A G

Concepto y naturaleza jurídica de los derechos humanos

2012-01-28T21:52:00.004-06:00

Miguel Angel Gutiérrez

magjuridico@gmail.com

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Para Álvarez Ledesma, en lo que coincide en términos generales con Mateos Santillán y Contreras Bustamante, el término ‘Derechos humanos’ tiene distintas vertientes, entre las cuales pueden entresacarse dos principales, referentes a las nociones respectivas: una jurídico–axiológica (es decir, representa el valor del individuo frente a la sociedad) y otra jurídico–positiva, aunque no puede hablarse de una definición pura.

El concepto de derechos humanos es de difícil aprehensión porque suele utilizarse imprecisamente, ya que parece sinónimo de otros como derechos naturales, derechos innatos, derechos subjetivos públicos, garantías individuales, principios generales del derecho o derechos fundamentales, además de la propia polisemia, que conlleva también su naturaleza jurídica. Sin embargo, más que una cuestión terminológica se trata de cubrir la operatividad teórica y la aplicación jurídica práctica: de acuerdo con Wittgenstein y Octavio Paz sólo es posible acceder al significado de las palabras comprendiendo su utilidad real de la praxis humana.

Es evidente que el problema de la conceptualización de los derechos humanos inicia con el propio concepto de Derecho, por su naturaleza multívoca (y aquí podría hablarse de cuestiones que no han logrado aclararse cabalmente desde la época de los romanos), aunque, por cuestiones operativas, me parece que deben aceptarse las nociones intuitivas y maniqueas del derecho natural, y definirlos como «aquellas reglas de conducta que deben observarse como formas elementales y éticas universales de respeto al ser humano, sustentadas en su evolución histórica y los parámetros de justicia y legitimidad política resultante».

Tratándose de un fenómeno de orden jurídico político nacional e internacional, señala Ledesma, hay peligro en reducir el concepto sólo a su dimensión jurídica, o a la política, lo que significaría, en su caso, ignorar la realidad de hecho que condiciona su existencia. De esto se desprende a su vez que el concepto de derechos humanos, como instrumento, puede ser bien o mal aplicado (o no aplicado en absoluto). Por esto último me parece también que en el concepto de derechos humanos necesita considerar la voluntad política de los gobiernos, así como su compromiso con los fines de la sociedad a la que deben servir.

En términos de origen es difícil hablar de una identificación plena de los derechos humanos como tales, pese a figuras del derecho natural y a instituciones como el ius gentium o el status libertatis que nos heredaron los romanos, a la filosofía estoica o a la obra de filósofos chinos como Confucio y Lao-Tsé, o incluso el ius-naturalismo y las instituciones apuntaladas por las revoluciones estadounidense, inglesa y francesa. Las ideas que originan directamente a los derechos humanos como son conocidos actualmente se producen realmente en la segunda post-guerra mundial.

Aunque la Revolución Inglesa marca uno de los grandes cambios en la historia jurídica mundial en la segunda mitad del siglo XVII, vale señalar, como hemos discutido en otros artículos de este blog, que el sistema político inglés se ha caracterizado por la importancia de su parlamento desde el siglo XIII, que representa —a mi entender—, básicamente un mecanismo de ayuda de gobierno y de conciliación de intereses nacionales, pero especialmente la conveniencia de que un rey gobierne atenido a sus súbditos, o dicho en término más generales, que un gobierno funcione en atención a todos sus integrantes.

En el siglo XIII se combinaron varios elementos que influyeron en la evolución del Parlamento: la necesidad, expresada en la Carta Magna (1215), de que los impuestos fuesen aceptados por los contribuyentes; la costumbre de convocar al consejo real; no sólo a los barones, sino también a representantes electos de las ciudades y de los condados; la conveniencia de tratar ciertas audiencias ante una reunión ampliada del consejo real y, por supuesto, evitar el peligro de que la estabilidad económica del país estuviese en manos de una sola persona.

En todo caso, el concepto clave de la armonía social se basa en el establecimiento y mantenimiento de una legalidad. La Carta Magna de Juan sin tierra permitió también institucionalizarla y, aunque se había reconocido en legislaciones anteriores (como la romana o en diversos fueros españoles del siglo XII), probablemente adquiere particular relevancia porque reivindica también el derecho a la rebelión y demuestra el valor de la fuerza, política y bruta, que pueden tener las distintas facciones políticas y sociales, adictas al gobierno o no. Este documento es también el antecedente de las revoluciones de cuatro siglos después, que, junto con el constitucionalismo moderno, allanan camino para el perfeccionamiento jurídico de los derechos de los seres humanos.

Vale señalar finalmente, y como tema de reflexión, que en diversas legislaciones los derechos humanos se daban por descontado, es decir, se entendían tan claramente que no era necesario mencionarlos. El hecho de que las alusiones a los derechos humanos tengan que mencionarse expresamente en la ley, como ha ocurrido recientemente con la Constitución mexicana, no implica necesariamente un progreso; podría tratarse, tal vez, de un intento de detener un retroceso. •

REFERENCIAS

· Álvarez Ledesma, Mario I. Acerca del concepto ‘Derechos humanos’. Ed. Mcgraw – Hill Interamericana, México, 1998.

· Díez, José Antonio, (2006) 205 preguntas y respuestas sobre garantías individuales y derechos humanos. México: Digital Impresiones

· Quintana, C. Derechos Humanos. Editorial Porrúa. México, 2001.

· Imagen: Franz von Bayros.

Clasificación de los Contratos Civiles

2012-01-11T20:53:00.005-06:00

Miguel Angel Gutiérrez

magjuridico@gmail.com

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De acuerdo con Gutiérrez y González el contrato es una fuente especial creadora de la obligación, junto con la declaración unilateral de voluntad, la gestión de negocios, los hechos ilícitos, la responsabilidad objetiva, el enriquecimiento ilícito y el pago indebido.

El contrato tiene pues la función básica práctica de materializar el acuerdo de dos o más voluntades, aunque también tiene cinco funciones jurídicas: crear, transferir, modificar, extinguir y conservar derechos y obligaciones.

De acuerdo con Pérez Fernández del Castillo la esencia del estudio de los contratos, tanto a nivel doctrinario como legislativo, se aprehende a través de su clasificación con base en sus efectos jurídicos.

Gutiérrez y González señala que la clasificación de los contratos tiene por lo mismo un interés práctico, cuyos aspectos más importantes son la equidad y el grado de transmisión de derechos. Este autor explica que se pueden hacer varios grupos de este acto jurídico atendiendo a su función económica, al campo del Derecho donde se realice, &c.

Existen muy amplias y diversas clasificaciones atribuibles a diferentes autores, en la ley se consideran tres básicos; unilateral, bilateral y oneroso (1835-1838, Código Civil Federal mexicano), aunque algunos consideran un cuarto tipo, el gratuito.

La clasificación del CCF en los artículos referidos se basa en el número de obligados y beneficiarios, es decir, el contrato es unilateral —o bien gratuito— cuando hay uno, bilateral cuando hay dos, oneroso si hay gravámenes y provechos recíprocos.

El contrato oneroso puede subdividirse en conmutativo (prestaciones ciertas desde el inicio del contrato) y aleatorio (la prestación depende de un acontecimiento).

Como se desprende de la anterior clasificación, es acertada la idea de Pérez en cuanto a la importancia de los efectos jurídicos para ese fin.

En cuanto a las subclasificaciones, el propio CCF ofrece en otros capítulos divisiones posibles respectivas, como los contratos preparatorios (promesa), traslativos de dominio (compraventa, permuta, &c), traslativos de uso temporal, prestación de servicios, fin común (sociedad, &c), garantías, transacciones varias, prevención de controversias, &c, aunque todas estas modalidades son variaciones de los tipos básicos, al igual que las que ofrece el mencionado ordenamiento en cuanto a formalismos en solemnes, reales, formales y consensuales. •

CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS CON BASE EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL MEXICANO

1. POR EL NÚMERO DE OBLIGADOS Y BENEFICIARIOS:

· Unilateral (1835)

· Bilateral (1836)

· Oneroso (1837)

· Gratuito

2. POR EL TIPO DE PRESTACIÓN:

· Conmutativo (1838)

· Aleatorio (1838)

3. POR SUS FORMALISMOS:

· Solemnes (2228)

· Reales (13)

· Formales (1833)

· Consensuales (1832)

4. TIPOS COMPRENDIDOS EN EL CCF:

· Contratos preparatorios (promesa, 2243)

· Traslativos de dominio (compraventa, 2248 y ss;

permuta, 2327; donación, 2332; mutuo, 2384, &c)

· Traslativos de uso (arrendamiento, 2398; comodato,

2497; depósito ,2516; secuestro, 2539; aparcería,

2739…)

· Prestación de servicios (2605; mandato, 2546; obras

a precio alzado, 2616; porteadores y alquiladores,

2646; hospedaje ,2666…)

· Fin común (sociedad, 2670 ; sociedades, 2688;&c)

· Aleatorios (juego y apuesta, 2764; renta vitalicia,

2774; compra de esperanza, 2792;

· Garantías (fianza, 2794; prenda, 2856; hipoteca

2893…)

· Prevención de controversias (transacciones varias,

2944;…)

REFERENCIAS

· Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Editorial Porrúa. México, 2005.

· Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. Contratos civiles. Editorial Porrúa, México, 1998.

· Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones civiles. Oxford University Press. Col. Textos jurídicos universitarios. México, 2005.

· Enciclopedia Jurídica Omeba. DVD·rom. Buenos Aires, Argentina, 2009.

· Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Editorial Porrúa. México, 2005.

· Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2005.

· Rojina Villegas, Rafael. Compendio de derecho civil. Tomo III · Teoría general de las obligaciones. Editorial Porrúa. México, 1997.

La Suspensión de Garantías Individuales en México

2012-01-01T23:50:00.004-06:00

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com
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El artículo 29 de la Constitución mexicana establece que en casos de peligro grave (invasiones, perturbación de la paz, desastres, epidemias) sólo el presidente, de acuerdo con los Secretarios de Estado, los Departamentos Administrativos y la PGR, con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a la situación: pero deberá hacerlo por tiempo limitado, con prevenciones generales y sin contraerse a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones necesarias: si no, se convocará sin demora.

El primer antecedente de Suspensión de Garantías relacionado indirectamente con México fue promulgado por la Constitución española de Cádiz de 1812, que a su vez estaba inspirada en las ideas liberales de la Revolución Francesa.

Porfirio Díaz decretó el 16 de Marzo de 1911 una ley de Suspensión de Garantías. Dicho precepto interrumpió los derechos a los que atentaran contra las vías de comunicación, a los salteadores de caminos y a los que cometieran el delito de robo con violencia. Todos estos delitos a excepción del primero serían castigados con la pena de muerte.

Madero envío a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un decreto de Suspensión de Garantías constitucionales, quedando dentro de esta disposición los salteadores de caminos, los que cometieran el delito de robo y los que proveyeran de armamento a bandoleros. El decreto fue aprobado y expedido el 7 de Agosto de 1912.

Carranza, como jefe del Ejecutivo, presentó un proyecto de Constitución en el que retomaba el artículo 29 de la Constitución de 1857, referente a la Suspensión de Garantías, salvo dos diferencias: la Suspensión podría hacerse a nivel regional o extenderse por todo el país, y serían suspendidas todas las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a una situación de peligro. La razón es que el precepto constitucional de 1857 no permitía la interrupción de estos derechos que aseguraban la vida del hombre; esta excepción nulificaba prácticamente el efecto de la Suspensión.

Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley de Prevenciones Generales, con el fin de reglamentar y limitar la mencionada Suspensión de Garantías, especialmente por situaciones de guerra. Se aprobó en 1945.

En relación al concepto doctrinario de suspensión de garantías, Ignacio Burgoa comenta que la Suspensión de Garantías Individuales es un fenómeno jurídico constitucional que tiene lugar como antecedente necesario para que la actividad gubernativa de emergencia pueda válidamente desarrollarse para prevenir o remediar los males públicos inherentes a la situación anormal, requisito sin el que la suspensión sería jurídicamente invalida, teniendo el gobernado el derecho de oponerse a ella a través de los conductos que, como el Juicio de Amparo, la Constitución le brinda.

La suspensión de las Garantías Constitucionales podría justificarse por la necesidad política de que algunos órganos gubernativos tengan libertad de acción para proceder con rapidez a mantener el orden mediante la eliminación radical de situaciones y circunstancias de hecho que lesionen los intereses sociales; en el caso de invasión del territorio nacional, el propósito de la suspensión es facilitar el acopio y el uso de los elementos necesarios para la defensa. La Suspensión de las Garantías no está expresada en forma limitativa o taxativa, sino enunciativa, puesto que deja al arbitrio y discreción de las autoridades competentes.

En el artículo 29 se hace patente que las Garantías Individuales sirven para establecer límites a los poderes del Estado y garantizan la existencia del Estado de Derecho, pese a que, paradójicamente, quitan al gobernado (aunque temporalmente) lo que los anteriores artículos le otorgan, en cumplimiento de lo que la propia Constitución señala respecto a la organización estatal y del gobierno, habiendo previsto el constituyente normas positivas para romper el orden jurídico sin lesionar al Estado de Derecho.•
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REFERENCIAS

· Arilla Bas, Fernando. El Juicio de Amparo. Editorial Kratos, México, 1989

· Burgoa Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales. Editorial Porrúa, México, 1993.

· Montiel y Duarte, Isidro. Estudios sobre Garantías Individuales. Editorial Porrúa, México, 1991.

· Polo Bernal, Efraín. Breviario de Garantías Constitucionales. Editorial Porrúa, México, 1993

Imagen: Le Compte du Noy - Esclava blanca

La importancia de la lógica en la toma de decisiones morales

2011-10-18T01:13:00.008-05:00

María del Carmen Cadena Roa

maricarmen.roa@gmail.com

ENP, Planteles 1 y 3, UNAM

Quizá esté yo equivocado y tú tengas razón,

quizá con un esfuerzo a la verdad nos acerquemos...

Popper [1]

«¿Por qué no podemos pensar como queramos?» Además de la inmediata respuesta pragmática: «Porque eso haría mucho más difícil conseguir lo que queremos», intuitivamente podríamos formular otras posibles respuestas que capturen mejor la verdadera cuestión: ¿existe algún imperativo por el cual no deba pensar como quiera? Si es el caso, ¿cuál es el fundamento de tal imperativo o exigencia? ¿Quién me lo exige? Otra cuestión vinculada a las anteriores y más cercana al asunto que nos ocupa hoy es: ¿Por qué debemos justificar nuestras decisiones? Y más en general, ¿por qué debemos justificar nuestras acciones y exigimos lo mismo de los demás?

Si bien nuestro tema en esta sesión no es sobre qué es el ser humano, señalaré algunas de sus peculiaridades lo que nos permitirá entender la pertinencia de las anteriores cuestiones; mostraré algunos elementos de la deliberación como componente fundamental en la toma de decisiones morales, señalaré tres enfoques desde los cuales se pueden analizar lógicamente las mismas, y por último, ejemplificaré cómo el enfoque inferencial analiza la toma de decisiones morales implicada en el conflicto que se puede suscitar entre obligaciones morales.

Rasgos característicos del ser humano

A lo largo de la historia de la filosofía se han ensayado diversas respuestas a la pregunta sobre qué es el ser humano, aunque a veces, se ha dado respuesta con otras preguntas que guían la investigación. Sintéticamente, tanto las preguntas como las respuestas indican que hay “algo” distinto en el ser humano que lo separa, por mucho, de los demás animales.

El ser humano vive en el mundo, pero con su conducta específicamente humana se distancia de todo lo demás. No vive en la inmediatez del instinto, sino en el ejercicio de la libertad, misma que, junto con la conciencia, definen su ser y configuran su mundo humano. De hecho, gracias a la libertad es que puede “apartarse” del mundo intencionalmente, para comprenderlo, y comprenderse a sí mismo. Kant se pregunta, ¿qué tipo de criatura es esta que puede saber, debe hacer y le cabe esperar? Es una, que si bien, intenta saberlo todo, no le será posible resolver toda cuestión que se plantee, sin embargo no dejará de preguntarse, pues la pregunta filosófica sobre qué es el ser humano, le afecta personalmente, en el fondo es la pregunta sobre ¿qué soy yo? Ante tal cuestionamiento, el ser humano se remite a «sí mismo» y lo expresa lingüísticamente con la palabra yo: cada ser humano se experimenta y se siente como un yo único, singular e irrepetible. Descubrir lo mismo para cualquier ser humano, significa el reconocimiento de la inalienable dignidad de todo ser humano.

El espacio en el que vivimos realmente como seres humanos se da en la dimensión personal y social: nos constituimos a nosotros mismos en libertad, autodecisión y autorresponsabilidad, pero también en la relación personal con el otro; como diría Martin Buber: en la relación intersubjetiva entre el yo y el tú: «El individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra en relaciones vivías con otros individuos […] El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre»,[1] es con los otros yo que el ser humano se construye a sí mismo, pues es en conjunto de un mundo humano común que llega el individuo a encontrarse a sí mismo y desarrolla la propia comprensión. Es en esta relación personal con el otro y los otros, que se constituye la dimensión social: los seres humanos nos descubrimos a nosotros mismos en lo otro, en una unidad dialéctica de autorrealización y realización mundana, de autocomprensión y comprensión del mundo, que ocurren, aunque no de forma exclusiva, a través del lenguaje; y más concretamente a través del diálogo.

La deliberación en la toma de decisiones

La deliberación realizada en el entendimiento práctico, sea dialógica o personal, tiene que lidiar con circunstancias tan complejas, que no basta un manual exhaustivo de reglas que indiquen qué hacer en cada caso. Es preciso, según Aristóteles, poner en práctica las virtudes adquiridas, especialmente las que nos permitan tomar la mejor decisión en vistas de la vida buena y en función de la circunstancia específica que se presenta.

Es menester, sin embargo, no sólo declarar todo esto en general, sino aplicarlo a esos particulares. En filosofía práctica, en efecto, si es verdad que los principios universales tienen más amplia aplicación, alcanzan mayor grado de verdad las proposiciones particulares, como quiera que la conducta humana concierne a los hechos concretos, y con éstos deben concordar las teorías.[2]

La prudencia no es tampoco sólo de lo universal, sino que debe conocer las circunstancias particulares, porque se ordena a la acción, y la acción se refiere a las cosas particulares.[3]

Aristóteles insiste que ninguna teoría ética puede proporcionar el procedimiento de la mejor decisión. La persona virtuosa verá la verdad en cada caso, como si esa visión se convirtiera en un parámetro o medida. Él señala que la persona buena es aquella que es eficaz en la deliberación, entendiendo la misma como un proceso de búsqueda racional. Así, el punto medio, que la persona virtuosa busca, será determinado por la manera en que la persona de razón práctica lo haga. De esta manera, el punto de vista de esta persona deberá ser considerado como parámetro y medida por el resto de la comunidad. Un parámetro o medida es algo que resuelve conflictos, y ya que la gente buena está tan preparada para descubrir el significado o sentido en los casos difíciles, que su consejo debe ser buscado y seguido. «El hombre de buen consejo, absolutamente hablando, es el que, ajustándose a los cálculos de la razón, acierta con lo mejor de lo que puede ser realizado por el hombre.»[4] La persona prudente utiliza la flexibilidad y la imaginación para afrontar lo nuevo y cultiva las facultades que le permiten improvisar. No decide, por tanto, en función de un principio fijo, sino considera la particularidad de cada caso.

Las decisiones de una persona sabiamente práctica están justificadas por una cadena de razonamientos. Ni el buen razonamiento teórico ni el práctico se mueven de manera circular, el pensamiento verdadero siempre presupone y progresa de manera lineal a partir de adecuados puntos de inicio. Debemos aclarar que la deliberación interna procede originalmente de una meta que es mucho más específica que la misma meta de ser feliz al actuar virtuosamente: «la prudencia, por tanto, es práctica; así que es preciso poseerla en lo general y en lo particular, y más bien en esto último. Aquí también, sin embargo, debe haber una disciplina arquitectónica.»[5] Así, la meta concreta se presenta a sí misma como el punto de partida (ayudar a un amigo en necesidad, apoyar una causa cívica valiosa), mientras que la forma en que lo vamos a lograr es determinada por nuestro carácter.

Si bien es cierto que el ser humano es libre en su querer y actuación, no lo es de forma absoluta: está limitado por la propia existencia fintita y singular. La libertad no se le presenta al ser humano como una opción, es necesaria, no puede escapar de ella. Pero nadie puede sustituirlo (a ti o a mí) en la dignidad y carga de tener que tomar libremente una postura, de la que ha de responsabilizarse. En términos de Sartre: «Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado […] porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace.»[6]

Uno de los contextos más complejos en los que debemos hacernos responsables de la postura o de la elección de alguna alternativa, es el moral, pues la decisión tomada podría afectarnos o afectar a los demás de un modo irreparable: por ejemplo cuando se trata de resolver un conflicto conyugal. Además, nuestro razonamiento se enriquece con el de los demás. De este modo el ejercicio de nuestra racionalidad implica un valor que nos vincula profundamente con los otros, pues se exige una justificación; es decir, dar razones (en sentido lógico) que respondan a la pregunta ¿por qué?, ¿por qué tomaste tal opción?, ¿por qué la elegiste de entre las demás? ¿Podríamos ignorar esos cuestionamientos? No, pues así como nosotros exigimos razones a los demás, también nosotros debemos ofrecerlas: el ejercicio de la libertad y de la racionalidad implica reciprocidad y el límite que nos marca el otro, y se desarrolla en el plano social.

Ahora bien, es verdad que algunas veces se pueden tomar decisiones sin hacer tantas consideraciones y de cualquier forma, obtener las consecuencias deseadas, y que incluso pueda decirse que si se consiguió lo que se quería ¿para qué preguntarse cómo se logró? No es suficiente haber conseguido lo que se pretendía; es preciso dar razones, pero no sólo por la justificación exigida, sino por la oportunidad de aprender de la misma decisión. Además, juzgar una decisión como adecuada o racional, no sólo depende del resultado, sino del proceso mismo para lograrlo.

La práctica explícita y consciente de decisiones racionales permite interiorizar eso que se practica, y es precisamente, en ese proceso donde se adquiere la habilidad, pues al considerar lo que se hizo para llegar a la decisión y de qué manera, se verifica un proceso metacognitivo el cual implica adquirir la habilidad como un patrón de conducta ejercitado. Es parecido a un entrenamiento deportivo.

Reconocer la fiabilidad del mecanismo usado en una exitosa elección nos da la oportunidad de aplicar tal mecanismo en otras situaciones, especialmente cuando sean abrumadoras y complejas, o bien comunicar a otros esta experiencia. Tal ejercicio conduce a la generalidad: en más ocasiones y por más personas se puede emplear. Es en el ámbito social donde validamos la confiabilidad de la razón.

Tres enfoques para el análisis de las decisiones morales

Las decisiones morales son sujetos al análisis lógico al menos desde tres enfoques: el inferencial, el dialéctico y el realista lógico.

Al primero le interesa estudio de la inferencia racional, que se define como un proceso cognitivo en el que se resuelve un asunto en función de la información disponible, bajo este enfoque, ser racional significa procesar bien la información. Respecto al tema que nos ocupa, tal información serían los principios morales que entran en juego en la deliberación. Por ejemplo, se requiere de un conjunto de principios (los de la justicia social) para definir la distribución apropiada de los mismos, para asignar derechos y deberes. Desde este enfoque, una buena decisión moral es aquella en la que se ha procesado bien la información o sea, que se ha inferido correctamente.

El enfoque dialéctico pone atención al proceso dialógico dado en la decisión o en la elección de la alternativa adecuada para resolver el problema en cuestión. En este modelo, un argumento es un fragmento discursivo cuya finalidad es producir convencimiento racional en el oyente. En nuestro caso, la decisión moral, como cualquier otro ejercicio de la racionalidad, tiene como objetivo principal el mejoramiento del agente racional a través de la excelencia de sus capacidades racionales, implica, además una dimensión afectiva que se manifiesta en disposiciones o actitudes con las que se enfatiza el rigor intelectual para evaluar la evidencia y determinar la fuerza o debilidad de los argumentos, pero también se ponen en práctica los valores como el respeto, la verdad, la claridad, la empatía, entre otros, que favorezcan una actitud abierta para escuchar las razones de los otros, enfatiza, por tanto, el diálogo. Se usa en lógica informal, pensamiento y razonamiento críticos.

El tercer enfoque, el de los realistas lógicos, tiene como propósito analizar formalmente las propiedades y relaciones lógicas que subyacen en los argumentos; es decir, le interesa determinar qué es lo que garantiza la validez de los argumentos. También evaluará los sistemas, deductivos o no, que pretendan modelar las inferencias que se dan en un contexto normativo, en este caso, en uno moral. Al realista lógico le interesa cualquier fenómeno en el que una relación lógica cubra no sólo la noción de consecuencia lógica, sino también nociones como la consistencia, la decibilidad, la incompatibilidad, etc.

Aplicación del enfoque inferencial en las decisiones morales

Algunos de los problemas morales que se presentan implican conflictos para la toma de decisiones, los agentes morales deben procesar bien la información; es decir, identificar, evaluar, construir nuevas razones que apoyan la verdad y con ello la aceptación de una evidencia dada y las consecuencias de la misma. El conflicto en dichos problemas involucran cambio en la evidencia dada: por ejemplo cuando una circunstancia distinta se añade, que conduce a la deliberación sobre cuál de las obligaciones que se le presentan debe cumplir.

En esa situación de cambio, el agente tendrá que determinar las consecuencias del mismo, su relevancia o no para la aceptación de la evidencia dada, que en el caso particular de los conflictos normativos, se traduce en la afirmación de la verdad de juicios del deber; es decir, afirmar que el agente tiene la obligación de hacer algo.[7] Por ejemplo, la obligación del psiquiatra a respetar el principio de confidencialidad. El conflicto se da cuando el agente está en una situación en la que debe hacer una acción A (respetar ese principio) pero también está obligado a no hacer A. Evidentemente, es imposible hacer ambas.

Esa decisión es inevitablemente una cuestión de juicio, y la teoría no puede ayudar del todo. La teoría sólo podría ayudar si pudiéramos ordenar los diferentes deberes específicos y generales por orden de importancia, de forma que conociésemos de antemano que, por ejemplo, siempre es más importante ayudar a los demás que mantener nuestras promesas. Pero ninguna ordenación semejante se corresponde con los hechos. Lo que está claro es que en ocasiones uno debe mantener sus promesas incluso a costa de terceros, y en ocasiones el coste de mantener nuestras promesas significa que aquí sería mejor incumplirías, siquiera una vez. Por ejemplo si he prometido visitar el fin de semana a mi madre, pero sucede que contraigo una infección que me produce fiebre; cumplir la promesa traería como consecuencia el riesgo de una complicación en mi salud y el contagio a mi madre. Por un lado está el deber de visitar a mi madre enferma y por el otro el deber de cuidar mi salud.

No existe una ordenación general de los diferentes tipos de deberes y como diferentes principios morales expresan diferentes deberes, específicamente los deberes prima facie, no es tampoco tan sencillo establecer tal ordenación.

Además de los deberes morales prima facie, arriba mencionados, hay otros como: fidelidad a las promesas, honestidad, justicia, decir la verdad o ayudar a las personas necesitadas. ¿Qué hacer cuando tras dar cobijo a un niño que está huyendo del maltrato de sus padres, vienen los mismos y me pregunta si sé dónde se encuentra su niño? Un caso como este mostraría que tengo que rechazar uno de mis principios. Pero sin duda esto es incorrecto. Los principios pueden sobrevivir a conflictos como este, aun cuando uno de ellos tenga que ceder (aquí no es correcto decir la verdad).

Nuestros dos principios afirman que tenemos un deber prima facie de decir la verdad y un deber prima facie de ayudar a las personas necesitadas. Cierto es que aquí tengo que elegir entre decir la verdad y ayudar al necesitado. Pero esto no vale para mostrar que debamos abandonar uno de los dos principios. De hecho sólo muestra que debemos mantener ambos, pues la existencia misma de un conflicto es la prueba de que importa el que uno diga la verdad (es decir, que tenemos un deber prima facie de hacerlo) y que importa que ayudemos a los necesitados cuando podamos hacerlo (es decir, tenemos un deber prima facie de hacer esto también). Uno de los principio es superado por el otro.

La relación moral con el otro implica deberes tanto categóricos como condicionales, éstos últimos se caracterizan por ser de tal manera (por ej., guardar un secreto) que serían deberes propios (categóricos) de no ser por la existencia de algún otro deber también significativo. En la relación terapéutica, por ejemplo, se destacan tres reglas morales como obligaciones del profesional: confidencialidad, veracidad y consentimiento informado.

Los conflictos normativos y morales se nos presentan con relativa frecuencia, los enfrentamos con nuestro sentido común normativo y con la guía de algunas normas. Sin embargo la teoría ética ideal no nos proporciona las razones suficientes a la hora de tomar la decisión. Requerimos evaluar la información que se añade. Se hace necesaria una lógica que permita el conflicto de deberes y que sea capaz de representar tanto nuestro pensamiento ético de sentido común y nuestro sentido común normativo. Pero además, si se considera la opción de crear un sistema inteligente diseñado para razonar acerca de conflictos normativos y lograr ciertas metas provistas para tal efecto por sus usuarios, es además posible que el mismo usuario, introduzca información que genere conflictos y el sistema no pueda procesarla para decidir cuál es más importante. También puede introducir información inconsistente al sistema y no es deseable que el sistema concluya que todo es verdad, que cualquier proposición la identifique como meta o tipifique como obligatoria.

Es importante considerar toda la información, todas las condiciones fácticas posibles que sean relevantes en una determinada situación normativa. De lo que se trata es de formalizar adecuadamente las relaciones de inferencia derrotables [8] o que se pueden bloquear, con el fin de representar nuestro razonamiento ante la presencia de conflicto: la de hacerlo con información que sólo autoriza a sacar una conclusión a falta de otros datos y, por tanto, la de cambiar dicha conclusión si nueva información nos es proporcionada.

La mayoría de nuestras inferencias comunes se hacen bajo ciertos supuestos, como puede ser la ausencia de otra información, son no-monotónicas [9] y, por tanto, derrotables, bloqueadas y, en cierto modo, provisionales. Al considerar los deberes, las normas, como condicionados por las circunstancias y derrotables, el modelo más adecuado para este razonamiento es de las lógicas no-monotónicas, el caso de las excepciones; es decir, de aquellas situaciones que se apartan de la regla general, de lo habitual o lo normal.

El ejemplo más ferecuentemente aludido en la literatura sobre el razonamiento derrotable es inferir que un animal particular puede volar a partir del hecho de que es un ave, pero abandonar tal inferencia cuando se añade el siguiente dato: que el animal es un pingüino. En el caso de los deberes prima facie, por ejemplo, debemos cumplir nuestras promesas dadas circunstancias normales, pero cuando éstas circunstancias cambian y al romper una promesa por aliviar la aflicción de alguien, estamos obligados a actuar en función de ese cambio. Sin embargo, siguiendo a Ross la obligación de cumplir las promesas permanece.[10]

Los deberes prima facie son deberes condicionales que se pueden modelar con la lógica no monotónica. La idea de no-monotonicidad se introduce al considerarse que los deberes condicionales más específicos bloquean los más generales —como sucede en el caso de las excepciones. En concreto, entre dos obligaciones o deberes incompatibles, el general y el especial o excepcional, prevalece el segundo. La derrotabilidad de las conclusiones se establece por tanto ante la posibilidad de excepciones a deberes generales.

Además del análisis que propone el enfoque inferencial, la lógica realista analizará cómo se manifiesta la consecuencia lógica en los modelos propuestos por la lógica no monotónica, y estudiará las propiedades dadas ente los objetos del modelo propuesto.

Conclusiones

La ética y la lógica contribuyen, pues al análisis del comportamiento moral y toma de decisiones, ya que la primera ayuda a identificar los valores y reglas morales que los han orientado, y la segunda provee de instrumentos racionales para su fundamentación. El estudio de ambas disciplinas nos ayuda a vivir mejor, a estar mejor en el mundo, a lograr una vida más feliz o, al menos, a ensanchar y enraizar nuestro bienestar y, claro, conseguir lo que queremos.

En ese proceso, nos enfrentamos a todo tipo de situaciones, en algunas de ellas debemos tomar decisiones, mismas que pueden tener algún tipo de implicación moral. Si bien, cualquier tipo de decisión requiere análisis y fundamentación, las decisiones morales aún más, pues su repercusión afecta de manera profunda la vida de las personas involucradas en la decisión. Es por ello, que vale la pena considerar cuidadosamente las alternativas de solución, evaluarlas y determinar, razonadamente, cuál es la mejor.

El razonamiento práctico debe actuar en una compleja red de situaciones, mismas que requieren que la deliberación no se base fundamentalmente en los principios generales, sino atendiendo la particularidad de cada situación. La prudencia, virtud propia de la correcta deliberación, es, según Aristóteles, un hábito práctico que tiene como finalidad hacernos buenos, conducirnos a la vida buena. Todos los fines y bienes que se nos presentan deben ser armonizados en función de la vida buena. Determinar la jerarquía de tales bienes, requiere de educación. Dado que la virtud es fruto de la costumbre y que las adquirimos ejercitándolas, no es por medio de la enumeración de una serie de habilidades intelectuales para caracterizar la naturaleza y los métodos de una persona prudente, sino se debe tener en cuenta el carácter, la educación de los deseos y la flexibilidad de éstos últimos. Además de la experiencia. «El hombre de buen consejo, absolutamente hablando, es el que, ajustándose a los cálculos de la razón, acierta con lo mejor de lo que puede ser realizado por el hombre.» [11]

El ser humano es un ser esencialmente abierto a los otros y, por tanto social, comunitario, por lo que el ejercicio de su libertad y racionalidad se realiza precisamente con los otros. Es por ello, que las decisiones morales que tomemos deberían seguir un método confiable, del que seamos conscientes y que podamos evaluar. La lógica nos ofrece herramientas tanto para la mejor toma de decisiones, como para la evaluación de las inferencias involucradas en las mismas. •

[1] Buber 1949 p. 146.

[2] Gómez, 1983 Libro II Cap. 7, 1108a

[3] Gómez, 1983, Libro VI, Cap. 7, 1142b

[4] Gómez, 1983, Libro VI, Cap. 7, 1143a

[5] Gómez, 1983, Libro VI, Cap. 7, 1143b

[6] 7artre, 1971, p. 8

[7] Cfr. Neri-Castañeda, 1993, pp. 22-23

[8] La traducción del vocablo inglés ‘defeasible’ no deja de resultar problemática. En este trabajo se ha optado finalmente por usar el término‘derrotable’, en línea con la jerga de la filosofía analítica hispana. Una inferencia así es una que estamos habilitados para dar por buena en tanto en cuanto no se cumplan, o no sepamos que se cumplen, ciertas circunstancias que la anularían, cancelarían o derrotarían.

[9] Las lógicas no monotónicas, utilizan una noción de consecuencia lógica que no satisface, en el metalenguaje, una propiedad análoga al principio de refuerzo del antecedente del lenguaje objeto: la monotonía. Básicamente, la monotonía es la propiedad de una relación de consecuencia lógica según la cual todas las consecuencias lógicas de un conjunto de enunciados se mantienen al añadir elementos al conjunto. Los estudios sobre lógicas no monotónicas en el área de la inteligencia artificial se inauguran con John McCarthy y Patrick Hayes en 1969. Diferentes enfoques fueron desarrollados en trabajos como [Minsky, 1975], [McCarthy, 1977], [McCarthy, 1979], [Reiter, 1980] y [McDermott y Doyle, 1980].

[10]"Cuando consideramos que estamos justificados, y ciertamente moralmente obligados, a romper una promesa... no dejamos de reconocer al mismo tiempo una obligación prima facie de cumplir nuestra promesa "When we think ourselves justified in breaking, an indeed morally obliged to break, a promise... we do not for the moment cease to recognize a prima facie duty to keep our promise." Ross, Sir David (1930): The right and the good, Oxford University Press, pág.28

[11] Gómez, 1983, Libro VI, Cap.7, 1143a

NOTAS

[1] Popper, (1994) El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racionalidad, Paidós, Barcelona 1997. p. 14

[2] Buber (1949) p. 146.

[3] EN, Libro II Cap. 7, 1108a

[4] EN, Libro VI, Cap. 7, 1142b

[5] EN, Libro VI, Cap. 7, 1143a

[6] EN, Libro VI, Cap. 7, 1143b

[7] Cfr. Neri-Castañeda, Héctor. Pensar y Hacer, UNAM, 1993, pp. 22-23

[10] Cuando consideramos que estamos justificados, y ciertamente moralmente obligados, a romper una promesa... no dejamos de reconocer al mismo tiempo una obligación prima facie de cumplir nuestra promesa «When we think ourselves justified in breaking, an indeed morally obliged to break, a promise... we do not for the moment cease to recognize a prima facie duty to keep our promise». Ross, Sir David (1930): The right and the good, Oxford University Press, pág.28

[11] EN, Libro VI, Cap.7, 1143a

Referencias:

· Buber, Martin (1949) ¿Qué es el hombre?, FCE.

· Gómez Robledo, Antonio.(1983) Etica Nicomaquea, introducción, traducción y notas, UNAM, México.

· Grassian, V.(1992), Moral Reasoning, Prentice Hall.

· Little, J Frederick.(1980) Critical Thinking And Decision Making. Toronto, Butterworths.

· Morado, Raymundo (compilador). (1999) La razón comunicada: Materiales del taller de Didáctica de la lógica. Torres Asociados- UV-TDL.

· Pizarro, Fina, (1986), Aprender a razonar, Madrid, Alambra. Weston, Anthony (1994) Las claves de la argumentación, Editorial Ariel, Barcelona.

· Sartre, Jean Paul (WEBLIOTECA DEL PENSAMIENTO, 1977) http://www.weblioteca.com.ar/

· Weston, Anthony (1994) Las claves de la argumentación, Editorial Ariel, Barcelona.

· Imagen: Jamie Beck

ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS

2011-09-25T16:07:00.006-05:00

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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El estudio dogmático se refiere a la caracterización de los elementos de un «delito», entendiendo por éste una conducta antijurídica típica o específica, culpable y punible.

Es importante llevarlo a cabo porque el derecho penal se basa en el binomio delito/pena, en el cual ésta es la consecuencia legítima de aquél. Hay que recordar también que en esta materia sólo puede aplicarse una pena a una conducta cuando coincide exactamente con el tipo penal o descripción legal del delito, quedando prohibida la analogía, la irretroactividad, &c, además de que la sujeción a un proceso penal está resguardada constitucionalmente por las garantías individuales con sus respectivas sub-garantías, como las de seguridad jurídica, legalidad, igualdad, audiencia y otras más, de las que encontramos paradigmas en los artículos 13, 14, 16-22 y demás relativos aplicables de la Constitución mexicana.

Antes de iniciar un estudio dogmático debe considerarse que el delito se comete en un ámbito espacial o territorio con jurisdicción, en un ámbito temporal (los delitos sólo se juzgan con las leyes vigentes en el momento de su comisión) y en el ámbito personal (nadie es inmune a las disposiciones de la ley, y cada quien es responsable sólo de su propia conducta).

Los elementos del delito son la tipicidad, la anti-juridicidad y la culpabilidad (hay otras teorías que, en forma un tanto redundante, incluyen siete elementos: conducta, tipicidad, anti-juridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas y punibilidad). Si falta alguno de estos elementos no hay delito.

Los delitos solamente pueden ser de dos tipos: dolosos (cuando se hacen intencionalmente) o culposos (cuando no se hacen a propósito). No hay delito cuando alguien es obligado a cometer un acto punible por causas extrañas a su voluntad.

Pueden realizarse por acción o por omisión (cuando se deja de hacer algo que debería hacerse).

El delito es instantáneo si se consuma en un solo momento, es continuado cuando hay repetición de la conducta y permanente cuando la consumación se prolonga.

En un hecho delictivo puede haber concurrencia o concurso de delitos. Hay concurso real cuando se cometen varios delitos en actos distintos; hay concurso ideal cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales: esto es importante en términos de la punibilidad o el tipo de pena/sanción aplicable al delito en cuestión.

En este punto del análisis es importante mencionar que los códigos penales suelen proporcionar definiciones precisas de lo que constituye cada delito, o al menos una que pueda deducirse del contenido del artículo. Por ejemplo, el Código Penal Federal mexicano dice en su artículo 302 que «comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro», o en su artículo 173-I que se aplicará una pena por el delito de violación de correspondencia «al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él». Conocer la definición legal del delito es básico para su estudio dogmático.

La atribuibilidad se refiere a quién comete el delito, es decir, la autoría. Sólo se puede atribuir un delito a una persona imputable, aquella que pudo comprender que su conducta era indebida y a la que podía exigírsele otra conducta, que tenía capacidad de juicio, que era mayor de edad, &c. Un loco es inimputable, al igual que un niño.

Debido a que cada delito sólo puede ser castigado por una ley exactamente aplicable, es necesario que existan los presupuestos del delito, es decir, la ley propiamente dicha que prevé una conducta delictiva, los sujetos que se requieren para que esa conducta tenga lugar (como mínimo suelen ser un activo o agente y un pasivo o víctima) y los objetos; el objeto material es la persona sobre quien recae el daño, y el objeto jurídico es el bien jurídico tutelado por la ley. Por ejemplo, en el caso del homicidio solamente las personas físicas pueden ser sujeto y objeto; el objeto material es la persona a quien se ha privado de la vida, mientras que el bien jurídico tutelado es la vida humana. En el delito de rebelión los sujetos activos son los no-militares que se alcen en armas, el sujeto pasivo es el Estado, el bien jurídico tutelado es la seguridad del Estado, &c.

La conducta (típica) o el verbo núcleo del tipo es la descripción de la acción en que consiste realmente el delito, aunque el verbo solo rara vez alcanza para describir la conducta. En el caso del homicidio el verbo núcleo es «privar de la vida a otro», en el caso del delito de rebelión es «alzamiento en armas», en el robo es «apoderarse de una cosa mueble, sin derecho y sin consentimiento… (367 CPF)», en el fraude es «hacerse ilícitamente de una cosa» o «alcanzar un lucro indebido engañando a uno o aprovechándose del error en que se encuentra». En el delito de encubrimiento (400 CPF) hay varios posibles verbos núcleo:

I. …adquiera, reciba u oculte el producto… compre o expenda…
II. …preste auxilio…
III. … no procure [impedir]…
IV. …altere, modifique o perturbe el lugar o huellas…
V. …desvíe u obstaculice la investigación…

Los elementos normativos forman parte del tipo penal, pero requieren una valoración jurídica y/o cultural. Por ejemplo, si se dice que «Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento (…)» hay que comprobar si la cosa en cuestión fue sustraída, si realmente ese bien lo sustrajo alguien que no es el propietario o el tenedor legítimo de la cosa, &c.

Los elementos subjetivos específicos del delito son las situaciones psíquicas del sujeto activo al realizar la conducta, es decir, el propósito, ánimo o tendencia, aunque con frecuencia sólo se pueden presumir, no se pueden demostrar absolutamente. Por ejemplo, en el Código Penal Federal mexicano un delito de abogados es «alegar a sabiendas hechos falsos (231)». Hay hostigamiento sexual cuando «con fines lascivos asedie… (259 bis)», y el encubrimiento por receptación se hace «con ánimo de lucro (400, f I)».

Los elementos objetivos son las circunstancias o requisitos que deben reunirse para que una acción sea considerada delito, y equivalen a la anti-juridicidad o al daño material o a un interés jurídico. Para que haya homicidio, por ejemplo, debe haber privación de la vida; para que haya robo debe haber apoderamiento sin derecho de una cosa ajena.

El nexo causal es la vinculación entre la conducta y el resultado, o causa-consecuencia. El resultado de la conducta ‘disparar un arma’ puede ser ‘privar de la vida’. En el delito de encubrimiento la conducta ‘obstaculizar la investigación’ el resultado es que ‘se afecta la administración de justicia’.

El medio comisivo es la forma en la que se comete el delito. Por ejemplo, en el caso del encubrimiento consiste en «encubrir teniendo conocimiento del delito»; en el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad es «hacer una declaración faltando a la verdad», en el delito de pornografía infantil es «producir imágenes con representaciones de exhibicionismo sexual con menores (…), realizar materialmente las tomas, (&c)». A menudo esta descripción coincide con la conducta núcleo del tipo.

El resultado de un delito es formal cuando contraviene una disposición legal, y es material cuando además tiene consecuencias en la realidad. Por ejemplo, el delito de inseminación artificial no consentida es formal cuando se lleva a cabo, pero es material cuando se produce un embarazo no deseado. El resultado del homicidio es material.

En cuanto a determinar si el tipo penal establece circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión la cuestión es un tanto capciosa. Teóricamente la ley no las establece, o al menos a muchos juristas obtusos les gusta pensar que es así, aunque sí se encuentran de hecho circunstancias específicas en los casos en particular, mismas que también pueden desprenderse de la descripción de cada tipo penal, señaladas a menudo como atenuantes y agravantes. Estas condiciones del caso particular, empero, deben ser consideradas obligadamente por el juzgador (52, Código Penal Federal mexicano). Compárense, por ejemplo, las condiciones del robo en despoblado, del abigeato, si hubo escalamiento o allanamiento, y el robo famélico; o si el homicidio fue imprudencial, se cometió con agravantes o en legítima defensa, casos en los que no se pueden excluir las discutidas circunstancias.

Finalmente, vale señalar que todo lo anterior conduce al concepto de cuerpo del delito, que se define como «el conjunto de elementos que figuran en la descripción legal del hecho» (y que poco o casi nada tiene que ver con el cuerpo de evidencia que existe en el derecho de origen británico): se toman en cuenta, pues, los elementos del tipo penal, los componentes de la descripción contenida en el Código Penal o normas especiales. La ley suele exigir pruebas específicas para la comprobación del cuerpo de algunos delitos. Para probar el cuerpo del delito es necesario demostrar la existencia de todos sus elementos; si esto no ocurre, no se habrá acreditado al cuerpo del delito ni será jurídicamente posible que el Ministerio Público promueva el proceso penal: del cuerpo del delito, entonces, depende el procesamiento o la exoneración de una persona, su reclusión o su libertad, en muchos casos. •

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REFERENCIAS

· Amuchategui Requena, Griselda. Derecho Penal. Oxford , Tercera edición. México, 2009.
· Caballero Fuentes, César. Derecho procesal penal. Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla. México, 2002.
· Enciclopedia Jurídica Omeba. DVD-rom. Buenos Aires, Argentina, 2009.
· Guiza Alday, Francisco J. Código penal y de procedimientos penales para el estado de Guanajuato comentado y concordado. Ediciones Atenas. Celaya, Gto. 2003.
· Jiménez Huerta, Mariano. Derecho penal mexicano. Tomo V. Editorial Porrúa. México, 2003.
· Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2005.

IMAGEN:

· Alexandre Cabanel. Cleopatra probando venenos en prisioneros condenados.

Irretroactividad y Analogía

2011-09-04T15:18:00.009-05:00

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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El artículo 14, inscrito en el Título Primero, Capítulo I (De las Garantías Individuales) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de particular importancia para comprender la importancia de las figuras jurídicas de la irretroactividad y analogía. El aludido dice a la letra:

«Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre de 2005)

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.
(Modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986)

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho.»

En relación a los conceptos expresados por el ordenamiento señalado, vale comentar que la retroactividad se entiende como una eficacia excepcionalmente reconocida a la ley en virtud de la cual puede afectar a hechos, actos o situaciones jurídicas ocurridos o creados con anterioridad al momento de la iniciación de su vigencia. La irretroactividad, por su parte, se entiende como el principio jurídico que impide la aplicación de una ley nueva a actos realizados de acuerdo con otra anterior que los autorizaba o bien a hechos producidos antes del comienzo de su vigencia.

La única forma de retroactividad aceptada —por razones humanitarias— por los sistemas liberales de gobierno es la de la ley penal favorable al delincuente.

El uso del binomio retroactividad/irretroactividad puede considerarse una forma de técnica de la producción normativa.

La analogía se entiende como la relación entre un caso previsto expresamente en una norma jurídica y otro que no se encuentra comprendido en ella, pero que, por similitud con aquél, permite igual tratamiento jurídico, sin agravio para la justicia. El artículo 14 prohíbe expresamente la analogía en los juicios de orden criminal, como lo hacen otros ordenamientos de corte liberal en otros países, apegándose a los principios contenidos en aforismos como el de nullum crime sine lege y nulla poena sine lege.

Por otra parte, en mi opinión y a un lado de todo lo que nos ilustra la doctrina, probablemente el aspecto más importante de la presente disposición constitucional es, básica y simplemente, la protección de los derechos adquiridos por el pueblo.

Ignacio Burgoa Orihuela explica que el artículo 14 tiene contenido público derivado de la garantía correspondiente, es decir, que «toda autoridad del Estado está impedida para aplicar una ley retroactivamente en perjuicio de alguna persona». También colige, con base en la redacción del artículo que nos ocupa, que se entiende que se trata de una garantía contra su aplicación y no contra su expedición, por lo que de haber una nueva ley que incurra en esta situación no puede aplicarse a ningún sujeto prohibido por el 14, ni a un caso determinado, para evitar afectaciones a derechos adquiridos previamente, si bien aclara que no hay problema cuando la aplicación retroactiva es válida cuando no perjudica personalmente a nadie.

Burgoa explica también que el principio de irretroactividad puede rastrearse hasta Cicerón, y que en México está consagrado desde la Constitución de 1824, manteniéndose en las legislaciones posteriores, con especial interés en el aspecto legislativo. Este autor cita además que la Constitución del Estado de Maryland (EUA) establece en el artículo XV que «Las leyes retroactivas, que declaren criminales o castiguen actos cometidos antes de la existencia de dichas leyes, son opresivas, injustas e incompatibles con la libertad», en consonancia con la Constitución federal respectiva, mientras que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se encuentra al principio concretado a la materia penal, estableciendo que «La ley no debe establecer sino las penas estrictamente necesarias y ninguno podrá ser castigado sino en virtud de ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada».

COMENTARIOS SOBRE LA IRRETROACTIVIDAD

Josserand dice que la razón de ser de la irretroactividad se deduce de la autoridad misma de la ley; para que la ley inspire confianza a quienes han de obedecerla es indispensable que los actos que ocurren bajo su dominio subsistan sin variación, ya que de no ser así la vida jurídica carecería de seguridad y la arbitrariedad acabaría por arruinar la autoridad misma de la ley. Para este autor, la tesis de que deben respetarse los derechos equivale a decir que no debe traicionarse la confianza que ponemos en la ley, y que los actos realizados bajo su protección deben permanecer intactos. Du Pasquier considera a la irretroactividad como una regla de la moral legislativa. Para Portalis la imposición de leyes retroactivas sería irracional, por cuanto lesiona principios elementales de seguridad e implica una injusticia y un desorden. Constant, en coincidencia con lo anterior, señala que la ley retroactiva significa el mayor atentado que un legislador puede cometer contra la sociedad, ya que representa la negación del pacto social y la nulidad de las condiciones fijadas para la obediencia de las leyes.

Battaglia dice, por su parte, que la no-retroactividad de las leyes, aunque esté reconocido por los más importantes sistemas jurídicos y políticos, no posee un valor absoluto, sino que topa con límites patentes, ya que la determinación de la retroactividad o irretroactividad se da más en el ámbito político que en el legislativo.

Rafael de Pina señala que frente al problema de la retroactividad e irretroactividad de la ley no es aconsejable la adopción de un criterio exclusivo, pues la irretroactividad indiscriminada y tajante supondría, en ciertos casos, mantener situaciones inicuas, como en el caso de una ley que, destinada a combatir la usura, necesitaría tener efecto retroactivo para destruir situaciones creadas por una ley anterior al amparo de la cual se hubieran producido contratos inmorales y leoninos.

El artículo 14 constitucional deja la duda de si la prohibición terminante de «no dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna» se refiere al legislador o al juez, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que no puede aplicarse al primero y que el destinatario es el segundo, junto a los tribunales y en general a las autoridades encargadas de la aplicación. De esto resulta que se producen resquicios por donde pueden colarse, por ejemplo, disposiciones fiscales. Vale señalar también que, con frecuencia, la irretroactividad es inaplicable para cuestiones de derecho administrativo de orden público.

De lo anterior se desprende también, sin embargo, que reconocer que la retroactividad no puede afectar a los derechos adquiridos no supone necesariamente rechazarla de manera absoluta: en realidad los derechos se adquieren —o se consolidan, al menos— bajo el imperio de la ley.

En consonancia con el artículo en estudio, el artículo 5 del Código Civil para el Distrito Federal establece el mismo principio de irretroactividad.

COMENTARIOS SOBRE LA ANALOGÍA

La aplicación analógica de la ley (o analogía) constituye un método muy antiguo utilizado para resolver casos. Se basa en aforismos como ubi eaden ratio, ibique eadem legis dispositio. No es una actividad creadora de derecho, puesto que la norma aplicada no es elaborada por el juez, sino que existe con anterioridad a su uso.

En opinión de Du Pasquier la analogía se funda en la ratio legis, sobre el razonamiento a pari ratione, y no en la identidad de los hechos jurídicos.

Para Clemente de Diego la analogía se funda en el sentimiento de igualdad propio de la justicia: a igualdad de caso, igualdad de tratamiento (aunque no haya dos hechos absolutamente idénticos sí hay elementos esenciales jurídicamente relevantes, circunstancias y elementos que permiten decidir a través de la ratio juris).

La analogía es un método que encierra el peligro evidente de cometer graves injusticias cuando se toman como semejantes o análogos a casos que tengan la apariencia de tales, pero que realmente no lo sean (como en el caso de una congestión alcohólica versus una reacción secundaria a un fármaco médicamente prescrito que hace que el paciente se comporte como un ebrio bajo determinada circunstancia). No obstante, la analogía tiene todavía un uso extendido en la aplicación de la ley.

El Código Civil para el Distrito Federal mexicano hace claras referencias a la analogía en sus artículos 1858, 1859, 2331 y 2746.

El artículo 75, fracción XXIV, del Código de Comercio, establece que cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los listados en fracciones anteriores también tendrán carácter de actos de comercio, con lo que se prevé el uso de esta técnica para regular casos no contemplados expresamente.

Según diversos autores, para que el juez pueda emplear la analogía no es necesario que esté permitida expresamente por el legislador: basta con que no esté prohibida (como en el caso de las leyes penales), toda vez que el ejercicio de los derechos es libre si no está limitado o no posee excepciones formuladas expresamente. En este aspecto, aunque resulta cuestionable la facultad de un juez para resolver casos concretos sin el uso de normas positivas, por una parte, para quienes acepten la analogía como principio la decisión del juez sería, por eso mismo, correcta. Por tal razón debería formularse con toda claridad qué es lo que debe entenderse por Principios Generales del Derecho. •

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REFERENCIAS

· Burgoa Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales. Editorial Porrúa, México. 2000.
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
· Enciclopedia Jurídica Omeba. DVD ROM. Buenos Aires, Argentina, 2009.
· Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2001.

· Imagen: Vanidad, por Pino D'Angelico

Breve Introducción a la Balística Forense

2011-08-22T00:33:00.003-05:00

Maricela Cruz Jiménez

maricelacruzj@yahoo.com.mx
www.galeon.com/maricelacruz

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La Balística Forense es una ciencia rama de la criminalística, que estudia las armas y el movimiento de los proyectiles. Se aplica para el esclarecimiento de los hechos delictuosos. También estudia los efectos producidos en el blanco: determina el arma o armas y proyectiles utilizados, la distancia, el ángulo de tiro, la trayectoria, la posición del blanco, el trayecto del proyectil en su interior, el número de disparos efectuados, y si se recoge vaina y/o proyectil, puede determinar si ha sido disparado o no por el arma sospechosa.

El perito en balística participará en aquellos hechos en que se encuentren armas de fuego o elementos relacionados con ellas. Es frecuente que se solicite su intervención para esclarecer delitos como asaltos, homicidios, suicidios, lesiones, portación ilegal de armas, daño en propiedad ajena, amenazas y otros más.

Normalmente, el perito en balística desempeña sus actividades en el laboratorio. La mayor parte de los dictámenes que se realizan en esta materia necesitan apoyarse en equipos como el microscopio de comparación y la tina de disparos. También requieren de información bibliográfica auxiliar o computarizada.

La balística forense se encuentra dividida en tres áreas: balística interior, que estudia el movimiento del proyectil mientras se encuentra dentro del cañón; balística exterior, que considera el movimiento del proyectil desde el momento en que abandona el cañón hasta que alcanza el blanco, y balística terminal, que analiza el efecto del proyectil sobre los cuerpos sólidos.

La balística interior se ocupa de la temperatura, el volumen y la presión de los gases producidos por la combustión de la carga propulsora en el cañón, que puede llegar hasta 2871° C; tiene también que ver con el efecto de la expansión de esos gases sobre el cañón y el proyectil. Algunos de los elementos críticos implicados en el estudio de la balística interior son la relación entre el peso de la carga y el peso del proyectil, la medida del calibre, así como las condiciones de mantenimiento del arma de fuego.

La Balística exterior estudia la forma de los proyectiles, el calibre, el peso, las velocidades iniciales, la rotación, la resistencia del aire y la gravedad, los cuales constituyen los elementos que inciden en la trayectoria de un proyectil desde el momento en que abandona el cañón hasta que alcanza el blanco. En su salida del cañón la bala se acompaña de gas, llama, granos de pólvora, humo, residuos de fulminante, partículas metálicas desprendidas del proyectil y el metal vaporizado de éste y del cartucho.

La balística terminal o de efectos estudia lo que los proyectiles causan al blanco establecido.

HERIDAS POR ARMA DE FUEGO

Las lesiones por arma de fuego se dividen en heridas por proyectil simple y heridas por proyectil compuesto.

Las primeras suelen constar de orifico de entrada, trayecto y orificio de salida. El orificio de entrada es redondo cuando el proyectil entra en ángulo de 90°, y alargado cuando entra en forma oblicua. Suele provocar un anillo de enjugamiento y un anillo de contusión.

TIPOS DE DISPARO

Existen diferentes clases de disparo según la distancia a que se realizaron:

a) DISPAROS DE CONTACTO. Producen el signo de Hofmann o de «boca de mina» cuando se hacen en contacto directo con la superficie corporal. La herida tiene forma estrellada, de aspecto desgarrado, debido a la acción de los gases desprendidos por la combustión de la pólvora en su inmediata proximidad. En su interior la herida aparece ennegrecida por el depósito de humo y por los granos de pólvora incrustados.

b) DISPAROS A CORTA DISTANCIA. Cuando el disparo se realiza a menos de un centímetro se produce sobre la superficie impactada una superposición de manchas (tatuajes), así como quemadura alrededor del orificio.

c) DISPAROS A DISTANCIA INTERMEDIA. La incrustación de los granos de la combustión incompleta en la piel provoca micro-contusiones y forma el tatuaje verdadero. La adhesión superficial del humo constituye el falso tatuaje o ahumamiento. Se presenta quemadura, que a su vez produce piel apergaminada y pelo quemado.

d) DISPAROS DE LARGA DISTANCIA. Producen un anillo de contusión, es decir, una zona sin epidermis situada por fuera del anillo de enjugamiento a causa de la fricción y el calor al momento del paso del proyectil por los bordes del orificio de entrada. El anillo de enjugamiento, que se encuentra alrededor del orificio de entrada, es negro debido al polvo y al lubricante que el proyectil arrastra. Juntos, el anillo de contusión y el de enjugamiento forman el halo de Fisco.

e) POR PROYECTIL DE REBOTE. Los proyectiles que han rebotado en una superficie dura producen un orificio de entrada más grande, con bordes rasgados. El anillo de contusión es grande e irregular debido a la pérdida de velocidad del proyectil.

TRAYECTO

Se denomina trayecto al recorrido del proyectil en el cuerpo de la víctima. Por lo común sigue una línea recta, pero puede ser que migre o se desvíe, dependiendo del calibre del proyectil, la distancia y la densidad de los órganos. Durante el trayecto el proyectil puede provocar fracturas, lesiones graves o hasta licuefacción de órganos internos. Con el estudio del trayecto se puede determinar el tiempo de sobrevida de la víctima, aunado a su estado de salud previo, edad, género, estura y peso.

ORIFICIO DE SALIDA

El orificio de salida es la lesión provocada por la bala después de atravesar el cuerpo. A diferencia del orificio de entrada, el orificio de salida no tiene anillo de enjugamiento ni de contusión; la forma es irregular, los bordes son evertidos, hay ausencia de tatuaje, a veces es desgarrado. Su tamaño no está directamente relacionado con el calibre del proyectil; varía, pudiendo incluso ser más grande. El perito debe tomar en cuenta la fragmentación del proyectil, su desviación, el tipo de tejido que interese y la edad de la víctima. Cuando hay un orificio regular y otro mayor e irregular, el segundo es el de salida

HERIDAS POR PROYECTIL COMPUESTO

Otro tipo de lesiones comúnmente evaluadas por el perito en balística son las producidas por escopetas, armas que disparan perdigones. Este tipo de heridas suele tener un orificio de entrada característico, ya que a medida que la distancia de disparo aumenta crecerá también el diámetro de la herida. Una escopeta de caza calibre 12 con cañón cilíndrico, a un metro de distancia, produce un solo orificio de entrada del orden de los 3 cm. Este orificio tiene un contorno ondulante, carece de anillo de enjugamiento y puede tener orificios de entrada satélite debidos a perdigones periféricos. Cuando el disparo se produce a partir de aproximadamente un metro de distancia, comienzan a aparecer orificios producidos por perdigones aislados y dispersos: cada perdigón actúa como un proyectil independiente. La dispersión de los perdigones toma lugar en forma de cono, que se denomina «rosa de dispersión».

Cuando se hacen disparos a distancias comprendidas entre los 30 y los 90 cm con armas de calibre 12, 16 ó 20, suelen ser observables en las lesiones unas marcas en forma de pétalo, o de cruz de Malta, en torno al orificio de entrada. Estas son producidas por el plástico del cilindro. Cuando el disparo se realiza a distancias mayores, los tacos (piezas de madera, metal o plástico) se desvían de la trayectoria de los proyectiles y pueden dejar su marca al lado del orificio de entrada, sin penetrar. En estos casos no son frecuentes los orificios de salida puesto que la mayoría de los perdigones ceden toda su energía en el cuerpo de la víctima. Es importante tener en cuenta que, en todos los casos de heridas producidas por escopetas, la distancia de tiro puede ser determinada con precisión mediante disparos experimentales con la misma arma y tipo de cartuchos utilizados en los hechos.

CONCLUSIONES

La fascinación del trabajo del perito en balística forense estriba en su marco teórico y práctico, así como en la relación que debe establecer entre distintas disciplinas del conocimiento, tales como derecho, medicina, fotografía, cartografía, dibujo, física, química, etcétera. Su finalidad principal es el esclarecimiento científico de la verdad histórica de un hecho para colaborar en la impartición de justicia. •

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REFERENCIAS

· Artículo previamente publicado en la revista «Imagen Médica» Nº 5, septiembre-octubre 2008, Pp 36-39, bajo la dirección editorial de Miguel Angel Gutiérrez.

· Foto: MAG

Análisis Jurídico del Monte de Piedad

2011-08-03T23:51:00.002-05:00

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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ANTECEDENTES

El Nacional Monte de Piedad de México es una Institución de Asistencia Privada, sin fines de lucro, fundada en 1775 (hace 236 años) por Pedro Romero de Terreros, Primer Conde de Regla —bajo el reinado de Carlos III— con la finalidad de otorgar préstamos prendarios a quien lo requiera, dedicada a realizar labores de carácter asistencial y humanitario. El capital inicial fue de 300’000 pesos oro para obra asistencial, dinero destinado del propio peculio del Fundador. Francisco Carabantes fue la primera persona en empeñar un aderezo de diamantes por el cual se le prestaron 40 pesos oro, recuperándola en agosto de ese mismo año, dejando una limosna de 8 reales.

Durante su primer año de operación el Nacional Monte de Piedad había realizado 17’000 operaciones de empeño, lo que equivalía a un cuarto de la población que tenía entonces la Ciudad de México.

La institución ha sabido continuar tras la Independencia, la Invasión Francesa y las Leyes de Reforma, La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. A lo largo de estas crisis el Nacional Monte de Piedad se convirtió en uno de los centros de financiamiento cotidiano abierto a todos los sectores de la población.

Tras la Independencia el Real y Sacro Monte de Piedad de Ánimas empezó a ser conocido como Nacional Monte de Piedad, que actualmente dice atender a uno de cada cuatro hogares en el país; es el líder del mercado prendario. Cuenta con 169 sucursales en el país y recibe alrededor de 33 millones de artículos anualmente, con sus respectivos contratos prendarios, a través de sus diferentes sucursales distribuidas en toda la geografía nacional.

En 2010 la institución atendió a más de 8 millones de familias en 25 millones de operaciones prendarias, con una derrama monetaria en préstamo total por 21 mil millones de pesos.

En relación con su labor asistencial, anualmente respalda a un promedio de 450 instituciones de asistencia privada, y en los últimos 10 años ha autorizado donativos por poco más de 2’400 millones de pesos, a decir de la propia institución.

Dentro de sus objetivos declarados están, por un lado, brindar liquidez inmediata mediante el otorgamiento de préstamos prendarios con la tasa baja de interés para ayudar a los que tengan necesidades monetarias urgentes. Por el otro lado, destinar el remanente de la operación prendaria a proyectos asistenciales mediante otras instituciones de asistencia privada que ofrecen sus servicios a niños, jóvenes, adultos mayores, enfermos carentes de recursos en áreas de protección, salud, trabajo y educación, entre otros.

Su objeto social declarado es:
· Celebrar contratos de préstamo prendario
· Realizar obras asistenciales
· Ayudar a los pequeños artesanos a vender sus artículos

ANÁLISIS JURÍDICO

El «Monte de piedad» basa su operación en el Código Civil; en el caso del Distrito Federal en el título XIV, que establece las disposiciones relativas al contrato de prenda en sus artículos 2856 al 2892. En este último, el mencionado Código dice que «respecto de los montes de piedad, que con autorización legal prestan dinero sobre prenda, se observarán las leyes y reglamentos que les conciernen, y supletoriamente las disposiciones de este título».

El Monte de Piedad opera a partir del «empeño», es decir, proceso en el que el usuario o pignorante recibe en forma inmediata una suma de dinero en efectivo a cambio de dejar en depósito y, a modo de garantía, una prenda de su propiedad. Existe una gran variedad de artículos que pueden empeñarse, una vez que se cumplan requisitos como presentar identificación oficial, &c, aunque el Monte no asume responsabilidad alguna por el origen de las cosas empeñadas. Al usuario se le entrega un billete o boleta de empeño (propiamente el contrato) que incluye la descripción de la prenda depositada y las condiciones para su recuperación basadas en el contrato de prenda. El término de plazo de empeño es de 4 meses con opción de desempeño o refrendo en el período del quinto mes nominal, con una tasa de interés prendario del 4% mensual total.

El «desempeño» es el proceso mediante el cual el interesado o pignorante, cumpliendo con lo pactado en el contrato de prenda y de acuerdo a las condiciones del billete de empeño, puede recuperar la prenda depositada en garantía, pagando la suma de dinero que se le prestó más los intereses generados. Una vez realizado el pago, se le entregará la prenda que dejó en garantía. Deberá presentarse un día hábil antes de la fecha límite para realizar la operación de desempeño y evitar así la comercialización de la prenda.

El «refrendo» (sólo aplica en alhajas y relojes) es la operación en que el pignorante, una vez que ha cumplido con lo pactado en el contrato de prenda y de acuerdo a las condiciones de la boleta de empeño, puede optar por un nuevo plazo en el contrato de prenda. Es decir, si carece de todo el dinero para desempeñar su prenda, puede sólo pagar los intereses generados y tener un nuevo plazo para poder realizar su pago y desempeñar su prenda. Sólo se permiten tres refrendos por prenda, de una duración de 4 meses cada uno. Al término de cada refrendo, el pignorante deberá presentarse, un día hábil antes de su fecha de vencimiento, en el área de refrendos, para establecer su próxima operación.

La «demasía» es el remanente que queda en favor del pignorante, después de que la Institución descuenta del monto de la venta en almoneda, el préstamo, los intereses generados y los gastos de operación. Las demasías pueden cobrarse dentro de un plazo de 6 meses nominales después de la fecha de venta, presentando su billete de empeño y una identificación oficial, aunque esta figura no procede en todos los contratos de empeño.

Aunque el contrato es referido como uno de prenda en la publicidad del instituto, el contrato mismo establece en las declaraciones iniciales que se trata de uno de mutuo con interés con garantía prendaria, que se celebra entre el Monte de piedad como acreedor prendario y el deudor prendario en forma personalísima, lo que probablemente lleva la intención de disimular la verdadera naturaleza de la transacción y favorecer el negocio de la institución. Vale recordar que el contrato de mutuo es uno por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Puede ser con interés o sin él [simple] (2384-2397 CCF). En el contrato del Monte de Piedad el acreedor entrega al deudor una cantidad de dinero; el deudor se compromete a pagar el principal, los intereses y gastos originados por el contrato, dejando como garantía en custodia un objeto, hasta su desempeño o la terminación del contrato. Esta obligación cesa a partir de la fecha de remate especificada en el mismo.

Vale señalar que los establecimientos de empeño absorben casi todas las operaciones sobre prendas, y sus reglamentos son tan completos (o duros) que apenas se comprende que haya de acudirse al derecho común. Algunos autores, como Gomís y Muñoz, dicen, en referencia al artículo 2892, que «Hace bien el Código en no regular la prenda empeñada en los Montes de Piedad, por cuanto el régimen especial de éstos es más bien de derecho administrativo y mercantil que de derecho civil; por ello interesan a nuestra disciplina en tanto que ésta fija las reglas supletorias, pero nada más».•

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REFERENCIAS

· Treviño García, Ricardo. Los contratos y sus generalidades. McGraw-Hill. México, 2002.

· Zamora y Valencia, Miguel A. Contratos civiles. 4ª edición. Editorial Porrúa. México, 1995.

· Contrato de mutuo del Monte de Piedad.

· Imagen: Road in Main, por Edward Hopper.

LA CAÍDA

2011-07-15T23:56:00.002-05:00

Cuento por
María Gabriela González Gutiérrez

malieva65@prodigy.net.mx

Sabía que esta vez no se trataba de una pesadilla, por eso buscó salvarse. Intentaba rezar, pero involuntariamente mezclaba al padrenuestro invocaciones demoníacas y blasfemas. Quería que los santos lo socorrieran, mas su boca solamente barboteaba sonidos incomprensibles, frases equívocas y oscuras que él no había pensado.

Se quedó quieto, agudizando los sentidos y aferrándose a la voz interior que aún le permitía, precariamente, asirse a este lado de la realidad antes de caer al otro lado del caer. Su cuerpo, desde hacía varios meses, era un entretejido de extrañas sensaciones que de un momento a otro podían transportarlo a la más sublime de las voluptuosidades o sumirlo en la más desesperante angustia. Ahora estaba suspendido en una especie de limbo, en una línea perdida del tiempo.

Cada vez que intentaba dormir, recurrentemente y de manera inevitable escuchaba una antigua canción que narraba el infeliz destino de unos niños que, al jugar cerca de una planta de beleño habían entrado en un estado cataléptico del que ya no regresarían:

Beleño, beleño…
De negro nuestros corazones tiñe
Lo amargo es dulce
Y lo que es no es.
Dos querubes dormitan abrazados
en este bosque umbrío
donde siempre es nunca
y nunca es siempre.
Beleño, beleño
del bosque encantado
nadie escapará…

Su abuela solía cantar la tonadilla que acababa de oír; lo hacía con una voz delicuescente que de manera indefinida rebotaba y prolongaba su sonido en las vidrieras. Deseó volver a verla sentada como siempre en su mecedora, regañándolo o contándole un cuento, con su gesto de infinita tristeza.

Repetidamente pasó del estupor de saberse atrapado en una pesadilla, a un ambiguo sentimiento de paz y tranquilidad, aunque intuía que este nuevo estado sería transitorio. Recordó con dolor la promesa incumplida de cuidar la tumba familiar, de llevarle flores a sus muertos y de tenerlos en su mente como una presencia amorfa y enigmática, porque la muerte es siempre la muerte de los otros; siempre ajena y siempre lejana… Por esa sencilla razón no había querido saber en qué sitio estaban enterrados sus padres y sus hermanos, como tampoco había querido hacer un esfuerzo especial para rememorar la canción de los niños atrapados en un sueño eterno. Sin embargo, para bregar con la culpa y ahuyentar las visiones inquietantes que tenía, se decidió a visitar el camposanto, de modo que ahí estaba, sintiéndose pequeño ante la solemnidad del cementerio, admirando la fantasmagórica teatralidad de los ruinosos mausoleos, la mayoría de ellos cubiertos de lama, hiedra y yerbamala. Le parecía desconcertantemente hermoso el color rojizo de las veredas que, al bifurcarse sin orden alguno, conducían hacia todas las lápidas y a ninguna en particular.

Ya no sabía en qué momento se volvería a despertar, porque tampoco tenía la certeza, como hacía algunos minutos, de estar dormitando desde el centro oscuro de un mal sueño.

El acompasado vaivén del ramaje de los brezos, por el arrullo del viento vespertino, insuflaba el ambiente en una tibia serenidad. Andaba y desandaba sus pasos de una lápida a otra, de manera azarosa, desesperanzado por no hallar ninguna inscripción donde leer su propio apellido, o donde deletrear el nombre de su padre y su madre. Se sintió huérfano como si no lo hubiese sido desde que vio por primera vez su rostro en el espejo.

Le llamó poderosamente la atención la figura de un ángel que custodiaba una vetusta tumba, debido al realismo con el que había sido esculpido el mármol. En los pequeños pliegues bajo sus párpados el sereno se había acumulado, lo que confería a la estatua la apariencia de estar llorando. Los relieves de la túnica hacían juegos de luces y sombras en aquella hora en la que el Sol, rumbo al cenit, coloreaba el cielo de magenta. Quiso saber el nombre inscrito en la lápida y qué decía el epitafio, así que dispersó el con sus manos el polvo que lo cubría, pero antes de terminar esa tarea cayó en un plácido sopor. Al despertar, la luz violeta del atardecer se había tornado gris. Se encontró tendido sobre la alfombra musgosa a los pies del ángel; creía que estaba empezando a despertar de su letargo y que todo lo que había visto, sentido y escuchado antes era tan sólo el ambivalente recuerdo de un sueño; se consoló al pensar que pronto estaría de vuelta en la vigilia, curado de la culpa y del espanto, de la tristeza que le heredó la abuela y de su orfandad.

Resuelto, volvió a recorrer las veredas, esquivó zarzales, trepó lo setos y escaló la oxidada reja del cementerio. Mientras caía hacia el otro lado del caer tuvo el presentimiento de que ya no volvería a despertar nunca, y de que otra vez se encontraba en medio de una pesadilla surgida de otra pesadilla interminable que se llama locura.•

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Imagen: Felicien Rops. Initiation.

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

2011-07-15T23:36:00.006-05:00

Miguel Angel Gutiérrez

magjuridico@gmail.com

Fuerza mayor y caso fortuito son un par de conceptos confusos para gran número de abogados, por lo que resulta de interés abordar el tema.

Dicho escuetamente, el caso fortuito se refiere a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil prever. Por su parte, el caso de fuerza mayor se refiere a la llegada de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente previsible, como un huracán o terremoto de carácter extraordinario.

En todo caso, los factores importantes son la inevitabilidad del hecho y la consecuente falta de culpa cuando el hecho es ajeno al presunto responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa.

Rafael de Pina define al caso fortuito como «Acontecimiento que no ha podido ser previsto, pero que aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse», aserto que coincide con la concepción que proporciona el Código Civil argentino, que a su vez recoge la definición de Gayo. El caso fortuito, que en Estados Unidos califican de «acto de Dios», es un acontecimiento de la naturaleza superior a la capacidad del ser humano que le impide cumplir una obligación. Por otra parte, el mismo Pina define a la fuerza mayor como «Acontecimiento ajeno a la conducta del deudor y producido al margen de la misma con fuerza incontrastable (…)»

Doctrinariamente, en Derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, aunque en el derecho positivo la distinción carece de efectos prácticos. La ley habitualmente les da un tratamiento similar, e incluso a veces confunde ambos casos, pese a las presuntas diferencias. El mencionado Código argentino es un ejemplo (514, 528): en el Código Civil Federal mexicano pueden encontrarse ejemplos en los artículos 812, 1045, 1847 o 1929, entre otros. Los casos fortuitos y los de fuerza mayor resultan en muchos casos idénticos en sus efectos; hay artículos en los que se usan ambas causales de exención juntas, otros sólo se refieren a una (1884, 1900, 1950, CCF).

Existe discrepancia entre los teóricos en cuanto a qué figura debe darse mayor relieve. Aunque ambos conceptos son difusos, hay acuerdo en que, si bien en ocasiones se puede obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso fortuito, no se puede exigir nunca una obligación que se incumplió por fuerza mayor: si lo fortuito alude a lo inesperado, la fuerza mayor alude a lo inevitable. La ley normalmente exime ambos casos, pero permite que se pacte en el contrato la responsabilidad en el caso fortuito. Para el jurista vienés Exner el criterio distintivo entre el caso fortuito y la fuerza mayor radica en las causas que originan el hecho; si son ajenas a la explotación industrial o comercial de que se trata, y el hecho es notoriamente público e inevitable por el deudor, el caso es de fuerza mayor (tempestades, inundaciones, órdenes de autoridades, hechos de terceros, &c), pero si las causas son inherentes a la explotación misma se trata de un caso fortuito (descompostura de máquinas, &c). Reiterando que el fortuito es ‘el que no ha podido preverse’, cabe añadir que los hechos de este tipo son previsibles como tales, aunque no con precisión de lugar, fecha y hora.

Gutiérrez y González, por su parte, explica que ambos conceptos son realmente sinónimos, basado en que en los dos casos se hace referencia bien a fenómenos o bien a hechos que pueden ser tanto insuperables como inevitables e/o imprevisibles, y en ambos se ve implicado el impedimento de una conducta esperada, el cumplimiento de una obligación o deber legal, y, como elemento característico, el detrimento patrimonial.

Siempre será una cuestión de hecho, librada a la decisión de los juzgadores, la mayor o menor previsibilidad de un suceso, las circunstancias de cada caso y lo que se puede o no exigir a una persona en determinada situación (véase, por ejemplo, el artículo 52, Código Penal Federal mexicano).

En alguna ocasión conocí a un pésimo profesor que señalaba, mal-arremedando a algún teórico, que «el caso fortuito es un aspecto negativo del dolo y de la culpa, en tanto que la fuerza mayor es un aspecto negativo de la conducta», a lo que puede oponerse que ni el caso fortuito ni la fuerza mayor dependen forozosamente de la conducta, debido a su carácter superior a la voluntad, por lo que su argumento no alcanza a explicar la diferencia entre uno y otro.

A manera de colofón, y con fines prácticos, baste decir que, si bien doctrinariamente existen diferencias, en la práctica carecen de importancia o tienen relevancia mínima. Los problemas que se dan en la vida real en las situaciones de caso fortuito, como los pleitos con aseguradoras, o como en el caso del incendio de la guardería ABC, suelen ser más bien asuntos de reticencia o de vicios del consentimiento.

EJEMPLOS

1. Una persona en un auto estacionado sufre lesiones al ser golpeado por una piedra que salta al paso de otro coche. El afectado demanda a la aseguradora, pero ésta se niega a indemnizar alegando que el percance se había producido por causa de fuerza mayor. La víctima recurre a los tribunales, que le dan la razón al entender que la fuerza mayor se debe a un factor ajeno, como un rayo o un huracán, mientras que el accidente se produce por efecto de una actividad, en este caso la circulación y la existencia de gravilla en la calzada. Por tanto, y al tratarse de un caso fortuito, la aseguradora se vio obligada a indemnizar.

2. Un hombre espera a una chica para una cita en el centro de la ciudad. De pronto se produce un terremoto, se desprende un adorno de fachada y le causa la muerte. Este ejemplo es doble porque confluyen temblor y derrumbe.

3. El chofer de un camión de trabajo pesado sufre un derrame cerebral al momento de conducir, por lo que atropella a varios de sus compañeros y produce daños en la obra.

4. Las lluvias e inundaciones suelen excluirse de los casos fortuitos, por ser fenómenos ordinarios y periódicos. La inundación de una mina o de una zona urbana (sobre todo en México) no implica un suceso imposible de prever, pues se trata de una contingencia frecuente y prevista para la que la ley contiene disposiciones adecuadas, sin que la falta de medios económicos pueda exonerar de responsabilidades. En cambio, cuando estos accidentes revisten carácter extraordinario, y se producen fuera de la estación natural, pueden considerarse fuerza mayor justificativa del incumplimiento de los contratos. La caída de una barda por causa de un huracán no constituye fuerza mayor en regiones en que las tempestades son frecuentes. El propietario podía, entonces, prever que su cerca debía tener la resistencia necesaria.

En el caso de la Ciudad de México es sabido que algunas grandes avenidas se inundan de manera periódica y regular en temporadas de lluvia, como, por ejemplo, ciertos tramos con túneles o pasos a desnivel del periférico sur, en especial porque ha ocurrido durante décadas. Si bien existen regulaciones para que en teoría no suceda eso, en la práctica la inundación de dichos pasos es previsible, aunque no puede preverse el estado del tráfico, la intensidad de la lluvia o las posibilidades de drenaje en un momento determinado; en una situación de esta naturaleza resulta mucho más práctico entender la sinonimia de la fuerza mayor y el caso fortuito de las leyes, en especial si llegare a ser necesario el reclamo por causa de un daño patrimonial.

5. El incendio es caso fortuito o de fuerza mayor cuando sus causas son inevitables. Si ellas pudieron ser previstas o evitadas, o si hubo negligencia en el desarrollo de las causas determinantes del siniestro, la responsabilidad es inexcusable. •

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REFERENCIAS

· Pina, Rafael de. Diccionario de derecho. Editorial Porrúa, México, 2005.

· Enciclopedia jurídica Omeba. DVD-rom. Buenos Aires, Argentina, 2009.

· Gutiérrez Estupiñán, Miguel Angel. Caso fortuito y fuerza mayor. Pdf. Facultad de Derecho, UNAM, 2010.

· Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Editorial Porrúa, México, 2010.

· Imagen: Felicien Rops (1833-1898). De putas, ángeles y demonios.

ORIGEN Y ETAPAS DEL DERECHO PENAL

2011-07-15T22:28:00.005-05:00

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

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Para diversos autores, entre ellos Castellanos Tena, la función represiva se ha orientado hacia diversas rutas, según los pueblos. Pueden identificarse de cuatro a cinco periodos básicos:

1. La etapa de la venganza privada: la etapa de la venganza de sangre o bárbara marca el primer periodo de formación del derecho penal, generalmente provocada por un ataque injusto y de naturaleza más o menos espontánea. Posteriormente cada grupo social se protege y hace justicia por sí mismo, y aunque se establecen autoridades las acciones represivas están en manos de particulares.

La venganza era el equivalente de la pena, si bien era socialmente reconocida como un derecho.

Los excesos de los vengadores (es decir, la causa de males mayores de los que habían recibido) recibió regulaciones como la de la ley del talión, lo que supone la existencia de un poder moderador.

Posteriormente se creó un sistema de composiciones o compensaciones.

2. La etapa de la venganza divina: surge paralelamente al desarrollo de la teocracia, que a su vez era uno de los pilares del Estado. Se considera a ciertas conductas (delitos) como causantes de la ira de los dioses, por lo que los tribunales juzgan en nombre de la divinidad ofendida.

3. La etapa de la venganza pública: a medida que el Estado evoluciona se produce una distinción más clara entre los delitos públicos y privados, además de que se juzga conforme a una «concepción política» y los tribunales actúan en nombre de la colectividad. Esta es una etapa en la que no se respeta nada, salvo las disposiciones de los mandatarios, déspotas y tiranos depositarios de la autoridad. Este fue el espíritu dominante en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. Una de las características de este periodo es el uso de tortura como cuestión preparatoria o punitiva, los calabozos y las penas infamantes.

4. El periodo humanitario: a la excesiva crueldad siguió un movimiento humanizador de las penas y, en general, de los sistemas penales, el cual fue influenciado por los pensadores del iluminismo como Beccaria, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, et al. Su espíritu es más filantrópico que científico.

Esta etapa se caracteriza por reconocer la utilidad social de la pena, el grado de peligrosidad del delincuente, la determinación legal de los delitos y la proscripción de la interpretación de la ley por el peligro de que ésta pudiera servir de pretexto para alterarla.

Beccaria enfatiza, por ejemplo, la separación de la justicia social y la divina, la exclusividad de la ley para establecer penas tras el estudio de un juez, la prontitud, necesidad y proporción con el delito en la aplicación de penas, la importancia de que los jueces carezcan de la facultad de interpretar la ley, la no reincidencia, la ejemplaridad, y la proscripción de penas ajenas al contrato social (como la de muerte, ya que un hombre no puede ceder el derecho a ser privado de la vida).

5. La etapa científica: puede considerarse iniciada desde que empieza a sistematizarse el estudio del derecho penal. Inicia con la obra de Beccaria y culmina con la de Francisco Carrara, exponente de la escuela clásica. Se caracteriza por la búsqueda de soluciones sistemáticas para resolver los problemas planteados por el derecho penal.

Castellanos Tena aclara que ninguno de los periodos mencionados tiene límites precisos y que con frecuencia se encuentran entremezclados, al punto que son todavía reconocibles en la legislación actual. •
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REFERENCIAS

· Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Pp.17-35. Documento en Pdf, UNAM.

· Porte Petit, Celestino. Apuntamientos de la parte general de Derecho Penal. Pp 33-36. Editorial Porrúa, México, 1999.

magjuridico@gmail.com

El Peso de la Prueba

2011-05-21T23:22:00.006-05:00

Mari Carmen Cadena Roa

Miguel Angel Gutiérrez

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Aunque en el terreno jurídico existe una amplísima teoría relativa a la prueba, el concepto puede resumirse como la actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia —o inexistencia— de un hecho o acto; también puede entenderse como el resultado de una demostración exitosa.

De acuerdo con Ovalle, en sentido amplio la prueba es todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador con el fin de lograr la certeza de éste sobre los hechos controvertidos u objeto de prueba.

Por extensión también se suele denominar pruebas a los medios —instrumentos o conductas humanas— con los que se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho, y tiene un significado próximo al de evidencia; por ello se habla de la prueba confesional, la testimonial, el ofrecimiento de pruebas, &c. Según Laureit, la prueba es la demostración legal de la verdad de un hecho o también el medio mismo que las partes emplean para demostrar el hecho discutido.

En el proceso —dice Carnelutti—, en todas sus clases, el juez tiene que valorar jurídicamente hechos. Siempre que el hecho que hay que valorar no está presente, el juez debe servirse de otros objetos que le permitan conocer el hecho ausente. Estos objetos son las pruebas.

Del concepto de la prueba nace el de los medios de prueba. Todo medio que pueda alcanzar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, es decir, de darle conocimiento claro y preciso de él, y juntamente darle la certeza de la existencia o de la inexistencia de aquel hecho, es un medio de prueba.

Ricci dice: «Probar no es otra cosa que hacer constar la existencia de un hecho, por lo que prueba es el medio por el que la existencia de un hecho se hace notorio». Este medio debe ejercer impresión sobre el ánimo de los demás y convencerles de que existe realmente.

Por otra parte, tanto en la vida jurídica como en la vida diaria, la argumentación se encuentra ligada estrechamente con las pruebas y su peso.

Como es sabido, un argumento es un conjunto de enunciados en el cual unos de ellos apoyan o justifican la verdad de otros. A los primeros se les denomina premisas o razones, a los segundos conclusión o tesis. Lo que se espera de las premisas es que sean verdaderas o aceptables, relevantes y suficientes para garantizar que la tesis o conclusión se infiere de ellas y que también sea verdadera, o al menos verosímil.

Sostener la verdad de una tesis no es fácil, pues no siempre se dispone de todos los elementos para ello, y si se dispone, hay que saber interpretarlos y ordenarlos. La cuestión, empero, se reduce a determinar si un hecho, presuntamente verdadero, puede reflejarse a través de un enunciado.

La mejor forma de atacar o de acatar una tesis es a través del análisis de sus elementos más simples, que nos llevarán de inmediato a reconocer lo que se defiende a través de dicha tesis o conclusión.

Vale observar que normalmente, cuando alguien nos transmite una idea o un conocimiento, lo hace por medio de una tesis, es decir, la conclusión a la que ha llegado por la concatenación de observaciones, razonamientos previos o premisas: estas tesis pueden ir de los temas más superficiales, como afirmar que determinado artista es lo máximo, hasta asuntos de lo más complejo. Sin embargo, las tesis pueden estar equivocadas (vale señalar aquí que, en lógica, la corrección se la reserva para los argumentos), o ser contrapuestas a otras tesis.

Las tesis suelen expresarse en un enunciado, que cuenta con sujeto, verbo y complemento.

Para saber si una tesis es verdadera, o al menos aceptable, tiene que ser probada. En el caso del ejemplo del artista ‘que es lo máximo’, habría que demostrar si dicho artista es en verdad lo máximo, y con respecto a qué, estableciendo las cualidades de la afirmación a través del peso de la prueba.

El «peso de la prueba» significa precisamente que hay que demostrar que la afirmación que se hace respecto a un sujeto —la persona o cosa de quien se habla— es cierta, para saber si aceptamos y usamos esa tesis o, por el contrario, si la desechamos.

Supongamos que algún sesudo astrónomo, tras profundos estudios, propone la tesis de que «La luna es de queso». El sujeto de esta oración es ‘La luna’, y el predicado es ‘es de queso’. Lo que hay que demostrar es que nuestro sujeto esté, efectivamente, hecho de queso, lo cual se establece en el predicado de la oración. Por eso se dice que ES EL PESO DE LA PRUEBA; ¿Por qué ese científico afirma que la luna es de queso? ¿En qué sustenta semejante afirmación? ¿Cuáles son sus premisas? Se trata, dicho brevemente, de determinar si es cierto o falso lo que se aduce y por qué. Si otro científico, por medio de una fórmula como E=MC2, propone la tesis de que «La energía se produce cuando se lleva una partícula al cuadrado de la velocidad de la luz», lo que debe demostrarse es que ‘se produce cuando se lleva una partícula al cuadrado de la velocidad de la luz’.

En la esfera jurídica tanto como en la cotidiana se produce una situación similar: casi nunca es conveniente dar por cierto lo que los demás nos dicen así nada más. Todo lo que nos es dicho, ya sea de viva voz, a través de libros, internet o cualquier otro medio de transmisión de ideas no es para creerse, sino para analizarse y entender por qué alguien dice lo que dice, buscando el suceso originario de la enunciación. •

REFERENCIAS

· Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. Editorial Oxford, 10ª edición, 2010. Cap. 55.

· Ovalle Favela, José. Teoría General del Proceso. Editorial Oxford, 6ª edición, 2010. Pp 305-315.

· Enciclopedia jurídica Omeba. DVD-rom. Buenos Aires, Argentina. 2009.

· Pina, Rafael de. Diccionario de derecho. Editorial Porrúa, México.

· Imagen: Lefevre. Odalisca

Derecho Japonés - resumen evolutivo

2011-05-14T18:56:00.012-05:00

Miguel Angel Gutiérrez

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En la evolución del derecho japonés encontramos los siguientes periodos:

• Periodo Yamato
(300 a 700 dC)

Se funda una dinatía de origen divino, que dura hasta el final de la II Guerra Mundial. Surgen diferentes códigos agrarios, civiles, penales, administrativos y compilaciones, además de jurisprudencia, influenciados por el derecho chino.

• Periodos Nara y Heian
(710 a 784 y 784 a 1185, respectivamente)

Se fundan las primeras capitales políticas fijas. En el Heian se funda Kioto, vigente hasta 1869. Este periodo concluye con una revuelta anti-aristocrática.

• Periodo feudal
(1165-1603)

Yoritomo, señor feudal, controla la revuelta y crea la figura del Shogun, sustentado por los samurai. Hubo 4 grandes dinastías, y gran tensión político-militar debido a la falta de legitimación jurídica. El derecho experimenta un retroceso, pues las normas se consideraban secreto oficial, y las normas positivas se redujeron a usos locales y ordenanzas administrativas.

• Periodo Tokugawa / Edo
(1603-1868)

En este periodo hay un gran desarrollo jurídico. Se establecen las instituciones tradicionales del gobierno y del derecho. Abolición del feudalismo y restablecimiento del emperador como centro del poder político real. El shogun dominante, Tokugawa Jieyasu, estableció la capital en Edo (hoy Tokio) y un gobierno estable y pacífico, aunque autoritario y aislacionista (expulsó a los extranjeros, sólo permitió un poco de comercio con Holanda, erradicó al cristianismo), que promovió ampliamente las ideas de Confucio.

Se racionalizó el derecho positivo a partir del confucionismo ortodoxo y el derecho natural, privilegiando el bien social sobre el individual. Las autoridades eran a la vez judiciales y ejecutivas. No había clara distinción entre lo civil y lo penal, pero privilgiaba la conciliación de intereses. El acceso a los tribunales era una gracia del emperador, no un derecho. Jurídicamente, un individuo sólo contaba con personalidad como miembro de un grupo social: los litigios ante los tribunales del shogunado sólo podían hacerse si contaban con la autorización de la aldea del promovente y para defender los deberes del individuo hacia la sociedad. La mayoría de las normas sociales eran consuetudinarias y no había forma de defenderse de abusos de las clases sociales superiores.

El abuso del sistema discriminatorio y la presencia estadounidense en 1853 propiciaron la decadencia de este periodo, el fin del aislacionismo y un imperio pro-estadounidense bajo la dinastía Meiji.

• Meiji
(1868-1945)

Se da la restauración imperial y la recepción del derecho neo-románico. Un «juramento constitucional» de 5 artículos centralizó territorios feudales y estableció tres controles sociales: procesos burocráticos, respeto al sistema de justicia y controles indirectos (patrones de conducta socialmente aceptados, procesos de conciliación, &c). Este proceso de ‘modernización’ culminó con un gran expansionismo que llevó a la participación en diversas guerras, incluyendo la II Mundial.

La modernización de Japón incluyó lo jurídico al estilo alemán, lo que a su vez evitó el imperialismo europeo como sucedió en China.

Se extendió un estilo de práctica monopólica que pervive disimuladamente aún hoy, pese a haber sido intentado erradicar por los vencedores, en el que grandes empresas funcionan como extensiones del Estado.

• Posguerra
(1945 a la fecha)

La rendición en la II Guerra Mundial da lugar a un gobierno de ocupación que duró 6 años y redujo el territorio a la conformación que tenía en 1868, disolución del ejército, reconversión de la industria bélica para artículos de consumo y el establecimiento de un gobierno democrático.

En 1946 se promulga la Constitución Showa con este fin, que concede sufragio, garantías individuales, sociales, libertad de cátedra, restringió el poder de los jefes militares y el del ejército (salvo la policía), fortificó al parlamento y quitó el poder político al emperador. Luego se cambió la legislación familiar, laboral, el código de procedimientos penales, la organización judicial y se despojó de soberanía el territorio donde había bases militares estadounidenses.

Pese a todo lo anterior la economía japonesa se super-desarrolló.

El partido Liberal Democrático se mantuvo en el gobierno hasta 1993 (38 años) y desde entonces ha habido alternancia.

La estructura política japonesa puede resumirse de la manera siguiente:

Emperador: Japón es una monarquía constitucional en la que el emperador es el símbolo de unión entre el Estado y el Pueblo. El cargo se transmite al primogénito masculino, aunque actualmente es protocolario y simbólico.

Poder legislativo: Se ejerce a través del Kokkai o congreso bicameral principalmente, aunque la Constitución da facultades legislativas al Ejecutivo y al Judicial. La cámara alta predomina sobre la baja. La cámara alta o de Consejeros tiene 252 representantes que duran 6 años en el cargo, la baja o de Representantes tiene 512 de 129 distritos que duran 4 años o menos en el cargo. Además de atender las iniciativas de ley reciben la comparecencia de los miembros del gabinete.

Poder Ejecutivo: Se deposita en un gabinete (Naikaku), de no más de 20 ministros (justicia, salud, agricultura, defensa, &c), encabezado por un primer ministro. Por mandato constitucional, todos son civiles.

Poder Judicial: La historia moderna del sistema judicial inicia en 1890, después de la Constitución de 1889, con una Suprema Corte y tribunales diversos. Después de la II Guerra Mundial los estadounidenses impusieron cambios.

Hay una Ley de la Judicatura que establece la Suprema Corte, en Tokio, que reglamenta el aparto judicial y atiende inconformidades contra las cortes de apelación sólo en cuanto a cuestiones de derecho, no de hecho. También lleva a cabo el control de constitucionalidad. Tiene un presidente y 14 ministros.

Siguen 8 tribunales superiores de apelación, unitarios (conocen de civil, penal y administrativo), de segunda instancia. En 3er lugar están las 50 cortes de distrito y las cortes de lo familiar (que también atienden delincuentes juveniles). Finalmente están las cortes sumarias para asuntos de menor cuantía y penas leves, en materia civil, penal o administrativa.

Todas las cortes inferiores pueden interpretar la Constitución y decidir si algún acto de la autoridad es anticonstitucional, aunque no es un juicio de amparo, sino un juicio ordinario que sólo tiene efectos sobre un caso particular.

Existen 6 códigos (Constitución, civil, penal, mercantil y de procedimientos civiles y penales).

En la práctica predomina la mediación informal a través de una burocracia preparada y prestigiosa, que busca primordialmente la salvaguarda de los intereses del Estado y la comunidad. El japonés promedio prefiere evitar las confrontaciones judiciales por considerarlas una transgresión al orden común.

Las fuentes del derecho japonés son las siguientes:

Constitución: Determina los contenidos del sistema jurídico, es la ley suprema y establece la soberanía popular.

Legislación: Es formulada por ambas cámaras del congreso, el ejecutivo (que de hecho genera la mayor parte) y los cuerpos burocráticos.

Reglamentación: Todas las dependencias del Ejecutivo funcionan con base en reglamentos, entre los que destacan los emitidos por el gabinete, para dar cumplimiento a la Constitución.

Precedentes: Aunque se ha implantado con éxito la codificación, perviven los antecedentes jurisprudenciales, que eventualmente pueden volverse obligatorios.

Tratados: Están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes del congreso.

Doctrina: No es reconocida propiamente como fuente de Derecho, pero sirve como referencia de actualización.

Costumbre: Es una fuente menor, pero reconocida. Opera principalmente en el ámbito civil y en el mercantil, en forma supletoria. Tiene gran fuerza en tanto no se oponga al orden público.•

Referencias

· Zárate, J. H., et al. Sistemas jurídicos contemporáneos. McGraw-Hill. México, 2003.
· Floris margadant, G.F. Evolución del derecho japonés. Editorial Porrúa, 1984.
· Villaseñor Rodríguez, F. El derecho en el lejano Oriente. 2004. En:

works.bepress.com/ fernando_villaseñor_rodriguez_2

Imágenes:
· Calxibe.com

· Alberto Vargas

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Clasificación de los Bienes

2011-05-06T00:14:00.004-05:00

Miguel Angel Gutiérrez

La clasificación de los bienes es un tema de enorme importancia en el derecho civil, debido tanto a las implicaciones inherentes a la personalidad, sus distintos aspectos patrimoniales y aquellos que regulan las relaciones entre los particulares.

De acuerdo con Rafael de Pina un bien es una cosa material o inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter patrimonial: para Arce y Cervantes las cosas llegan a ser bienes no porque sean útiles al hombre (el aire, el sol; artículos 748 y 749 del Código Civil del Distrito Federal mexicano) sino cuando éste se las apropia (artículo 747). De lo anterior se desprende que «cosa» es «todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta» mientras que un bien es una cosa apropiada y que se vuelve objeto de una relación jurídica.

La palabra bien se reservó en un principio a las cosas corporales, pero hoy se extiende a todo lo que es un elemento de riqueza susceptible de apropiación y que forma el activo del patrimonio (artículo 2964). Junto a los bienes corpóreos, tenemos, pues, los derechos. Estos a su vez pueden versar sobre las cosas corporales (propiedad de una casa) o sobre bienes que son incorpóreos (propiedad artística y literaria o derechos de autor, propiedad industrial; de patentes, marcas, nombres comerciales).

El estudio del tema resulta particularmente extenso o complicado debido precisamente a que existen numerosas y muy detalladas clasificaciones de los bienes: Rafael de Pina, por ejemplo, enumera 39 tipos. Empero, como suele suceder con muchas de las cosas que intentan establecer los sesudos autores doctrinarios, no siempre son de utilidad práctica, o bien funcionan en áreas restringidas de la actividad jurídica. Por tal razón, para abordar el aprendizaje del tema suele ser interesante recurrir a lo que marcan los ordenamientos positivos, es decir, aquellos que se aplican en la práctica y que, colateralmente, pueden ser tanto fuentes de inspiración como manifestaciones de diversas corrientes doctrinarias.

Siguiendo con el ejemplo del Código Civil del Distrito Federal mexicano, se puede mencionar la siguiente clasificación basada en normas aplicables, que coincide además aproximadamente con la obra de José Arce y Cervantes, principalmente en lo relativo a la división suma entre bienes muebles e inmuebles.

+
Del mencionado Código Civil del Distrito Federal (artículos 747 al 785) pueden extraerse también las definiciones respectivas:

Bienes apropiables o comerciales: todos aquellos que estén incluidos en el comercio.

Bienes no apropiables: los que están fuera del comercio o por disposición de ley (sol, aire, mar, propiedad colectiva, todos los que no puedan reducirse a la posesión de un solo particular).

Bienes muebles: los que pueden trasladarse de un lugar a otro (ajuares, utensilios, derechos de autor).

Bienes inmuebles: el suelo y las cosas adheridas a él, árboles, accesorios, estatuas, &c.

Bienes fungibles son aquellos que pueden sustituirse por otros del mismo tipo.

Bienes no fungibles: obras de arte, muestras paleontológicas, piezas arqueológicas.

Bienes del dominio del poder público: los que pertenecen a la Federación, al Distrito Federal, a los Estados o a los Municipios (bosques, presas, centrales de energía, edificios de sus oficinas).

Bienes particulares: los que pertenecen a ciudadanos privados.

Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se desconozca.

Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido.

Son bienes de dominio del poder público los pertenecientes a la Federación, a los Estados o a los Municipios (artículos 764 a 771 CC DF). El artículo 2º de la Ley General de Bienes Nacionales establece los bienes que son de dominio público y privado de la Federación. •

REFERENCIAS

· Arce y Cervantes. De los bienes. Cap. V. Editorial Porrúa, México, Pp. 17-20.
· Código Civil Federal.
· Código Civil para el Distrito Federal.
· Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición.
· Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. Derecho Civil, parte general. 3ª parte. Cap. IX (I-III). Porrúa. México. Pp. 299-321.
· Ley de Bienes Nacionales.
· Magallón Ibarra, Jorge Mario. Instituciones de Derecho Civil. Tomo IV. Cap. III. Editorial Porrúa, México. Pp. 81-94.
· Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. México, 1991.
· Planiol, M., y Ripert, G. Tratado elemental de Derecho Civil. 3ª parte. Cap. II. Editorial Cajica. México.

Imagen: Homenaje a Patrick Nagel, por MAG.

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Derecho Canónico: un resumen

2011-04-25T01:24:00.003-05:00

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El derecho canónico (del gr. canon, regla) es un conjunto de normas con el que se ha regido tradicionalmente la iglesia católica desde su origen. Su importancia radica en haber consistido en un modelo de método y de organización jurídica, que a la vez que rescata modelos antiguos útiles sirve de base y de transición para nuevas formas legales.

Sus fuentes son:
· Libros del Nuevo Testamento (credos y principios de culto)
· La costumbre (mitología judeocristiana y obra de los padres de la iglesia de los siglos II al VIII)
· Cánones (disposiciones emanadas de los concilios o asambleas de obispos)
· Decretales (disposiciones doctrinarias, disciplinarias y jurídicas de los papas)

Existen dos grandes compilaciones de cánones (Dionisiana e Isidoriana), que abarcan del siglo V al VII, que rigieron durante varios siglos.

En el siglo XI el papa Gregorio VII realizó una reforma para reivindicar la autoridad papal, y entre otras cosas uniformó las colecciones de cánones con el fin de lograr una sola legislación eclesiástica.

En el siglo XII se da la época clásica de este derecho. El monje Graciano realiza una compilación monumental ordenada y propone una armonización de criterios. A esta compilación le siguieron varias, que principalmente añadieron decretales: la más importante fue la de Clemente V.

El Código de Graciano, las Decretales, el Libro Sexto y las Clementinas integran el Corpus Iuris Canonici, integrado en el siglo XVI, y que tuvo vigencia hasta 1917, cuando se publicó el Código Jurídico Canónico de Benedicto XV.

En 1983 surge el nuevo Código Canónico, resultado del segundo Consejo Vaticano. •

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REFERENCIAS

· Sirvent Gutiérrez, Consuelo. Sistemas jurídicos contemporáneos. Editorial Porrúa, México, 2002. Cap. 3.3

· Imagen: Collage El Monje, de Emma Cohen.
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Miguel Angel Gutiérrez

OBLIGACIÓN NATURAL

2011-04-12T21:25:00.005-05:00

Es una obligación fundada en el derecho natural, que no se encuentra sancionada en caso de incumplimiento por el derecho positivo, y que por lo tanto no puede ser exigida mediante un proceso judicial.

También puede definirse como un conjunto de deberes fundados en una causa suficiente para engendrar en provecho de una persona (sujeto activo) y con relación a otra (sujeto pasivo) el derecho a una prestación determinada, pero a los cuales el legislador no ha incluido en la categoría de obligaciones civiles, privando al titular del derecho de los medios procesales para obtener la transferencia patrimonial correspondiente, pero que, cumplidos por el deudor, autorizan a retener lo recibido.

También denominadas imperfectas, se diferencian de las civiles o perfectas en que el derecho de crédito correlativo a éstas se halla protegido por una acción, careciendo de dicho amparo el correspondiente a las primeras. En muchas figuras jurídicas, empero, aunque sean muy antiguas es posible rastrear su origen en la obligación natural. Es posible que la obligación de proporcionarse alimentos mutuamente entre los miembros de una familia que hoy se consagra en diversos códigos (v.g. artículo 301, Código Civil Federal mexicano), por ejemplo, haya empezado así.

Algunos ejemplos son:
· Proporcionar ayuda monetaria a un amigo en desgracia.
· Conceder alimentos a un hijo no reconocido.
· Indemnizar a quien ha sido víctima de nuestra conducta culpable no comprobada.

Me parece que otro interesante ejemplo de obligación natural sería la resolución del entuerto principal de la pieza teatral «El mercader de Venecia» de William Shakespeare, en la escena en que el juez exige al judío Shylock que cobre la deuda de la libra de carne pero sin derramar una gota de sangre del cuerpo de Antonio, dado que la sangre no estaba originalmente incluida en el brutal, pero jurídicamente válido, acuerdo. Otros ejemplos en la misma obra están en la ayuda que debe prestar Bassanio a su amigo Antonio, que se endeudó para poder prestarle el dinero y quien finalmente lo metió en el lío; o en la promesa de Bassanio a Porcia de no quitarse el anillo, como muestra de fidelidad, que se ve superada por las circunstancias de nuevas obligaciones.

Por otra parte, en el Derecho Romano encontramos que entre las obligaciones consideradas como naturales se excluye la ‘repetición de lo pagado’ (irrepetibilidad del pago) y que en las Institutas de Justiniano (Libro I, Título II, leyes 1 a 11) son obligaciones naturales todas aquellas que establece el derecho de gentes, es decir, las que son comunes a todas las personas, y que existen en función de los usos y necesidades de la vida, incluyendo la compra y venta, la sociedad, el depósito, el mutuo e ‘innumerables contratos’.•

REFERENCIAS

· Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2005.
· Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. 5ª Edición, México, Oxford University Press.
· Enciclopedia jurídica Omeba. DVD-rom. Buenos Aires, Argentina, 2009.

· Foto: M. A. Gutiérrez

Este artículo está dedicado a la abogada Liliana Hernández Hernández, de la UNAM,
a quien agradezco su gentil colaboración y algunas de las ideas principales.

Identificación y Explicación de un Problema Jurídico

2011-04-03T11:51:00.003-05:00

El 27 de septiembre 2010 el Partido Verde Ecologista solicitó sanciones ante el Instituto Federal Electoral mexicano para una radio emisora mixe por no haber transmitido en tiempo y forma los anuncios que marca la ley, destacando que la radioemisora es reincidente.

Cabe señalar que la radioemisora es una parte muy importante de una comunidad autóctona, que trabaja con recursos mínimos, depende totalmente del trabajo manual, además de que carece de un personal fijo y de presupuesto, es decir, la estación opera en condiciones de precariedad extrema, es sostenida por la comunidad misma, y es posible que no pudieran pagar siquiera la multa mínima aplicable de 13 salarios mínimos.

Los diputados del Partido Verde señalan que si se han impuesto fuertes multas a las grandes televisoras por incurrir en infracciones como las de la emisora mixe, deberían aplicársele las sanciones correspondientes toda vez que la ley es igual para todos.

Por otra parte, es del dominio público que el Partido Verde se ha caracterizado por favorecer a las televisoras, particularmente TV Azteca, que la hija del dueño de ésta es diputada por el mencionado partido, y que los recursos y apoyo legal que reciben las grandes empresas de comunicación en nuestro país es, por lo menos, excesivo (y esto hay que decirlo pese al riesgo de incurrir en una falacia ‘ad hominem’ de intereses personales).

Multar a la radioemisora mixe podría significar su fin por causa de insolvencia, lesionar a una comunidad protegida por el artículo 2 de la Constitución y así mismo las Garantías de libertad de expresión concedidas por el mismo ordenamiento.

Por otra parte, aunque es cierto que la ley debe aplicarse en condiciones de equidad, y que no se puede dejar pasar una infracción, también hay una regla de Derecho que establece que «no se puede juzgar igual a los desiguales», ya que eso no sería equitativo; es decir, al aplicar la sanción debe tomarse en cuenta que la radio mixe no es un ente comercial, que su nicho social es distinto al de las grandes televisoras y, sobre todo, que no maneja las cantidades de dinero ni los intereses que otros medios de comunicación, y que una sanción que podría parecer ínfima o simbólica a una gran empresa podría ser letal para una pequeña emisora. Y aquí es también donde se debe delimitar si el asunto es de orden teórico o práctico, y donde pueden integrarse conocimientos de otras materias de interés jurídico.

Una pregunta interesante que surge con lo anteriormente expuesto es si existe —o mejor dicho ¿cuál es?— la razón de fondo para sentar un precedente, aunque salta a la vista que de ahí podrían surgir muchas respuestas que no son de orden jurídico, sino más bien político, económico, social, &c, aunque hay que reconocer también que el mencionado orden jurídico nunca existe aislado.

Siendo el estado de cosas el ya descrito, el problema podría formularse de la siguiente manera:

¿Cuál es la sanción que debe aplicarse a la emisora mixe (x) para cumplir la ley del IFE sin violar la Constitución y mantener la equidad jurídica (y)?

Posterior a la formulación del problema habría que establecer la hipótesis, que, como se delineó más arriba, en este caso podría ser que la búsqueda de un castigo para las faltas cometidas de hecho obedece a un esquema de intereses extra-jurídico, toda vez que el hecho en cuestión es claro desde el punto de vista jurisprudencial. •
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Miguel Angel Gutiérrez

magjuridico@gmail.com

(con la colaboración especial de Mari Carmen Cadena Roa)

Imagen: Homenaje a Alberto Vargas, por M. A. Gutiérrez

Constitucionalismo Contemporáneo: Ensayo de un mapa conceptual

2011-02-11T10:44:00.004-06:00

El precedente mapa conceptual parte de la consideración de los siguientes aspectos:

• De acuerdo con Bidart, el constitucionalismo moderno nace en Estados Unidos, a partir de la Constitución de Filadelfia (1787), con un valor normativo inmediato y directo. Su influencia llega hasta la española de 1978.

• Debe tomarse en cuenta que el constitucionalismo tiene tres fundamentos: la revolución inglesa de 1688, la independencia de EU de 1776 y la revolución francesa de 1789. Aunque la revolución inglesa tiene lugar en el siglo XVII, persisten sus secuelas hasta el siglo XVIII. Tiene una profunda influencia sobre las revoluciones estadounidense y francesa, a causa de sus ideólogos, pero sobre todo por la idea del poder equilibrado del Estado, dividido en poderes.

• USA 1780: Massachussets, John Adams. – El federalista - Separación de poderes. 1803 – Marshall: control judicial de la constitucionalidad de las leyes.

• Reconocimiento de derechos.

• Las constituciones modernas son escritas, supremas y rígidas. Implican garantías tanto para las personas como para el ordenamiento jurídico.

• La Constitución inglesa permite al parlamento hacer todo. «No sólo es la limitación del poder sino la forma en que se lleva a cabo. Se produce un régimen que mezcla monarquía, oligarquía y democracia, lo que conduce al balance de poderes y la constitución bien equilibrada». Fiscalización de poderes.

• Fix Zamudio considera a Inglaterra como la maestra del constitucionalismo. En ella se formulan las primeras declaraciones de derechos, se construye el sistema parlamentario, su funda el bicamarismo y se elaboró una constitución que sintetiza la sabiduría de siglos.

• La Constitución Inglesa consta de tres partes:

a) Documentos constitucionales o Statute law (derecho legislado)
b) Principios de derecho judicial o case law, que a su vez tiene dos formas principales: common law (reconocimiento judicial de las costumbres del reino) y statute law (interpretación del derecho legislado).
c) Convenciones constitucionales o Constitutional conventions, reglas de política práctica vistas como obligatorias por los que las aplican, pero que no están en las leyes y no pueden hacerse cumplir por las Cortes o las Cámaras del Parlamento.

[Se habla a veces del Derecho Inglés como un derecho no escrito, y existen algunos teóricos ingleses que aseguran que si se preparase un código de jurisprudencia inglesa, se estaría convirtiendo un derecho no escrito en un derecho escrito —conversión que, insisten ellos, si no implica una política dudosa, sí al menos es de una enorme seriedad—. Ahora bien, es muy cierto que hubo un periodo durante el cual el derecho consuetudinario inglés podía razonablemente haberse denominado no escrito. Los jueces ingleses de más edad conocían realmente reglas, principios y distinciones que no eran reveladas en su totalidad a la abogacía y al público profano. Es muy cuestionable el que todas las leyes que decían monopolizar fueran realmente no escritas; pero, en cualquier caso, si asumimos que existió una gran cantidad de reglas conocidas exclusivamente por los jueces, éstas tarde o temprano dejaron de ser derecho no escrito. Tan pronto como los tribunales de Westminster Hall comenzaron a basar sus juicios sobre casos registrados, ya fuera en los anuarios o en otra parte, la ley que administraban devino derecho escrito. En la actualidad, una regla del derecho inglés tiene que ser primero desenmarañada de los datos registrados de precedentes sentenciados impresos, luego puesta en palabras que varían según el gusto, precisión y conocimiento del juez en particular, y, finalmente, aplicada a las circunstancias del caso para adjudicación. Pero en ningún momento de este proceso tiene característica alguna que la distinga del derecho escrito. Es derecho casuístico escrito y sólo diferente del derecho de código porque está redactado de manera distinta.

Cuando unos hechos llegan ante un tribunal inglés para adjudicación, todo el curso del debate entre juez y abogado defensor asume que ninguna cuestión que requiera la aplicación de principios que no sean los ya establecidos o ninguna distinción que no haya sido anteriormente permitida va a plantearse o puede ser planteada. Se da absolutamente por sentado que hay en alguna parte una regla legal conocida que cubrirá los hechos de la disputa en litigio, y que, si tal regla no es descubierta, es sólo porque se carece de paciencia, conocimiento o agudeza para detectarla.]

• Inglaterra, s XVII: independencia de los poderes Legislativo y Judicial (1627), Petition of Rights, Carlos I.

• 1640 – primeras leyes de Habeas corpus.

• Hobbes, Locke

• Interpretación de Montesquieu de la Constitución Inglesa: la verdadera libertad se basa en la libertad política de los ciudadanos.

• La Constitución francesa de 1791 – ciudadanía y nacionalidad como posesión de derechos naturales, civiles y políticos.

• El tercer Estado como depositario de la voluntad nacional (García Pelayo), que acaba con la distinción de clases.

• Durante el siglo XIX en Europa se modifican los poderes de las monarquías (Modelos decisionistas – Schmitt ) y en América surgen más constituciones de acuerdo al modo franco-norteamericano.

• S. XX – Se cristaliza la vieja idea de la Constitución bien equilibrada y de la libertad como resultado de una compleja red de limitaciones y controles del poder, que se van solidificando.

• Kelsen y el positivismo regulado de la ley. Postula la existencia de un tribunal constitucional. Las teorías de Kelsen acaban parcialmente con la autolimitación del Estado, y terminan con la omnipotencia de los legisladores.

• Aportaciones del constitucionalismo mexicano: el Estado funciona como el principal motor en la corrección de los desajustes sociales.

• La Constitución mexicana de 1917 destaca por el empuje dado a los contenidos sociales del texto fundamental (artículos 3, 27, 28, 123 y 130). Además, las «conquistas sociales» incorporadas por el grupo vencedor no se imponen por conductas de carácter prestacional, sino por la imposición de limitaciones a los particulares.

• Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son una respuesta al nuevo modelo económico-industrial, que implicó nuevos modelos para la protección de derechos.

• El constitucionalismo es probablemente el mayor resultado conseguido por la civilización moderna y poco o nada del resto de esa civilización es concebible sin aquél. Bajo él, por primera vez en la historia humana, se ha conseguido para el hombre corriente un cierto grado de libertad y bienestar (Friedrich). •

Referencias

• Aragón, Manuel. Constitución, democracia y control. UNAM, México, 2002. Pp 83 y ss.
• Bidart Campos, Germán. El derecho de la constitución y su fuerza normativa. Capítulo 2. Ediar/UNAM-IIJ. Serie Doctrina Jurídica. México, 2003.
• Estrada Cuzcano, Martín Alonso. Principios constitucionales del derecho a la información. Tesis Digitales UNSMSM. Lima, Perú.
• Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. Derecho constitucional mexicano y comparado. Editorial Porrúa. México, 2003. Pp 304 y ss.
• Mendieta y Núñez, Lucio. Derecho social mexicano. Editorial Porrúa, México, 1980.
• Sánchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional. 9ª edición, Porrúa. México, 2004. Pp 66-79.
• Tropel, Michel. Ensayo de teoría constitucional. Fontanamara, México, 2004. Cap. «La Constitución de 1791».

Miguel Angel Gutiérrez - magjuridico@gmail.com

Luhmann Simplificado

2010-11-20T19:24:00.003-06:00

Miguel Angel Gutiérrez

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Aunque varios artículos en este blog insisten en la importancia del lenguaje en la función jurídica, sería interesante comentar la obra del teórico Niklaus Luhman, que ha tenido cierta influencia en el desarrollo de nuevas ramas de estudio del Derecho. Un ejemplo es el Funcionalismo sistémico, sociológico, radical o extremo de Gunther Jakobs (1970), que ha sido de particular interés para el Derecho Penal. El funcionalismo sociológico de Jakobs se sustenta en las posturas del sociólogo Talcott Parsons y del filósofo Niklaus Luhman, e intenta redimensionar la esfera penal con base en la misión del mismo, pero desde una perspectiva sociológica funcionalista. Dicha orientación funcionalista determina que el Derecho Penal no tiene como misión la protección de bienes jurídicos, sino el mantenimiento de la vigencia de la norma.

Es interesante señalar que los planteamientos de Luhmann son de cierta complejidad, aunque serían de mayor utilidad si pudieran formularse en términos más sencillos y directos, evitando la autocomplacencia que hace blanco de muchos autores y víctima de muchos lectores. A continuación intentaremos un resumen de sus planteamientos básicos.

La obra de Luhmann está enfocada a explicar el orden social. Parte de dos conceptos: la “complejidad” (conjunto de posibilidades de que algo ocurra en el mundo real, y que simplifica la explicación de los hechos mediante el establecimiento de sistemas, que a la vez impulsan la evolución social; un sistema es la regulación de una relación ante un medio ambiente) y la “doble contingencia” (aquello que sucede realmente, pese a las infinitas posibilidades, cuando dos individuos interactúan: este proceso se regula mediante la comunicación).

La primera interacción se da con el encuentro de dos seres diferentes y la compartición de expectativas, criterios e inter-subjetividades a partir de la doble contingencia. El conjunto de comunicaciones establece, a la larga, la sociedad, que se constituye como sistema cerrado. La comunicación, sin embargo, no es lo único necesario para la sociedad, ya que se necesitan también sistemas de vida orgánica, psíquicos y materiales, aunque son exteriores al sistema social.

La comunicación hace posible el cambio de ser individual a una colectividad bien determinada y acotada (subsistema). Los subsistemas se distinguen unos de otros por sus funciones y siempre forman parte de un sistema mayor. Las funciones establecen los límites de cada sistema, y a esto se le llama ‘sentido’, que a su vez caracteriza al sistema. El sistema también existe en un mundo de contingencias y es mutable, tiene su orden e identidad. Los sistemas que obsolescen pueden generar a otros nuevos, en relación con otros sistemas, por lo que los sistemas no son ni cerrados ni abiertos.

DEL SISTEMA JURÍDICO, de acuerdo a lo dicho puede señalarse lo siguiente:
· El sentido delimitador y constitutivo del sistema jurídico no consiste en averiguar su contenido (jurídico), sino establecer qué es jurídico y qué no lo es en relación al sistema, es decir, un binomio legal/ilegal que lo hace operativo en relación con un código base, en el que las normas son equiparables a programas, programas condicionales.
· El sistema jurídico no existe aisladamente, y su contrapeso son los hechos.
· Existe en función de hechos previsibles (cumplimiento/incumplimiento). Es auto-poiético (genera normas que se inter-relacionan e inter-comunican básicamente con lo legal-ilegal).
· Modificación de su límite: se modifican los criterios de inclusión y exclusión del sistema legal conforme evoluciona.
· Contingencia: preeminencia de las posibilidades (vigencia).
· Continuidad: subsiste en razón de su dinámica de actualización.
· Tipicidad (pueden presentarse contingencias que excedan los límites del sistema)
· Semántica propia del sistema.
· Desarrollo de programas generales.

Todo lo anterior está, como ya se dijo, en función de expectativas sociales.

La labor del legislador es reducir la complejidad del sistema de la vida social y la justicia es la adecuación de la complejidad del sistema jurídico. ·

REFERENCIAS

· García Amado, Juan Antonio, Filosofía del Derecho de Habermas y Luhmann, Capítulo III.
· Roxin, C.; Jakobs, G.; Schünemann, B.; Frisch, W.; Köhler, M.: Sobre el estado de la teoría del delito. Civitas, Madrid, 2000.
· Islas de González Mariscal, Olga. Análisis Lógico de Los Delitos Contra la Vida. Editorial Trillas. México. 1998.

Imagen: Alphonse Mucha

Miguel Angel Gutiérrez
magjuridico@gmail.com

Constitucionalismo Antiguo: Ensayo de un mapa conceptual

2010-10-04T11:16:00.004-05:00

El origen del constitucionalismo es rastreable a través de diferentes momentos clave de la historia, de los cuales podrían sugerirse los siguientes a fin de lograr una síntesis explicativa de la etapa antigua:

1. El origen de la sociedad política se da en un estado de naturaleza —humana, según Locke y Rousseau; salvaje, según Hobbes— en el cual los hombres aprobaron libremente un contrato original por el que cada uno se sometía a la voluntad de todos.

2. Establecimiento del contrato social.

3. El Derecho de gentes (figura que se da incluso en India, desde América al Oriente) es una forma del derecho natural que persiste hasta la fecha y forma parte del espíritu constitucional.

4. Etapa de la ley explícita - Mandamientos y sentencias de carácter proto-judicial, pre-legislativa, mezcla con moralidad y religión (incluyendo grandes codificaciones antiguas como el Código de Menu, Hammurabi, el Código Ático de Solón, leyes de Dracón, &c). La aparición de los códigos marca, ciertamente, el fin de las regulaciones espontáneas, aunque los códigos pre-romanos suelen caracterizarse por un gran desorden.

(Sin duda muchos fenómenos jurídicos se esconden tras esos códigos y los que les precedieron en el tiempo. De vez en cuando un conjunto de usos es violentamente destruido y reemplazado por otro. Aquí y allá, un código primitivo, que pretende poseer un origen sobrenatural, ha sido ampliado y distorsionado en las formas más sorprendentes, a causa de la estulticia de los sacerdotes. Pero, salvo raras excepciones, no ha existido nada semejante a una mejoría gradual del sistema legal. Ha habido civilización material, pero, en lugar de que la civilización promoviera el derecho, el derecho ha limitado la civilización.

Al parecer los romanos y los hindúes se originan de un tronco racial común, pero la sociedad hindú degeneró debido a la falta de leyes razonadas [Código de Menu] que condujeron al sistema de castas. Cualquiera que haya sido la causa, el hecho es que los códigos de las sociedades orientales son más tardíos que los occidentales y adoptaron un carácter muy diferente).

5. Etapa del derecho consuetudinario. Las manifestaciones antiguas (sentencias o mandamientos, más que leyes propiamente dichas o procesos judiciales) estaban profundamente influenciadas por la religión y las decisiones aristocráticas y militares, aunque las primeras pesaron más. Pese a que hubo tiranías, se consideraba la existencia de una ley explícita.

6. Aparición de los Temistes (jueces) y del dike o proto-juicio griego, en que se empiezan a aplicar preceptos de justicia presuntamente concedidos por los dioses para llegar a una especie de sentencia. Como es bien sabido, Temis aparece en el panteón griego tardío como la diosa de la Justicia; para entonces ésta ya es una idea moderna y bastante elaborada. A la larga, el Dike, como costumbre, origina al juicio.

7. Las Doce Tablas Decenvirales del Derecho Romano representan el principio material del derecho escrito, así como el fin de la oligarquía, el inicio de un orden legal sistemático, la separación de ley y moralidad, y de religión y ley.

8. El Romano representa el fin del desarrollo espontáneo del Derecho y el principio de su sistematización. El Derecho Civil aparece antes de la legislación.

9. Aparecen las figuras de la ficción legal, equidad y legislación, y el Edictum perpetuum. El objeto de estas fictiones era, naturalmente, otorgar jurisdicción, mantener la estabilidad y continuidad de la ley y con ello mantener un control social. El modelo judicial inglés es una derivación directa de esto.

10. Los sistemas griegos y romanos, a la larga, generan los órganos de la república para su desenvolvimiento progresivo.

11. Aparición de la jurisprudencia.

12. Legislación directa (por ejemplo Leges Corneliae).

13. Evolución del interés público / Control de la tiranía / Persistencia del Edictum perpetuum.

14. Pandectas, Corpus Iuris de Justiniano.

15. El cristianismo introdujo en el mundo la tendencia a mirar, no al pasado, sino al futuro para buscar tipos de perfección.

16. En Italia medieval aparecen las concepciones jurídicas modernas al rescatar las compilaciones de Derecho Romano.

17. Feudalismo (sistema basado en relaciones contractuales de concesión de tierras por servicios a la corona, particularmente militares: en realidad no existe un fundamento teórico para el feudalismo), que a la larga origina una monarquía fuerte (soberanía basada en la tenencia de la tierra).

18. En Francia, el caos jurídico medieval hace recuperar y predominar al derecho natural, mientras se mantiene el romano como escrito.

19. Reforma luterana, contra-reforma, protestantsimo.

20. Revolución Inglesa y consolidación de las leyes supremas de carácter verdaderamente constitucional, que influyen en los ideólogos franceses.

21. Enciclopedismo (Montesquieu, Rousseau, Voltaire et al) – uso del método histórico.

22. Revolución Francesa (como es sabido, ésta marca el inicio de la historia moderna, que influye sobre la del constitucionalismo, llevándolo hacia una nueva etapa).

Lo anterior puede representarse de la siguiente manera:

Miguel Angel Gutiérrez E.
magjuridico@gmail.com

REFERENCIAS

· Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. Derecho constitucional mexicano y comparado. Editorial Porrúa. México, 2003. Pp 304 y ss.
· Lasalle, Ferdinand. ¿Qué es una constitución? Editorial Colofón. México, 2002.
· Aragón, Manuel. Constitución, democracia y control. UNAM, México, 2002. Pp 83 y ss.
· Bidart Campos, Germán. El derecho de la constitución y su fuerza normativa. Capítulo 2. Ediar/UNAM-IIJ. Serie Doctrina Jurídica. México, 2003.
· Cole, G.D.H. La organización política. Fondo de Cultura Económica, colección Popular, Nº 7. México, 1959. Pp 5- 36.
· Estrada Cuzcano, Martín Alonso. Principios constitucionales del derecho a la información. Tesis Digitales UNSMSM. Lima, Perú.
· http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/savigny/6.html
· Maine, Henry. El derecho antiguo. En: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/derecho_antiguo/caratula.html
· Mendieta y Núñez, Lucio. Derecho social mexicano. Editorial Porrúa, México, 1980.
· Montesquieu, Barón de. Del espíritu de las leyes. Editorial Porrúa, colección Sepan Cuantos… Nº 191. México, 1971.
· Nietzche, Friedrich. El Estado griego. En: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/estado_griego/estado_griego.html
· Sánchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional. 9ª edición, Porrúa. México, 2004. Pp 66-79, 67-75.
· Troper, Michel. Ensayo de teoría constitucional. Fontanamara, México, 2004. Cap. «La Constitución de 1791».

Consideraciones sobre el planteamiento de problemas y un ejercicio ejemplificativo

2010-09-16T19:08:00.007-05:00

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Mª del Carmen Cadena Roa
Miguel Angel Gutiérrez

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Entendemos por «problema» —un problema verdadero— toda situación que requiere solución a través de alguna alternativa que, por su parte, no se vislumbra fácilmente ni es inmediata, como sucede frecuentemente en el ámbito jurídico.

Estamos, claro está, acostumbrados a resolver situaciones de diversa naturaleza en la vida diaria que requieren búsqueda de soluciones, algunas tan sencillas como elegir la mejor ruta para llegar a algún lugar o determinar cuáles son las compras prioritarias. Algunas otras no implican la búsqueda de alternativas, sino se presentan como una cuestión que requiere una explicación. En otras ocasiones nos encontramos frente a dilemas de distinta índole, pero que implican únicamente la determinación o elección de sólo dos alternativas. Por ello en un principio puede no parecer fácil la idea de plantear un problema en términos de una pregunta abstracta como ¿Cuál X es Y?, aunque hacerlo nos permitirá dar un gran avance.

Una cuestión básica es encontrar las premisas a favor de la mejor solución del problema, con miras a tomar decisiones que nos conduzcan a la acción. Cabe aclarar, sin embargo, que las premisas son razones a favor de la solución del problema, pero establecerlas no significa plantear el problema. Tampoco debe confundirse al planteamiento del problema con su explicación, ni con una situación de conflicto, ni con la investigación de un asunto: lo que se busca son alternativas de solución, es decir, establecer qué es lo que se debe solucionar y cuáles serían las alternativas. La idea básica de plantear un problema es preguntarse sobre cuál es la mejor decisión respecto a ese hecho o situación, o, dicho de otra forma, determinar la acción o las acciones a realizar e identificar el ámbito al que pertenecen las posibles soluciones.

Para entender mejor lo que significa el planteamiento de un problema recurriremos a la ayuda del detective Sherlock Holmes:

«…Creo que voy a escribir una pequeña monografía sobre los usos de los perros en las tareas de los detectives.

—Mire, Holmes, en ese tema todo está descubierto. Los sabuesos, los podencos… —le contesté.

—No, Watson, no me refiero a eso. Opino que el perro refleja la vida de la familia con la que habita. Las personas enojonas y agresivas tienen perros enojones y agresivos, las personas peligrosas, perros peligrosos. Quizás en los cambios de humor de los perros se refleja la diversidad de los humores de sus amos.

—Me parece, Holmes —dije, mientras movía la cabeza con fuerte expresión de duda—, que eso es un poco difícil de probar.

Mi amigo volvió a llenar la pipa y a sentarse en el sofá.

—La aplicación práctica de lo que acabo de decir tiene mucho que ver con el problema que estoy investigando actualmente. La clave de lo que busco quizá esté en la respuesta a la pregunta ¿por qué Roy, el fiel perro-lobo del profesor Presbury, se lanza a morderlo?

Me recosté en el respaldo de mi sillón. No podía creer que Holmes me hubiera sacado de mis ocupaciones para resolver un problema tan insignificante. Él me miró y me dijo:

—¡No cambia usted, viejo Watson! Jamás entenderá que de las cosas más triviales puede depender la solución de los casos más graves. ¿Acaso le parece lógico que un fisiólogo objetivo y anciano como Presbury, que ha tenido siempre a su perro-lobo como el más inseparable de sus amigos, haya sido atacado en los últimos días dos veces por él? ¿Qué opina?

—Que el perro está enfermo.

—Sí, también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero el hecho es que el perro no ataca a nadie más y sólo molesta a su dueño en circunstancias muy especiales. Es curioso, Watson, muy curioso…»

En el texto precedente, el famoso detective NO hace el planteamiento de un problema, sino que simplemente da la explicación de un problema, con ayuda de un análisis lógico a través de inducciones y deducciones, construyendo un argumento abductivo. La explicación al problema podría resumirse de la manera siguiente:

1. Un perro con el que se podía convivir de pronto se vuelve agresivo, es decir, hay una situación conflictiva, compleja, que requiere solución, la cual no es aparente ni está a la vista.
2. Hay varias posibilidades por las que el perro podría haber desencadenado la situación descrita.
3. De cada una de esas posibilidades (enfermedad, cambio de humor, influencia del dueño, &c) puede desprenderse una acción que ponga fin a la situación de conflicto.

Para plantear la situación como problema, empero, nuestro detective tendría que analizar el hecho no como una investigación de qué explicaría mejor el cambio del perro, sino como qué es lo que se debe cambiar en el perro para que deje de atacar a su amo, sin dejar de considerar, por supuesto, la manera en que encajaría este problema resuelto en el contexto de la investigación. La solución de este problema, mejor incidir en el perro para que deje de atacar a su amo, provee también de elementos para reconstruir una explicación de su conducta.

En cualquier investigación o toma de decisiones la CLARIDAD en el planteamiento del problema es lo que proporciona de inmediato pistas para su solución: ámbitos de acción específicos. Cuando no se tiene claro qué se está buscando resolver se pierden tiempo y energías, lo que debemos evitar siempre. •
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REFERENCIAS

· Conan Doyle, Arthur. El archivo de Sherlock Holmes, «La aventura del hombre que reptaba». Editores Mexicanos Unidos, 2006. Pp 8-9.
· Imagen: El Greco
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• Mari Carmen Cadena Roa: mariroa.diplo06@gmail.com

• Miguel Angel Gutiérrez: magjuridico@gmail.com

Lógica Jurídica y Lógica Deóntica: Ensayo de un Mapa Conceptual

2010-09-13T00:39:00.006-05:00

María del Carmen Cadena Roa
Miguel Angel Gutiérrez

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La llamada «lógica jurídica» es un área de interés técnico para juristas y abogados, en la que se estudia la aplicación de los recursos lógicos, que pueden implicar el uso de otras ramas de la misma disciplina, como la indicativa, formal, deóntica, tradicional, simbólica, retórica, argumentación, &c.

Sin lugar a dudas uno de los aspectos fascinantes de la lógica jurídica es la forma en que se relacionan los elementos de los juicios y argumentos, y, por supuesto, las acciones consecuentes, sobre todo en una época en la que parece que la justicia tiene más aspectos argumentativos que formales.

La lógica deóntica es una rama formal que emplea y simboliza fundamentalmente material lingüístico relacionado con la función normativa en sentido lato (ley, moral, religión, &c), sus razonamientos y las estructuras formales de la comunicación. Una de sus peculiaridades es el uso de operadores deónticos o modalidades, palabras o conceptos que caracterizan al lenguaje normativo y a la conducta consiguiente. Los conectivos permiten estudiar los miembros y las interrelaciones que componen las distintas expresiones normativas. El siguiente mapa conceptual presenta las relaciones más notorias entre la lógica jurídica y la deóntica. •

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Referencias

· Witker, Jorge, y Larios, Rogelio. Metodología Jurídica. Editorial Mc Graw - Hill. México, 2002.

magjuridico@gmail.com

mariroa.diplo06@gmail.com

Argumentación, Buen Humor, Idiotez y Ortografía

2010-05-28T00:54:00.010-05:00

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María del Carmen Cadena Roa
Miguel Angel Gutiérrez E.
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El diablo es la arrogancia del espíritu,
la fe sin sonrisa, la verdad jamás
tocada por la duda.
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Quizá el tema principal de la maravillosa obra El nombre de la rosa de don Umberto Eco es la risa, o más que ésta el humor, que es uno de los mayores misterios de la vida. Todo el merequetengue de la novela se desata en torno a la presunta existencia de un ejemplar de La Comedia de Aristóteles, que hubiera sido el complemento de equilibrio a La Tragedia del mismo autor, en tanto que ésta utiliza como materia prima la piedad y el miedo mientras que aquélla recurre al placer o al ridículo: ambas, por igual —Aristóteles era fanático del equilibrio entre opuestos—, tienen la finalidad última de conducir al receptor a la catarsis o purificación.

El humor es uno de los más refinados dones de la inteligencia y, pese a que hay que insistir en su naturaleza misteriosa, existen claves para acceder a él: siempre nace de la asimilación fina de los hechos, tanto de lo mejor como de lo peor, recurriendo a la sorpresa (a través de la presentación de engaños, imposibles, cosas antinaturales, lo inoportuno, lo inconsecuente, la desvalorización, la incongruencia o la mímesis) o a los equívocos (palabras parecidas para cosas distintas y viceversa, locuacidad, reiteración, juegos lingüísticos, errores de lenguaje).

Sería difícil, aunque no descabellado, demostrar que la risa es la finalidad del ser humano; pero es innegable que la risa sí constituye un pináculo.

Lo que llama la atención, sin embargo, es que la risa, provista de argumentos, es una arma poderosísima. Puede disminuir la sacralidad de cualquier cosa o el miedo hacia cualquier sujeto, emanciparnos de cualquier vínculo o provocar —como lo hace a menudo— que los simples se destruyan a sí mismos debido a su propia estupidez. La risa puede purificar pasiones a través de la representación del defecto (reconocer el mal para no padecerlo) y redimir lo alto a través de la concepción de lo bajo. La risa fomenta o disminuye la duda y nos ayuda a reconstruir en la propia mente los pensamientos del otro. Los chistes y juegos de palabras pueden ser instrumentos para descubrir mejor la verdad.

Para navegar por la vida, pues, una persona de conocimiento debe aprender a oponer la risa contra la seriedad o viceversa: eso se logra en buena medida con inteligencia y sensibilidad, pero también con el conocimiento de la argumentación.

El equívoco se constituye con frecuencia en un error de argumentación y/o en una falacia de ambigüedad, por razones fáciles de comprender. La hilaridad no es, empero, la consecuencia única de un equívoco: a menudo puede volverse en contra de quien lo produce.

Cabe señalar que con suma frecuencia, en la vida diaria, los equívocos están relacionados con los errores ortográficos, que a su vez nos orillan a errores de conceptualización que suelen desembocar en errores prácticos o técnicos, que nos alejan de los fines que queremos alcanzar. Veamos un caso:

«San Francisco de Asís era un ejemplo de frugalidad y sencillez: comía como vestia y dormía sobre una vieja. estera la vida del santo!»

El texto intenta argumentar que el santo Francisco de Asís era ejemplar debido a la sencillez de sus hábitos: sin embargo, debido a los errores de escritura, se produce un equívoco que puede dar a entender que su vida era sencilla porque se limitaba a comer como un animal salvaje («bestia») y llevar una vida sexual desenfrenada («dormía sobre una vieja»). Además, el sustantivo «estera» puede confundirse con la forma demostrativa «Esta era», debido a errores de puntuación. El argumento debería quedar así:

«San Francisco de Asís era un ejemplo de frugalidad y sencillez: comía como vestía (o ‘comía con la misma simplicidad con que vestía’) y dormía sobre una vieja estera. ¡La vida del santo!»

La claridad, como se comprenderá, es uno de los valores más apreciados por los lógicos por ser una condición indispensable para lograr el rigor científico que sólo la lógica exige y puede dar a través de sus distintos elementos. Una coma mal usada puede hacer que un abogado pierda un juicio o que una persona se ofenda. Otro caso ilustrativo puede ser el siguiente:

Julio Cortázar escribió: 'La coma, esa puerta giratoria del pensamiento'. Lea y analice la siguiente frase;

«Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda»

Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene.

Considérese también el motivo de hilaridad en los siguientes casos reales:

· «La sociología no es una ciencia pese a que sus métodos son vastos» versus «Aunque dices estar en desacuerdo con la afirmación de que la sociología no es una ciencia, me das la razón porque afirmas que los métodos de la sociología son bastos».

· «El esfuerzo que has realizado te llevará a la cima» versus «El esfuerzo que has realizado te llevará a la sima».

· «Si trabajaran los empleados» versus «Sí trabajarán los empleados».

· «Para proceder sin error, deberá hacer lo que indiqué» versus «Para proceder sin error, deberá hacer lo que indique».

· En alguna parte de la Edad Media se decretaron nulos los bautizos hechos in nomine patris et filiae, no porque los sacerdotes fueran herejes, sino porque no sabían latín.

· Quien afirme «ser devoto de la virgen Maria» es hereje.

· Sufragio efectivo no, reelección versus Sufragio efectivo, no reelección.

En contextos como el debate, el diálogo o alguna discusión se requiere, más que un argumento, argumentar. Esto implica con frecuencia que sea necesario precisar términos a fin de lograr entender con claridad la propuesta del otro. A veces, la clarificación de términos es una exigencia del «contrincante», pues el uso de la ambigüedad es una argucia para ganar la argumentación «a la mala».

De lo anterior podemos desprender también que una característica innegable de la persona educada es la capacidad de expresar sus pensamientos con exactitud. Eso es tan cierto como decir que vivimos en un mundo donde un argumento puede pesar tanto como la realidad. Más allá, sin embargo, nos encontramos con que escribir ortográficamente es también un compromiso ético, toda vez que el lenguaje nos relaciona con las personas que lo comparten. Por si esto fuera poco, debe considerarse como un verdadero peligro dejar que los demás adivinen lo que quisimos expresar, ya que no sólo crea dudas sobre nuestra cultura, capacidad profesional e inteligencia, sino por que nadie está obligado a adivinar lo que hemos querido expresar.

Con base en lo anterior y finalmente, vale la pena reflexionar sobre la idiotez y la ortografía. La palabra «idiota» se refiere, en su sentido original, a un individuo que se desentiende de los demás. Así la usaron grandes personajes como San Agustín, Dostoievski o Salvador Dalí. Para la reflexión propuesta dejaremos simplemente una pregunta: ¿Qué podría pensarse, por ejemplo, de un profesionista que después de 20 años de estudio (desde el jardín de niños hasta la titulación) nunca aprendió a escribir correctamente? •

REFERENCIAS

· Álamo, Javier. Los 140 tipos de personas reconocidas por el Derecho Mexicano. Editorial Porrúa. México, 2000.
· Atienza, Manuel. Las razones del Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 134. México, 2005.
· Cadena Roa, Mª del Carmen y Gutiérrez Estupiñán, Miguel Angel. Falacias de inatinencia. UNAM, 2010.
· Eco, Umberto. Il nome della rosa. Gruppo editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas. SpA, Milano, 1980.
· Herrrera Ibáñez, Alejandro; Torres, José Alfredo. Falacias. Torres Asociados, México, 1994.

IMÁGENES:
· Benda. W.H. Collier.
· Alphonse Mucha.

Mari Carmen Cadena Roa:

mariroa.diplo06@gmail.com

Miguel Angel Gutiérrez:

magjuridico@gmail.com